Resulta claro que las reformas constituyen cambios, modificaciones, transformaciones, pero al tratarse de la Ley Fundamental, que en este sentido marca la vida y desarrollo de los partidos políticos, esas innovaciones deben ser fruto del consenso y nunca de la imposición de alguna circunstancial mayoría.
Todos los gobiernos democráticos han incorporado en su agenda, la reforma de la Constitución mendocina, lo que a esta altura resulta evidente, teniendo en cuenta que se trata de una norma, vanguardista en la época de su sanción, pero que data 1916 y está basada en principios gestados en el siglo XVIII, por lo que naturalmente requiere, al menos, de una actualización.
El devenir de este ansiado proceso no ha sido complaciente. Hasta el momento y por distintos factores de la política mendocina, que incluyen medidas y fallos judiciales que la han acompañado, no se ha conseguido abrir con fortuna el camino que debe dar luz a una nueva Carta Magna Provincial, a pesar de que todas las organizaciones de la sociedad democrática, lo advierten como necesario, y aún hasta fundamental.
El radicalismo, ha manifestado en toda oportunidad su vocación reformista. Es por ello que ha promovido en la Legislatura Provincial por medio de distintos proyectos, la modernización de la Constitución, participando a través de iniciativas consensuados con otros sectores con representación parlamentaria. Predisposición que, por cierto, resulta a su vez favorable a los intereses de la sociedad en su conjunto, la cual se muestra sumamente dispuesta a su aggiornamiento.
Concretamente son varias las aristas que pueden y deben analizarse. La discusión sobre la incorporación expresa de instituciones tales como la autonomía municipal; la protección del medio ambiente y específicamente de un recurso esencial como el agua, en un escenario que se complejiza al ritmo del desarrollo técnico y de la industria; la organización del uso del suelo; la redistribución de las circunscripciones electorales y las bases de representación poblacional y territorial; el ballotage; la reorganización del proceso electoral que incluya las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O); la mención precisa de los mecanismos de democracia participativa tales como la iniciativa popular, las distintas formas de consulta popular (referéndum, plebiscito), y el mejor y más efectivo acceso a la información pública como mecanismo de control ciudadano; la revocatoria de mandato; las alternativas en los instrumentos y la modalidad del voto a través de la posibilidad de una boleta única de sufragio, el voto electrónico; la jerarquización constitucional de los partidos políticos como herramienta de representación, financiamiento y rendición de cuentas por el manejo de fondos públicos; la formación de dirigentes, y la profundización del gobierno electrónico son, entre otros tantos, los temas que sin dudas será necesario abordar.
Sin embargo, como hemos dicho, toda reforma debe hacerse en un marco consensuado y serio, sobre todo pretendiendo cambios estructurales fundados en la necesidad de un mejor y más justo desarrollo de las instituciones públicas. Por ello y ante las posiciones que son de público conocimiento sobre las intenciones reformistas actuales, tanto del oficialismo como de la oposición y frente a la confrontación dialéctica, en particular, sobre las discusiones centradas en la dicotomía reforma política vs. reforma electoral, asistimos absortos, a una disputa mediática donde ya no los partidos políticos, sino sectores internos de los mismos, plantean en términos de moneda de cambio, una propuesta de reforma política o constitucional, en respuesta de otro ofrecimiento proveniente de un sector alterno, con el sólo interés avieso de plasmar su provecho, por sobre otra ventaja que circunstancialmente posea el rival político interno o externo a su partido.
Más allá de la mezquindad que demuestran éstas actitudes reñidas con el interés colectivo, resulta bastante clara y desafortunada la confirmación de la perspectiva que desde fuera de la política se tiene de la misma, visualizándola como una actividad ajena al resto de los ciudadanos que, por sus códigos y complejidad, ha quedado reservada sólo para aquellos que demuestran su fervor en acceder al poder por el simple hecho de ocupar cargos, sin una verdadera vocación política de cambio y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y en muchos casos aún sin saber para y por qué, sino solo para satisfacer intereses personales. La conclusión es lógica en el sentido de la acuciante necesidad de una reforma política que incorpore mecanismos amplios de participación, que promuevan la apertura de las instituciones políticas.
Es, en este contexto, que deseamos contribuir con nuestra opinión, a la búsqueda de puntos de encuentros más sólidos que imperen sobre la confrontación dialéctica mencionada. Nos encontramos frente a algo más que una reforma constitucional y política. Se trata de una transformación institucional para los próximos cincuenta o cien años de Mendoza, donde la reforma de la Constitución debe ir acompañada indefectiblemente de una modernización de las bases que le dan sustento a la sociedad y a los instrumentos de la política, a fin de satisfacer los requerimientos generales, en la búsqueda de mayor representatividad y transparencia.
Ahora bien, es importante recordar que la eficiencia de todo sistema político no depende solamente de su diseño institucional, sino también del comportamiento de sus actores y de los valores, compromiso público y capacidades de dichos actores. La realización y concreción de un proceso participativo que arribe a la reforma que instamos, no sólo nos invita a pensar colectivamente en la modificación de una o varias de las leyes político-electorales, sino que resulta una oportunidad única para conocer nuestra capacidad en el logro de profundos acuerdos sociales. Las generaciones que nos sucedan serán quienes la juzguen.
DR. SERGIO BRUNI
Abogado
Ex Legislador provincial
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