Notas de Opinión, Prensa ; 18 abril, 2011 a 12:53 pm

 Parece que el tiempo transcurrido desde la Reforma de Seguridad efectuada en 1999, ha hecho olvidar a ciertos funcionarios del gobierno provincial algunos de los conceptos sobre los que versó dicha iniciativa, y que significó, una de las pocas y verdaderas políticas de estado de los últimos tiempos. 

Estamos hablando de un cambio estructural en una fuerza que se encontraba golpeada en su fuero más íntimo, utilizada en la represión y en consecuencia desnaturalizada de sus funciones especificas. Una fuerza que llegó incluso a sublevarse ante las autoridades constituidas,  poniendo en riesgo nada menos que la seguridad de todos los mendocinos y a la que el Estado debió darle una respuesta integral.   

Sería necesario, entonces, preguntarle al Sr. Ministro ¿qué significa ser “pro policía”?

Resulta  un reduccionismo inaceptable considerar que la Reforma del 99 fue sólo quitar el control de la fuerza a la cúpula policial, y ponerla en manos de civiles. Fue de ella de donde nacieron la Comisión Bicameral de Seguridad y la Inspección General de Seguridad, como órganos de contralor externo e interno, el Instituto Universitario de Seguridad Pública que tuvo por finalidad la profesionalización y especialización de la fuerza, experiencia inédita de compromiso de la universidad con la sociedad mendocina.  

Surgieron también leyes como la 6721 y 6722, para dar un marco legal regulatorio a la actividad y la redacción de un nuevo Código de Procedimientos Penal, o los foros vecinales, como ámbito de participación ciudadana activa.

Estas acciones promovieron que los diferentes gobiernos, sin distinción de color político, fueran progresivamente dotando a la policía de herramientas materiales, recurso humano, técnico y tecnológico que en definitiva hoy se están aplicando en beneficio de los mendocinos. Sin dudas es todavía arduo el camino a recorrer, y en el devenir se pueden advertir avances y retrocesos. Pero lo que no puede negarse es que dicha iniciativa significó un punto de inflexión en materia de Seguridad.

A esta altura de los tiempos que transitamos, negar lo relatado y las experiencias vividas, es abrir heridas ya restañadas.  Lo preocupante es la investidura del interlocutor. Todos los sectores políticos, legislativos -con excepción del entonces senador Montbrun- y un amplio abanico de sectores sociales y organizaciones no gubernamentales,  acompañaron esta reforma, que insistimos, su objetivo superior fue jerarquizar a la policía y reencontrarla con la comunidad a la que debe servir.

Entonces, ¿quién puede pensar, al menos seriamente, que se trató de una medida “contra policía”? Todo el que haya asistido o participado de la Reforma, puede dar fe de que ésta no fue la intención de ninguno de los dirigentes que en su momento la impulsaron. Todo lo contrario, el espíritu que la animó fue fortalecerla.  Las declaraciones del Ministro implican un retroceso conceptual e histórico peligroso hacia el interior de la fuerza policial, como es reavivar un dilema ficticio. No existen los “pro”, ni los “anti” policía. Todos los ciudadanos inspirados en los mejores valores tienen una mirada única: la policía debe ser lo que debe ser, en un todo de acuerdo con la política de estado en materia de seguridad y actuar en el marco de la ley.

Justicia obliga, el Ministro Aranda nunca rehuyó a los controles y requisitorias de la Comisión Bicameral de Seguridad -uno de los emblemas de la reforma-. Nos parece que sería una contribución importante que el Ministro se retracte, lo que nos permitirá pensar que no midió las consecuencias de sus palabras, es decir, en términos de algún filósofo, sólo actuó con imprudencia. Una retractación mitigaría aquella imprudencia.

 

 

SERGIO BRUNI
Senador Radical por Capital
Presidente Comisión Bicameral de Seguridad

 

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