Así como en otras oportunidades en las que se han abordado distintas problemáticas, como por ejemplo el cambio climático y la utilización y cuidado  del agua en la provincia, o temas vinculados con la violencia de género, como también la necesidad de una reforma que actualice nuestra constitución provincial o las autonomías municipales, entre otros, en esta reunión se abordó la inseguridad en Mendoza. Se encontraban presentes el Dr Roberto Grillo,  Dr Horacio Migliozzi, Sr. Mario Campos, Sr. José Cortez y otros especialistas en la materia

El Instituto de Políticas Públicas acordó:

1. Comenzar centrando el debate en la necesidad en que nuestro partido, la UCR, le requiera al gobierno que encabezan el Dr Perez y el Lic. Ciurca, ante la gravísima situación que vive la provincia, convoque a los partidos políticos con representación parlamentaria a un relanzamiento de la POLITICA DE ESTADO, que hace más de una década se acordó en la provincia. En esta convocatoria, que debe ser amplia, deberán participar, además, representantes de los municipios y ONGs. vinculadas con la materia, de manera tal que las definiciones a las que se arriben cuenten con el mayor consenso posible.
2. Realizar un minucioso seguimiento de las políticas del gobierno en la materia
3. Hacer hincapié en materia de prevención. Los brazos del Estado tienen que concurrir oportunamente para evitar la comisión del delito. La inseguridad se debe abordar desde una visión integral. Las respuestas del estado no deben procurarse solamente desde el sistema de seguridad, la educación y el desarrollo social son herramientas  fundamentales en la resolución de la inseguridad.
4. Repensar las tareas de inteligencia frente a los nuevos paradigmas delictivos.
5. Retomar la conducción política del sistema de seguridad, mucho más amplio que el accionar policial, que se encuentra sin un norte preciso ante el paulatino abandono que ha hecho el gobierno de una genuina conducción.
6. Reconsiderar la política penitenciaria, cumplimentando los extremos previstos en la ley 24660, en particular  lo referido a la educación y la formación laboral, a fin de facilitar seriamente la reinserción social de los internos.
7. Completar la puesta en vigencia del nuevo código procesal penal en todo el territorio de la provincia, resulta de una ineficacia provocativa que a 8 años de su implementación se encuentre en el actual estado.
8. La modificación de la Inspección General de Seguridad, quién en la actualidad sólo propone sanciones, en el marco del control policial, que termina resolviendo el ministro de turno. Esto ha provocado en la práctica una deformación del sentido que tenía este instituto de la reforma, en el espíritu del legislador al momento de sancionar las leyes 6721 y 6722.
9. En este aspecto propiciamos la creación dentro de la inspección general de 2 salas, una que realice la investigación y otra que detente el poder punitivo en concordancia con el sistema acusatorio del nuevo ordenamiento procesal penal en la provincia.
10. Valoramos el aporte que hacen municipios como la Capital, cuyo intendente, Dr.Victor Fayad, se ha involucrado y comprometido con esta temática.

Finalmente, el Instituto, se pronunció contrario a la implementación de medidas espasmódicas y aisladas ante algún hecho delictivo con resonancia pública, como limitar las salidas transitorias o dotar del poder de allanamiento a los fiscales, por ser de dudosa constitucionalidad y sobre todo, porque generan una expectativa en la sociedad que luego se transforma en una nueva frustración, al no atacar la inseguridad con decisiones eficaces.

Dr. Sergio Bruni

Pte. Instituto Políticas Públicas