América Latina aún se encuentran transitando períodos de inestabilidad política y económica. En más de tres décadas se han sucedido estructuras democráticas y no existen actualmente gobiernos dictatoriales. Sin embargo, el proceso de transición hacia la democracia parece todavía vigente.

Y es que en dicho camino no sólo debió atenderse a la construcción de una cultura democrática en sociedades que atravesaron varios años de dictaduras y autoritarismo, sino que además hubo que procurar el desarrollo en pueblos sometidos a la más cruda desigualdad social y económica. La tarea no ha sido sencilla.

Ahora bien, más allá de intentar encontrar excusas y motivaciones al contexto antes descripto, creo que es necesaria una reflexión conjunta en la búsqueda y contribución hacia la paz social del continente y, consecuentemente, de nuestro país.

En ese proceso es que consideramos el momento político-económico que atraviesa Venezuela.  Seguramente, el más complicado de la zona. Ello supone una gran tristeza para nuestro pueblo, por ser aquella la tierra del libertador Simón Bolívar quien en conjunto con San Martín y otros prohombres de nuestra historia nos dieron una identidad nacional, pergeñando la “Patria Grande”, es decir, una Latinoamérica unida y solidaria.

Venezuela no es un país más en el contexto Latinoamericano. Posee las mayores reservas de petróleo convencional de la región, constituyendo geopolíticamente un valor de singular importancia. Es integrante permanente del Mercosur y de la UNASUR y, en ese contexto, debe adecuar sus políticas a las necesidades del bloque continental, es decir a la estabilidad política, económica y social.

Así se manifestaron los gobiernos de ese organismo regional en consonancia con la necesidad de preservar el clima de estabilidad y democracia en la zona: “Los Estados Miembros de UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela. Al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en esa nación, y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad, los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos como pilares del proceso de integración regional. Los Miembros de UNASUR reiteran su defensa del orden democrático y del Estado de Derecho y sus instituciones, y resaltan, asimismo, la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada en forma pacífica, por la vía democrática. En ese sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las diferencias, dentro del ordenamiento jurídico constitucional.”

El Gobierno venezolano posee legitimidad de origen, eso es indiscutible. Su llegada al poder político fue a través de elecciones generales  – libres y transparentes – y decidida por una amplia mayoría de ciudadanos que además le otorgaron mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento de ese país).

Pero, como decíamos, la democratización de las naciones latinoamericanas todavía subyace como un proceso que involucra la elección popular de sus gobernantes, pero que también debe sostener el estilo de vida democrático, lo que implica reconocer la vigencia del Estado de Derecho, las libertades individuales y la defensa de los Derechos Humanos.

Entre estos quiero hacer especial hincapié en el derecho a la libre expresión, no sólo aquél que poseen los medios de comunicación sino el que requiere el ciudadano común para poder exteriorizar su voluntad política. Aquí aparecen los mayores reproches que podemos efectuarle desde las fuerzas progresistas de la política nacional.

Precisamente mi Partido, la Unión Cívica Radical – como organización Nacional -, se ha expresado condenando las “acciones de violencia política ejercidas contra grupos civiles, estudiantiles y prensa opositora por parte del gobierno de Nicolás Maduro”.

“El radicalismo repudia la existencia de grupos de choque organizados por el gobierno venezolano destinados a atacar manifestaciones populares opositoras, llegando a niveles de escándalo al ordenar la captura de dirigentes políticos no oficialistas, lo cual implica un retroceso en la cultura política Latinoamericana que nos remite a las dictaduras y autoritarismos por décadas superados. Esta condena de la UCR requiere una práctica consecuente de la solidaridad de toda la región, en tanto y en cuanto el retroceso del ejercicio de las libertades públicas en Venezuela debe ser considerado un agravio a la calidad democrática en América Latina. Resolviendo entonces: instruir a sus bloques parlamentarios para impulsar iniciativas que exijan que el gobierno argentino, lleve a cabo acciones destinadas a garantizar la inmediata libertad de los líderes políticos y estudiantiles en Venezuela, y la garantía de los derechos políticos y civiles en dicho país. Y también solicitar a la Internacional Socialista el inmediato envío de una delegación de representantes de todos los partidos miembros de América Latina y el Caribe, para solidarizarse con las víctimas de la represión, sus familias y para realizar todas las acciones internacionales destinadas a que el gobierno venezolano respete el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

Latinoamérica ha compartido los procesos de inestabilidad política y económica. Más allá de las diferencias puntuales que nos separan, el origen de su crisis: gasto público excesivo, emisión incontrolada, altas tasas de inflación, y muy poco afecto por las instituciones de republicanas, conforman una amalgama de factores, que en más de una oportunidad conformaron la tragedia que supimos construir y que tanto dolor trajo a nuestras naciones.

por Sergio Bruni para Sitio Andino

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