Sergio Hugo Bruni le reclama al intendente Ulpiano Suárez que no se desentienda del futuro del Hogar Santa Marta. Plantea que el ambiente, la salud y la participación de los vecinos deben estar por delante, y propone estudios ambientales integrales, una audiencia pública y una consulta popular no vinculante antes de tomar decisiones irreversibles.

El ambiente, la salud de los vecinos y la participación ciudadana no pueden quedar al margen de una decisión que compromete el futuro de la Ciudad.

Hay discusiones urbanísticas que exceden largamente el destino de un terreno o la conveniencia económica de un emprendimiento inmobiliario. La situación del Hogar Santa Marta es una de ellas. Lo que está en juego no es solamente el futuro de un inmueble público, sino una cuestión mucho más importante: la calidad ambiental de la Ciudad de Mendoza y el derecho de sus habitantes a vivir en un entorno saludable.

Tuve la inmensa bendición de la vida de formarme, siendo muy joven, con el que considero el mejor intendente de la historia de nuestra Ciudad: el recordado y queridísimo VITI FAYAD. Estoy seguro de que mi maestro jamás habría permitido semejante atropello contra sus vecinos de la Capital.

El intendente Ulpiano Suárez no puede considerar este asunto como una cuestión ajena a sus responsabilidades porque el terreno pertenezca a la Provincia. La autonomía municipal no es solamente una atribución administrativa ni una herramienta para gestionar servicios. Es, ante todo, una responsabilidad sobre el territorio, su desarrollo, su equilibrio ambiental y la calidad de vida de quienes lo habitan.

La zona donde se encuentra Santa Marta tiene características ambientales particularmente sensibles. Su proximidad al piedemonte y al Parque General San Martín, y su ubicación sobre el corredor oeste de la ciudad, hacen que cualquier transformación urbana de envergadura deba analizarse desde una perspectiva integral.

La circulación de las brisas provenientes del oeste, la ventilación natural, la radiación solar, la temperatura urbana, la disponibilidad de espacios verdes y el comportamiento ambiental de una zona densamente construida son variables que deben formar parte de cualquier evaluación seria. No estamos hablando de una preocupación meramente paisajística ni de una resistencia romántica a la modernización. Estamos hablando de cuestiones concretas que inciden sobre la salud de las personas.

La multiplicación de edificios de gran altura, cuando no está precedida por estudios territoriales adecuados, puede modificar las condiciones de ventilación, contribuir al fenómeno de isla de calor, alterar el asoleamiento y ejercer una presión adicional sobre los servicios y la infraestructura urbana.

El ambiente no es un concepto abstracto reservado a los especialistas. Es el aire que respiramos, la temperatura que soportamos durante el verano, la luz que llega a nuestras viviendas y las condiciones en las que desarrollamos nuestra vida cotidiana.

Pero hay otro aspecto que merece una consideración especial y que interpela directamente al intendente: la participación ciudadana.

Más de seiscientos vecinos ya han expresado sus inquietudes, pero sepa que serán miles los que levantarán su voz y se movilizarán para que salga de la madriguera del silencio, abandone la indiferencia y se coloque, de una vez por todas, del lado de los legítimos sentimientos e intereses de los vecinos de la Ciudad.

Una transformación de esta magnitud no debería resolverse exclusivamente en los despachos gubernamentales, ni quedar reducida a una “negociación” entre funcionarios y eventuales inversores. Los vecinos tienen derecho a conocer, preguntar, discutir y participar de las decisiones que pueden modificar sustancialmente su entorno.

Por tanto, no estamos frente a una preocupación aislada ni frente a una controversia artificial. Existe una demanda concreta de información y participación que merece una respuesta política e institucional a la altura de su importancia.

Suárez tiene herramientas para abrir ese debate. Podría convocar a una asamblea ciudadana abierta, con participación de los vecinos, especialistas en urbanismo, arquitectos, ingenieros, ambientalistas y autoridades provinciales. Un ámbito donde se expongan los antecedentes, se conozcan los estudios disponibles, se escuchen las objeciones y se analicen alternativas.

También podría promover una audiencia pública y utilizar los mecanismos de participación previstos en el ordenamiento municipal. Incluso existe una herramienta de mayor alcance político: la consulta popular no vinculante. Existe un valioso antecedente en la Ciudad: en octubre del año 2004 se realizó una consulta popular no vinculante —utilizando como marco legal la Ordenanza Municipal 3546/04— para el cobro de una sobretasa para financiar el Plan Integral de Seguridad Urbana.

¿Por qué no preguntarles a los mendocinos qué modelo de desarrollo urbano quieren para ese sector de la Ciudad? ¿Por qué no permitir que quienes viven allí expresen su opinión antes de que se adopten decisiones que podrían resultar irreversibles?

Un plebiscito o consulta popular no reemplaza los estudios técnicos ni las competencias legales de los organismos públicos. Pero puede aportar algo que ningún expediente administrativo consigue por sí solo: legitimidad social para decisiones que comprometen el patrimonio común.

La participación no debe ser una formalidad posterior a las decisiones. Debe ser una instancia previa, informada y genuina, cuando todavía hay alternativas sobre las cuales deliberar.

Hay, además, una cuestión institucional que merece señalarse. El municipio promueve el gobierno abierto, la participación vecinal y la transparencia como principios de gestión. ¿Los promueve de verdad? Santa Marta ofrece una oportunidad concreta para demostrar que esos principios tienen consecuencias prácticas y no son solamente parte de una comunicación institucional.

Se es transparente en serio, con la honestidad de no ocultar nada, o se convierte a la transparencia en una máscara cuidadosamente construida para disimular lo que se pretende ocultar.

Aclaro que no pienso que haya que oponerse al desarrollo privado. ¡Todo lo contrario! Lo que puedan hacer los emprendedores privados y no el Estado municipal, bienvenido sea. La inversión, la construcción y la generación de actividad económica son necesarias. Pero el desarrollo no puede convertirse en una justificación para desconocer los límites ambientales de una ciudad. La rentabilidad de un emprendimiento es legítima; la protección de la salud colectiva es una obligación pública.

Vaya un pequeño párrafo para el concejal suarista Maximiliano Garrido, quien se expresó contra mi persona en este mismo medio, 617 News. Estimado Maxi, entiendo, aunque no lo comparta, que estés obligado a defender a tu intendente antes que a los vecinos, y por la sabiduría que da la experiencia te diré simplemente que: Muchos de los que se llenan la boca embarrando antiguas relaciones profesionales con Orozco, pueden ser candidatos a ser «los ‘Orozcos’ del futuro”.

Retomando lo importante, la responsabilidad del intendente no comienza cuando ingresa un expediente de construcción ni termina cuando se verifica el cumplimiento formal de una ordenanza. También consiste en anticiparse, prevenir y evitar que decisiones irreversibles comprometan el bienestar de generaciones futuras.

Suárez tiene la oportunidad de asumir un papel activo: solicitar estudios ambientales integrales, garantizar información pública, convocar a los vecinos y promover un debate que incluya todas las alternativas posibles.

Intendente Suárez: gobernar también significa escuchar. Y cuando están en juego el ambiente, la salud y el patrimonio de todos, escuchar a los vecinos es una obligación democrática.

Sergio Hugo Bruni

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