Los ciudadanos han tomado “justicia” por mano propia, convirtiendo las calles de sus ciudades en el Far West americano de fines del siglo XIX.
Lejos de nuestra intención está justificar los hechos de violencia que implica, casi literalmente, un “linchamiento” en la vía pública a mano de quienes despojadas de cualquier inhibición actúan bajo el amparo de una turba descontrolada. Sin embargo, debe señalarse que una respuesta de éste tipo era de esperar cuando el Estado que, en base al contrato social constituyente, tiene el monopolio de la administración de justicia y del ejercicio de la fuerza pública, renuncia unilateral e inescrupulosamente a ejercerlo.
Es justo reconocer los esfuerzos del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aunque su gestión termina siendo inocua cuando las fuerzas de seguridad son mínimas y esporádicamente se encuentra en las calles a los efectivos policiales, o cuando el Poder Judicial aparece lento e ineficaz llegando a sentencia sólo el 3% de las causas penales, o aún cuando el sistema penitenciario se encuentra colapsado desde todo punto de vista, sin poder cumplir con su fin de resocializar al interno. Ha sido este funcionario la voz discordante del Gobierno nacional, reconociendo que «la gente ha reaccionado con cierto hartazgo» y agregando que «sin relativizarlo ni sacarle importancia: es preocupante», para luego decir que «un conjunto de vecinos no hace a la sociedad argentina. Somos 40 millones de habitantes.”
El Gobierno Nacional constantemente ha intentado evitar hablar de la inseguridad. Aún más, en varias oportunidades se ha hecho público su intento de responsabilizar a las administraciones provinciales sobre las situaciones de inseguridad. Tal es así que, ante los saqueos en comercios y viviendas en varias provincias argentinas sucedidos hace no mucho tiempo, se dejó inicialmente a su suerte a la Provincia de Córdoba. Sólo cuando se advirtió lo desafortunado de esta decisión política – al generalizarse los hechos delictivos por imitación en otros puntos de la Nación – se reaccionó con un tardío envío de las Fuerzas Federales.
Por su parte, Cristina Kirchner, frente a la actual situación y en una de sus últimas cadenas nacionales, condenó estos acontecimientos sin decir – una vez más – palabra alguna sobre la inseguridad. Pero la frase quizás más significativa y cúlmine de esta negación proviene de su Jefe de Gabinete quien en su diaria conferencia de prensa asimiló los hechos señalados con la aplicación de la Ley del Talión. No advirtió, Jorge Capitanich, que en aquella época existía una autoridad que la aplicaba y que en el caso de la Argentina, Estado Constitucional de Derecho, se ha abandonado paradójicamente esta responsabilidad basada en las normas que componen el plexo normativo vigente.
Si bien estas situaciones se generaron y repiten en distintas jurisdicciones de la Nación, desde ésta columna venimos advirtiendo la incapacidad del Gobierno de la Provincia para recuperar una verdadera política de Estado en materia de seguridad que permita recobrar la iniciativa frente al crecimiento del delito.
Pero a pesar de la escasez de ideas y conceptos hacia un plan estratégico de seguridad combinada con una limitada gestión en el área, se continuó sosteniendo el modelo y el equipo de seguridad que el gobierno de Celso Jaque supo generar, sólo con algunos movimientos recientes.
En este contexto el Sr. Gobernador no debería tampoco intentar despojarse de la responsabilidad que le cabe sobre el sistema de justicia y seguridad, señalando a otro poder del Estado – como es el Judicial – como único culpable de la inseguridad en la Provincia.
Como reflexión final, quisiera hacer propias las palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “el país vive situaciones de intolerancia, inseguridad, violencia social y estructural», lo cual «ha generado una psicosis colectiva de miedo que alienta sectores que buscan hacer “justicia por mano propia”, frente a la ausencia de las fuerzas de seguridad, llegando al linchamiento y asesinato de presuntos delincuentes (incluso menores de edad), que agravan aún más los hechos de violencia social». «Toda sociedad tiene leyes que deben ser respetadas para la convivencia ciudadana. Estas leyes las debemos garantizar todos, en especial las fuerzas de seguridad y los representantes públicos, caso contrario se fomenta el caos y la búsqueda de venganza en vez de la búsqueda de justicia».
por Sergio Bruni para Sitio Andino
Link Permanente: http://www.sitioandino.com/nota/114292-sin-estado-asoma-el-far-west-por-sergio-bruni-para-sitio-andino/
Comentarios