Cuando el patrimonio de la Ciudad está en juego, el silencio del intendente también es una forma de hacer política.

El futuro del Hogar Santa Marta no es un asunto exclusivamente provincial. El terreno, frente al Parque General San Martín, forma parte de un entorno urbano cuyo destino compromete la identidad, el patrimonio y la calidad de vida de los mendocinos.

El Gobierno provincial pretende utilizar ese inmueble para financiar una nueva residencia para adultos mayores. El propósito social puede ser atendible. Pero una finalidad legítima no convierte automáticamente en acertado cualquier procedimiento ni vuelve innecesario el debate público.

Hay preguntas elementales que todavía reclaman respuestas: ¿cuál es el valor real del terreno?, ¿qué garantías tendrá la operación?, ¿dónde se construirá el nuevo hogar?, ¿qué protección tendrá el entorno urbano y qué destino podrá darse al predio actual? Se habló de unos 2 millones de dólares, alrededor de US$ 500 por metro cuadrado frente al Parque; un diputado opositor lo estimó entre tres y cuatro veces más. Diputados votó sin una tasación actualizada.

Una pregunta política interpela directamente al intendente Ulpiano Suarez: ¿cuál es su posición frente a una transformación que puede afectar el futuro urbanístico de la Ciudad que gobierna? Su posición no es un tema menor ni de pura forma: ya dijo que será candidato a gobernador, y es ahí donde su silencio toma una dimensión extraordinaria.

Suarez gobierna una capital cuyo patrimonio arquitectónico, espacios verdes e identidad urbana son algunos de sus principales activos. Su responsabilidad no se agota en recoger residuos o reparar calles: también debe defender un modelo de ciudad.

Más aún cuando los vecinos reclamaron respuestas al municipio. No se trata de una inquietud aislada ni de una discusión inventada por la oposición: más de 600 vecinos impulsaron presentaciones ante el propio intendente para cuestionar el futuro de los terrenos frente al Parque y advertir sobre los riesgos de nuevas torres.

La respuesta llegó por escrito y fue de ventanilla: la Municipalidad dijo no tener expediente sobre el Santa Marta y derivó a los vecinos a la Provincia.

Pero qué y cuánto se podrá construir en ese terreno lo define el Código Urbano que impulsó su gestión, sancionado el 21 de abril. Diez días después, el gobernador anunció que dispondría del predio.

En ese contexto, el silencio del intendente adquiere una dimensión política inevitable. Si el proyecto es bueno, debe poder explicarse. Si es inconveniente, debe poder cuestionarse. Y si todavía faltan precisiones, corresponde exigirlas. Lo que no parece razonable es que quien debe cuidar la Ciudad permanezca al margen de una discusión que compromete su futuro.

No se le pide a Suarez que desafíe sin argumentos al Gobierno provincial. Se le exige algo más sencillo: que ejerza su autonomía política, que defienda las competencias municipales y que haga oír la voz de los vecinos. Un intendente no es un delegado político del gobernador: representa a los ciudadanos de su municipio, aunque eso haga ruido a sus propias aspiraciones.

Los bienes públicos no pueden evaluarse solamente por su precio de mercado. También tienen un valor histórico, social y urbano que no siempre aparece en una tasación. La discusión no consiste en oponerse a toda inversión ni en congelar la Ciudad en una fotografía vintage. Consiste en determinar qué se construye, dónde, bajo qué reglas y en beneficio de quién. Lo que se construya ahí no es un detalle estético.

El Parque nació a fines del siglo XIX como respuesta sanitaria a una ciudad castigada por epidemias, y no es casual que muchos terrenos de su entorno hayan tenido destinos sociales y no especulativos. Esa función sigue vigente: el aire fresco del Parque entra a la ciudad empujado por la diferencia de temperatura.

Con los indicadores del nuevo Código, en ese predio podrían levantarse edificios de hasta 39 metros, unos 13 pisos. Y para alcanzar los márgenes de 20 a 30% que suelen buscar los desarrollos de la zona, la tentación será ir más alto. Junto a las torres vecinas y a la proyectada en el Círculo Policial, se armará una suerte de muralla china: frenará las brisas que refrescan la ciudad, reflejará el sol del oeste sobre el Parque y, al superar la copa de los árboles, acumulará calor de día que se sentirá con rigor por la noche. La isla de calor castiga sobre todo a los adultos mayores; ¡Vaya paradoja! el proyecto lo envió el gobierno de la provincia vía Ministerio de Salud de la provincia.

Todo eso, en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país y sin un dictamen de Patrimonio conocido sobre un edificio centenario. Antes de habilitar esa gran muralla debería haber estudios de impacto acumulado, y es la Municipalidad la que puede exigirlos.

Ulpiano Suarez todavía tiene la oportunidad de fijar una posición clara: el proyecto ya tiene media sanción de Diputados y ahora define el Senado. Puede exigir las precisiones que faltan y garantizar que los mendocinos sean escuchados antes de que se tomen decisiones difíciles de revertir.

Intendente Suarez, le tiro de onda una idea para que Ud. la lleve adelante: el destino de los terrenos del Hogar Santa Marta debería contemplar una solución que combine desarrollo urbano y responsabilidad social. Proponga, por ejemplo, que el 25% de la superficie se reserve para que el propio emprendedor, como parte de las condiciones del proyecto, construya allí el nuevo Hogar Santa Marta. De ese modo, la inversión privada dejaría un legado social concreto: un nuevo Santa Marta, con instalaciones adecuadas y condiciones dignas para quienes necesitan de su protección. El progreso y la sensibilidad social no tienen por qué ser caminos separados.

Intendente Suarez: cuando se trata del patrimonio común, gobernar no es mirar hacia otro lado. Y el silencio, aunque no figure en ningún expediente, también termina dejando su firma.

Sergio Bruni

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