El legislador que propuso la creación de policías municipales armadas insiste con su idea. La polémica continúa. Por Sergio Bruni

03/06/2004 | En los últimos días se ha abierto un debate que llama a la reflexión. El mismo se desató a partir de la posibilidad del uso de armas por parte de las policías municipales. La opinión mayoritaria de los dirigentes se ha impuesto en el sentido de restringir esa facultad para las policías comunitarias.

Debo reconocer al intendente de Capital el apoyo decidido que le dio a esta iniciativa y al Gobernador que tuvo la prudencia y la consideración de escuchar pacientemente las explicaciones que le brindé acerca de este proyecto.

Su responsabilidad es la de articular los mayores consensos posibles y es lo que ha hecho. Por el contrario, otros dirigentes no tuvieron esa prudencia y opinaron hasta exaltadamente en contra del proyecto sin conocer en profundidad su contenido y objetivos.

No debemos empantanarnos en la discusión de un aspecto del proyecto, como es el uso de armas por parte de las policías municipales, sino elevar la misma, estudiar el tema y evaluar las posibles soluciones.

La experiencia indica que introducir cambios a nuestras fuerzas policiales constituye una tarea de envergadura que requiere avanzar a través de un camino difícil, largo y que enfrenta tanto resistencias internas como obstáculos provenientes del medio social y político.

Las decisiones clave en esta materia le corresponden a la dirección política. En el caso de nuestra provincia, al considerarse la seguridad como política de estado, estas decisiones se deben tomar a partir de un debate serio, que conlleve conocimiento, compromiso y capacidad de consenso u oposición, siempre a partir de la premisa del respeto por la otra posición.

Aquí debo puntualizar también como un reconocimiento que la cámara de senadores apoyó unánimemente esta iniciativa.

En Mendoza se puso en marcha hace 5 años un proceso de reforma policial y la condición del éxito de ella es que se entienda como un proceso respetuoso de sus ideas centrales pero a la vez dinámico. En la provincia de Buenos Aires, el ministro Arslanián -de quien tomamos muchos aportes para la reforma del sistema de seguridad del año ’99- está anunciando la creación de las policías municipales aún con criterios mas audaces que el que nosotros presentamos.

Entonces: un planteo como el uso de armas por parte de la policía municipal no nos debe remitir a la necesidad o no de las policías municipales, su posible implementación, sus facultades y deberes, su ámbito de actuación etc.

Lamentablemente, la férrea oposición que desató la norma que reglamenta el uso de las armas no incluyó estos temas sino que priorizó lo efectista, o sea que apeló a la imagen de un empleado municipal armado sin profundizar, como lo obliga la importancia del problema, en el fondo de la cuestión.

Este tema no es un invento de los mendocinos ya que existen varios países que han desarrollado ampliamente estas experiencias. El caso emblemático es España, donde el sistema funciona de manera ejemplar.

Por otro lado es un tema discutido ampliamente por organismos internacionales y prestigiosos intelectuales y especialistas en seguridad. Por citar un ejemplo, el CED (Centro de estudios para el Desarrollo) con sede en Santiago de Chile cuenta con una comisión internacional para la reforma policial en democracia que se ha referido al tema considerando que es momento de discutirlo y ha planteado algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al descentralizar el sistema de policías: «Toda evaluación debe partir de la base que las policías de la región enfrentan hoy a sociedades diversificadas que demandan una concepción de la policía como servicio público enfocado hacia los ciudadanos, y que rinde cuentas de sus actuaciones».

Es imposible, entonces, que el municipio se desentienda del problema de la inseguridad ya que es el ámbito de mayor cercanía al ciudadano y quien mejor recepta las demandas. Por otro lado, es la institución mejor controlada por la sociedad. Las experiencias desarrolladas en algunos municipios -como la Capital- arrojan un saldo positivo en la prevención del delito y en el acercamiento con la comunidad en la resolución en conjunto de los problemas de la inseguridad.

Según la Comisión Internacional para la Reforma Policial en Democracia se deben tener en cuenta al menos tres consideraciones para realizar un análisis al respecto:

1- El ordenamiento del Estado. La policía constituye uno de los órganos que más visiblemente representa al Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que su estructura debe ser coherente con el ordenamiento jurídico general. En un régimen federal cabe esperar que exista una policía por provincia, y en la medida que lo permita, las provincias pueden descentralizar su sistema de policías.

2- Igualdad en la calidad del servicio de seguridad pública proporcionado. La desigualdad en los ingresos disponibles para municipios ricos y pobres podría culminar con la creación de fuerzas municipales en sólo algunos gobiernos locales, o con la existencia de policías que carezcan del mismo nivel de eficiencia y preparación, profundizando la desigualdad en materia policial. Este último problema es de fácil solución ya que con la obligación de graduarse en el Instituto Universitario de Seguridad Pública se garantiza por igual la capacitación de todo el personal que cumpla funciones policiales. La desigualdad es un problema más complejo pero no imposible de resolver ya que se pueden estudiar responsabilidades presupuestarias diferenciadas según los recursos de los municipios, reformular los sistemas de coparticipación o asistirlos directamente desde el gobierno.

3- Coherencia entre las partes del sistema de policías. Los sistemas plurales de policías, para ser viables, deben poder asegurar que exista coherencia entre sus partes, evitar la duplicación de funciones, la heterogeneidad en los criterios de reclutamiento, formación, doctrina, salarios y beneficios provisionales. Esto se garantiza con un control operativo en manos del Ministerio de Seguridad y la jefatura final del Gobernador y el intendente con sus equipos, que aporten la planificación estratégica en su territorio.

Es mi convencimiento de que se deben establecer mecanismos que aseguren que la policía no se aleje de las demandas y expectativas sociales. Un buen mecanismo, lo sigo creyendo, sería la creación de las policías municipales.

Un sistema policial pluralista y descentralizado tiene ventajas con respecto del sistema de policía única, debido a que es mucho más permeable al control externo y, por lo tanto, receptivo a las demandas y expectativas sociales.

En fin, creo que la reglamentación para el uso de armas por parte de las policías municipales es un paso en el debate que se dará con el tiempo, más aún teniendo en cuenta que la Constitución y las leyes otorgan esta posibilidad. .