Aduciendo que en Mendoza ha existido una continuidad en las políticas de seguridad, el senador radical reivindica la racionalidad de la política local. Por Sergio H. Bruni Presidente Bloque Senadores Provinciales UCR

15/03/2005 | Durante los últimos años he participado de procesos de suma importancia que contienen ejemplos claros de hacia dónde debe avanzar la dirigencia política y los partidos políticos en general.

Procesos que marcan hitos en la incorporación de racionalidad y madurez a una actividad imprescindible para la democracia y la libertad como es la política.

Uno de esos procesos fue el que se produjo en el año 1998 durante el gobierno de Lafalla cuando la situación del sistema de seguridad provincial colapsó y tanto el oficialismo -justicialista- como la oposición (donde me encontraba), tuvo una visión clara de la importancia de la crisis y se entendió que un tema tan importante para la calidad de vida de la ciudadanía se debía generar una política de Estado.

Así se acordó crear el Ministerio de Justicia y Seguridad y diseñar una profunda reforma del sistema de seguridad, con todos los cambios que esto implicó. Por otro lado todas las fuerzas políticas se comprometieron a no hacer de la seguridad un tema electoralista para no entorpecer el desarrollo de esta política.

Sin duda este fue un hecho inédito en el país y la dirigencia política de Mendoza dio muestras del camino a seguir.

No puede negarse que ha habido dificultades y errores de todo tipo (propios y ajenos) y que la política de Estado en seguridad muchas veces ha crujido, ha vivido sus crisis de identidad, pero aún así el núcleo central de lo que se alumbró a fines del año ’98 no ha perdido vigencia.

El otro proceso lo viví durante la crisis económica del año 2001 y la consecuente crisis de legitimidad que afectó a la política en general. Momento que me tocó asumir la presidencia de la UCR. Un desafío enorme y una gran responsabilidad por la situación de descrédito que sufrían los partidos políticos.

Con el entonces gobernador Roberto Iglesias, nos propusimos profundizar la modernización de nuestro partido que ya había mostrado señales claras de cambio en la gestión partidaria anterior -el actual vicegobernador Juan Carlos Jaliff era su presidente- y en ese camino convocamos a formar equipos técnicos con una amplia participación de especialistas; al frente de los mismos estaba el ing. Julio Cobos, hoy nuestro gobernador, que le supo imprimir a aquellos equipos un contacto directo y llano con la gente dándole una impronta que luego trasladó a la gestión de gobierno que le ha valido un contundente y mayoritario reconocimiento de los mendocinos.

Tales acciones implicaban dotar de racionalidad el funcionamiento del partido creando los espacios necesarios para un estudio serio y participativo de cada área de gobierno. Esto con el objetivo de que durante el ejercicio de la administración existan diagnósticos precisos de la situación, líneas estratégicas de acción y respuestas adecuadas para las diversas coyunturas.

En el área de seguridad, donde trabajé más específicamente, el diagnóstico indicaba que se debía avanzar con el proceso de reforma con una visión estratégica a largo plazo.

Así fue que se determinó que, antes que nada, en el marco de la reforma implementada a partir del año ’99 se debía avanzar especialmente en la capacitación del recurso humano, en la incorporación de tecnología y en la adquisición de medios para luego redefinir el modelo policial e introducir cambios operativos.

Los primeros objetivos se cumplieron satisfactoriamente y hoy estamos en condiciones de realizar un salto cualitativo que afirma la reforma y moderniza nuestro sistema de seguridad.

Este salto cualitativo implica afianzar el rol del policía “amigo” que establezca una relación de ida y vuelta con la sociedad.

Sociedad que debe abrir un crédito de confianza e incorporar el tema de la seguridad como responsabilidad de todos y policía que debe asumir el desafío de brindarle seguridad a la población con una actitud firme y profesional en el marco de la democracia y el respeto por los derechos y garantías individuales.

La creación de jefaturas departamentales de policías, los cambios operativos dentro de la fuerza y la implementación de un nuevo modelo policial van en este sentido, ya que al identificar al policía con la zona donde actúa, tiende el puente necesario entre sociedad y policía. Toda evolución debe partir de la base que las policías de la región enfrentan hoy a sociedades diversificadas, que demandan una concepción de la policía como servicio público enfocado hacia los ciudadanos, y que rinde cuentas de sus actuaciones.

Por otro lado, era necesario avanzar en uno de los temas más complejos en la construcción de fuerzas policiales eficientes y democráticas: métodos e indicadores utilizables para la evaluación de la calidad del trabajo policial y de sus resultados. En este sentido, los anuncios realizados por el ministro de Justicia y Seguridad constituyen medidas importantes para nuestro sistema de seguridad pública.

Pero esto no implica que los niveles de delincuencia y violencia vayan a disminuir de un día para otro, sería crear una falsa ilusión y una falta de respeto a la inteligencia de nuestros ciudadanos. El tema de la inseguridad es un tema estructural que debe ser abordado desde todos los sectores del Gobierno y de la sociedad y requiere de tiempo de ejecución para que el impacto sea perceptible, por lo que es prudente seguir construyendo consensos, a fin de que la gestión tenga los márgenes necesarios para llevar adelante estos cambios.

Estos procesos demuestran que en Mendoza se ha desarrollado una política racional que conlleva una gestión más eficaz, la cual pone como prioridad absoluta la certidumbre en las políticas públicas destinadas al bienestar de la población, le da cierta previsibilidad a nuestra dirigencia y vuelve a colocar a la política en el centro de la escena..