jueves, 14 de diciembre de 2000

Por Sergio Bruni – Diputado provincial

Uno de los objetivos de la reforma del sistema de seguridad de Mendoza es la jerarquización del personal de las fuerzas de seguridad. Este propósito contempla la capacitación, el equipamiento, el entrenamiento y la mejora de las condiciones generales del personal en lo que respecta a sus funciones dentro de las mismas; lo que incluye un incremento en la calidad de vida de los hombres que día a día se arriesgan en salvaguarda de nuestra sociedad.

Mediante relevamientos realizados entre el personal hemos detectado un grave déficit habitacional que condiciona sensiblemente la labor profesional de los mismos.

El censo habitacional realizado por el ministro de Justicia y Seguridad muestra en 6.201 encuestados que sólo un 43 % posee vivienda propia, un 19 % habita una vivienda alquilada y un 23 % reside en viviendas alquiladas.

Por lo tanto, el 57% del personal policial no posee vivienda propia, de estos un alto porcentaje habitan viviendas en estado regular o malo.

Se podría decir que el mismo problema aqueja a gran parte de la población, lo cual es cierto, pero en el caso del personal de las fuerzas de seguridad existe la agravante del emplazamiento de la vivienda.

Un número considerable de familias del personal de seguridad desarrollan sus vidas en zonas de gran conflictividad social, donde coexisten con grupos de personas que transgreden a menudo la ley o son familias de internos penitenciarios, por lo que perciben al policía o al agente penitenciario como culpables de sus situaciones personales.

Esto lleva a que se produzcan agresiones verbales y físicas que hacen que la vida cotidiana de los mismos y de sus familias transcurra en un ámbito altamente tensionante e inseguro.

Tales circunstancias originan en los policías un sentimiento de desprotección y de no-pertenencia a la misma sociedad por la que después debe poner en riesgo su propia vida.

Pensamos que el resto de las áreas de gobierno deben actuar en consonancia con el esfuerzo que se realiza en el área de seguridad.

Por ello, a través del IPV y sus operatorias debemos realizar un aporte más a esta nueva concepción de seguridad como política de Estado.

Basados en lo anterior hemos presentado un proyecto de ley que crea el Programa Habitacional para el Personal de Seguridad Pública.

En el mismo se contempla, entre otras cosas, que dentro de las partidas que anualmente se prevean en el presupuesto para financiar todas las operatorias del IPV, el personal de seguridad tendrá un acceso mínimo del 7 %.

Con esto se busca una mayor integración del mismo con el conjunto de la sociedad, ya que no se contempla realizar barrios policiales sino que se le da la oportunidad de elegir entre las distintas operatorias, las que compartirá con el resto de la población.

Por último, y en reconocimiento a su sacrificada labor, gozará de una tasa de interés del cero (0) por ciento en las cuotas de recupero de los créditos otorgados.

De esta manera creemos que la reforma del sistema de seguridad adquiere un carácter integral, ya que además de las mejoras en lo institucional contempla mejoras en la calidad de vida en su componente más valioso: el humano.