Notas de Opinión, Prensa ; 22 mayo, 2002 a 12:30 pm

La reforma política apunta a recuperar la legitimidad y el sentido del sistema representativo para que la gente vuelva a sentirse parte del proceso de gobierno.

miércoles, 22 de mayo de 2002

Por Sergio Bruni – Presidente bloque Diputados Alianza

Hay que promover la participación de la gente… Los partidos políticos deben modernizarse. Hay que reducir el costo político. Hoy no nos representa nadie. Son propuestas y críticas que en nuestra provincia y en el país entero se vienen repitiendo hace años y con muchísima más frecuencia en los últimos tiempos.

Frases que hasta unos días parecían destinadas a quedarse sólo en palabras, ya que las reformas necesarias para llevar adelante las transformaciones implican un gran poder de decisión para soportar las presiones de quienes ven afectados sus intereses por las mismas.

La grave crisis que atraviesa el país y nuestra provincia, tanto de orden político, económico y social hace necesario encarar, en forma urgente, una profunda reforma institucional, atendiendo a la necesidad de mejorar la representación de la ciudadanía y hacer más eficiente la administración del denominado «gasto político».

Tuve la suerte de que el Gobernador me convocara para proyectar la reforma política de la Provincia atendiendo a los reclamos de la ciudadanía, a los desafíos institucionales del nuevo siglo y a la convicción de llevar adelante cambios de fondo del sistema político.

Partimos de una premisa: el sistema representativo está severamente cuestionado, no por sus virtudes filosóficas sino por sus defectos de instrumentación que contradicen la esencia misma del sistema y por ende lo deslegitima frente a la sociedad. Uno de esos defectos es la elección de los representantes por medio del sistema denominado listas sábana.

La demanda es clara e incuestionable: un mayor grado de transparencia en la representatividad de los dirigentes políticos seleccionados.

A través del sistema electoral se pone en juego la relación entre la comunidad y sus representantes tanto en el plano de la selección de éstos como de su responsabilidad frente a sus electores; la posibilidad de expresión del pluralismo político, la gobernabilidad del sistema y también su control por parte de las minorías. Sabemos que no existe un régimen electoral «perfecto», que optimice todos estos valores; y tampoco caemos en la ilusión de creer que los defectos del sistema político se resuelven con la sola modificación del sistema electoral.

Pero creemos, sí, que es posible ofrecerle a la provincia de Mendoza un régimen electoral que permita un más amplio cauce de expresión de la voluntad popular y una mejor selección de quienes la van a representar.

Hasta ahora se ha utilizado el sistema de representación proporcional con lista única, con la variante denominada «método D’Hont».

Dicho sistema otorga un rol preponderante a los partidos políticos, a quienes les corresponde con exclusividad la definición del orden interno de las listas.

De esta manera, la ciudadanía está obligada a votar por listas en las que, en el mejor de los casos, sólo los primeros candidatos son conocidos. Y los demás son arrastrados por un voto al que se niegan las posibilidades selectivas. Es evidente también que el carácter anónimo de los elegidos diluye su vínculo de responsabilidad frente a los electores, lo que deteriora el sistema representativo.

Es necesario recuperar el sentido del sistema representativo desde el cual la legitimidad devenga de que el ciudadano se sienta parte del proceso de gobierno, con un sentido y dirección expreso de su voto.

Basados en estas consideraciones, con las limitaciones que nos impone la imposibilidad de reformar la Constitución, las propuestas que el Ejecutivo envió a la Legislatura Provincial proponen: finalizar con el sistema de «listas sábana» y terminar con la exclusividad de los partidos políticos en la postulación de candidatos dando libertad a cualquier ciudadano a postularse con un mínimo de requisitos.

El sistema propuesto está dirigido -en el fondo- a un cambio sustancial a las estructuras obsoletas de los partidos políticos de hoy. Lo que valdrá en adelante es cuánto, el candidato, es conocido y respetado por la gente de su zona o de su barrio, no si tiene la confianza de algún puntero partidario o dirigente de peso que actúa como gran elector. Tampoco si es hombre o mujer: la cuestión aquí será si logró una cualidad que lo diferencie de los otros candidatos.

Los dirigentes de los partidos sabemos que -al terminar con la lista sábana- deberemos enfrentarnos cara a cara con nuevos protagonistas, tal vez más convocantes, más prestigiosos y más influyentes. Y en ese marco deberemos demostrar lo que somos y lo que valemos. Esto necesariamente depurará y prestigiará a los partidos existentes y los obligará a producir también en su interior reformas sustanciales en sintonía con las nuevas demandas de lo que debe ser un partido político o serán desplazados por nuevas expresiones que estén más cerca de la sociedad.

Para complementar lo anterior, la separación de las elecciones provinciales de las municipales apunta a concentrar la atención del elector en la selección de sus representantes en la comunidad inmediata. El municipio es el ámbito donde más rápidamente puede restablecerse el vínculo de confianza entre electores y elegidos.

La separación de las elecciones evitará los conocidos fenómenos de «arrastre» que además relativizan la importancia de las elecciones locales.

Otro de los grandes reclamos de la sociedad es la reducción del gasto político por lo que con la reducción de secciones electorales y la reasignación de la representación en cada una de ellas se logrará la reducción del número de legisladores.

Estamos convencidos de que esto será un aporte para cambiar la interioridad del sistema político. Y servirá, asimismo, para que toda la sociedad refleje ese cambio, sintiéndose con poder de decisión y de reclamo orgánico, reconociendo concretamente a quien lo representa.

El desafío está planteado. Queda abierto el debate.

fuente

http://www.losandes.com.ar/notas/2002/5/22/opinion-40646.asp

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