A través de una carta abierta al presidente de la UCR, el ex legislador radical Sergio Bruni planteó una serie de críticas al proyecto que impulsó su correligionario, Luis Petri.
Bruni plantea que la herramienta en discusión «no servirá a los fines de mejorar los niveles de seguridad de la provincia, sino que nuevamente resentiremos la confianza de los mendocinos, especialmente en el sistema representativo de partidos políticos».
Luego de fundamentar que la UCR ha «estado siempre en sintonía con la doctrina predominante en el derecho internacional y los tratados promovidos por las Naciones Unidas», asegura que «no será una respuesta eficaz ni eficiente en la reducción de índices delictivos». «Sólo retardará la salida del interno, siendo que además corremos el riesgo de que en la instancia judicial pueda ser considerada como inconstitucional, provocando un menoscabo político reflejado posteriormente en la confianza social sobre nuestro partido».
En otro párrafo de su misiva a Alfredo Cornejo, Bruni especula: «Las víctimas de delitos graves y las potenciales víctimas, es decir todos nosotros, podremos pensar que sancionada la ley, el delincuente cesará en su carrera delictiva. Tanto Ud. como yo, sabemos que esto es una falacia. La delincuencia no mide las consecuencias que le trae aparejada la comisión de un delito y, mientras tanto, le quitamos responsabilidad al Gobierno en su inexcusable tarea de prevención».
Finalmente, Bruni aconseja «insistir en regresar y revalorizar a la Seguridad como política de Estado, donde el poder político tenga su conducción estratégica, concepto que es mucho más abarcativo que la sola conducción de las policías de la Provincia. Regresar a niveles óptimos de profesionalización de la fuerza de seguridad, incrementar aún más la inversión eficiente en tecnología, desarrollar inteligencia delictual que prevenga el delito, analizar los nuevos paradigmas y recuperar el liderazgo de la política en la materia, deberían ser temas prioritarios en la agenda de nuestro partido».
En ese sentido, acusó al gobierno de Francisco Pérez de haber «concesionado en los mandos policiales la conducción de la seguridad, situación que, por otra parte, violenta la legislación vigente. Entiendo que en estos y otros aspectos, es donde debemos afinar nuestra mirada».
Comentarios