El Gobierno de la Nación, por medio de su nuevo Ministro de Economía Axel Kicillof, acaba de anunciar un preacuerdo con la empresa española Repsol por el que se la resarce de la estatización forzada a la que fue sometida YPF, consolidándose como un ícono de la política del gobierno.

Pero, tal como sucedió en el acuerdo cerrado con la compañía norteamericana Chevron, aspectos centrales del convenio aún no se conocen. Sólo ha trascendido la cifra que el Estado Nacional se comprometería a abonar como compensación por la nacionalización de la petrolera de bandera.

Tiempo atrás ya cuestionábamos al Gobierno central por mantener en la más férrea clandestinidad aspectos que deberían ser públicos, principalmente porque los mismos involucran nada menos que al patrimonio nacional, y aún más cuando estamos hablando de materias que comprenden aspectos jurídicos constitucionales como es el caso de la riqueza hidrocarburífera.

Quiero recordar al lector que la Constitución de la Nación, en su Art. 124 Inc 2°, establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Asimismo, que la ley 24.145 de Hidrocarburos, en su Art. 1°, transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos territorios se encuentren, y que la ley de expropiación del 51% de las acciones de Repsol dispone que el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía de la Nación, se fue concibiendo un falso paradigma en cuanto a la soberanía energética y la posibilidad de su cumplimiento desde una política voluntarista. Inicialmente, en el seno mismo del Congreso de la Nación, se forjó la imagen de que el país recuperaba su herramienta fundamental en el desarrollo económico. Esa decisión, que atacaba al capital transnacional, no le costaría un solo centavo al patrimonio de los argentinos sino que se hacía a costa de la riqueza de la que nos había despojado esa misma empresa extranjera, la cual había expoliado nuestra propiedad, llevándose el petróleo sin poner un solo dólar en inversiones y generando a su vez un pasivo ambiental enorme.

Pero ese discurso sucumbió ante la cruda realidad: el Estado no posee el capital intensivo que se requiere para explotar los recursos derivados del petróleo y debe asociarse a empresas extranjeras que sí lo ostentan, por eso llegó Chevron a Vaca Muerta. Ahora bien, este relato no tuvo sólo una consecuencia mediática, sino que además caló hondo en las cuentas públicas y allí donde más duele: en la balanza comercial. Esto se tradujo en alrededor de doce mil millones de dólares en el pago de energía durante el año 2013.

Me pregunto entonces ¿dónde está la autoridad provincial mendocina que comparte con Neuquén, por mandato constitucional, la propiedad de los yacimientos en juego, y con la Nación y el resto de las provincias productoras de petróleo, la propiedad de la empresa YPF?

Las noticias llegan desde Buenos Aires, producto de declaraciones emanadas de la Casa Rosada o bien de la sede de YPF. Mientras tanto, el Sr. Gobernador no se expide, aún más, no tenemos conocimiento de que se encuentre al tanto sobre las tratativas con Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta, como así tampoco sobre la indemnización del 51% de las acciones de YPF que le correspondían a Repsol.

Mendoza es la tercer provincia productora de petróleo (cayó al 2do. lugar por falta de exploración y baja de la producción), posee un director en YPF y el 30% del yacimiento estrella de la Argentina (Vaca Muerta) ¿No es motivo suficiente para que el Sr. Gobernador nos diga qué posición tiene Mendoza respecto de la política energética y, en especial, sobre los hidrocarburos?

No hace mucho tiempo se efectuaron cambios en el gabinete gubernamental y precisamente fueron dentro del área relacionada al petróleo: cambió el integrante del directorio de YPF, el Subsecretario de Hidrocarburos y el Director Provincial de Petróleo. Pero lo más llamativo de la situación es que estos anuncios los realizó por su cuenta de Twitter, lo que nos conduce a un nuevo interrogante: si el Sr. Gobernador utiliza un medio electrónico que sólo permite utilizar ciento cuarenta caracteres para comunicar cambios en el área petrolífera provincial ¿será porque le otorga esa nimia importancia a la política petrolera?

Mendoza, y más precisamente su gobierno, debe abandonar una postura errática y poner en marcha una política energética real que no se encuentre atada a intereses partidarios, sino que ponga en perspectiva la energía proveniente de los recursos petrolíferos como patrimonio no renovable de todos los mendocinos y que desarrolle además energías alternativas no contaminantes, para que sea efectivamente uno de los motores del crecimiento provincial.

Por Sergio Bruni para Sitio Andino

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