El acuerdo YPF-Chevron y las consecuencias para la provincia, nos llevan a parafrasear a Don Atahualpa: “las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas…..”

El Decreto N° 1.277/12 produjo un giro de 180° en cuanto a la línea ideológica que la Presidencia de la Nación había determinado desde la estatización de YPF que se encontraba en manos de Repsol.

La necesidad tiene cara de hereje, y el modelo requiere divisas frescas, esas mismas que se drenan diariamente a cambio de la compra de combustibles que la Argentina necesita, gracias precisamente a esa política energética que nos ha llevado a gastar alrededor de 12.000 millones de dólares en la importación de energía.

No es novedad que el sistema energético está en crisis, por ello debieron salir presurosos en la búsqueda del capital internacional con el fin de resolver – en poco tiempo – la falta de inversión generada durante una década en la prospección, perforación y explotación petrolera.

A pesar del riguroso silencio al que las autoridades nacionales se han sometido respecto del acuerdo YPF-Chevron sobre la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, podemos cuestionar con certidumbre los términos del Decreto 1.227/12 que afecta directamente los derechos constitucionales que las provincias poseen respecto de la explotación del subsuelo y los recursos naturales, incorporados en la reforma de la constitución de 1994 y expresamente determinados por la reforma de la ley 17.319 a partir de la ley 26.197 cuyo artículo 1º dispone que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.

En cuanto al acuerdo con Chevron y los derechos de Mendoza, hasta ahora parecen mantenerse a salvo, por cuanto en esta primera fase, teniendo en cuenta que nuestra provincia posee alrededor del 20% de Vaca Muerta, se encuentra al margen del mismo, siendo Neuquén quien a través de la vía legislativa deba refrendar dicho acuerdo.

Sin embargo Mendoza es copropietaria de YPF, de acuerdo a lo firmado por el Gobernador Pérez. Aunque en esta re-estatización quedamos relegados por Santa Cruz y Neuquén – participándonos con sólo el 5% de las acciones de la nueva empresa estatal petrolera -, la Provincia es acreedora de los dividendos que la misma generará por la explotación del yacimiento más importante de Sudamérica. Por esta razón, si la negociación con la petrolera norteamericana (de la que, reiteramos, poco se conoce), fuera perjudicial para los intereses de YPF, también se menoscabarían los derechos patrimoniales de Mendoza.

El futuro de varias generaciones de mendocinos está en juego. Estamos hablando de la participación en la explotación de un yacimiento de petróleo no convencional que posee un valor estimado de 18.700 millones de dólares, sólo en cuanto a su explotación petrolera, convirtiendo además a la Argentina en el tercer país del mundo en reservas gasíferas, solo detrás de los EEUU y China.

En éstos días desde Malargüe, Departamento petrolero por excelencia, el ex Gobernador Roberto Iglesias le ha señalado a Francisco Pérez que debe elegir “entre ser soldado de Mendoza o de la Presidente”, en referencia a la necesidad de que se protejan los derechos de la provincia por sobre los intereses políticos de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

No se ha equivocado el Ing. Iglesias. Hasta ahora desde el Gobierno de la Provincia sólo se ha seguido una política de sumisión respecto de la Nación, aceptando cada una de las políticas emprendidas por la Presidente, sin cuestionamiento ni injerencia alguna y a sabiendas de que cualquiera de ellas le puede costar caro en sus aspiraciones políticas.

La disyuntiva es entonces obvia. Paco Pérez deberá decidir si hace prevalecer los intereses de los mendocinos, por sobre los intereses electoralistas del Frente para la Victoria. Enfrente posee un buen espejo, el de Julio Cobos quien, en su momento como Gobernador de Mendoza, decidió renunciar, aún sin pertenecer al partido de los K, a la demanda que ganara la provincia contra la Nación por valores millonarios, a causa de los perjuicios económicos que el régimen de promoción industrial nos ocasionara, a cambio de una obra que sólo quedó en los papeles (Portezuelo del Viento), y ahora sin sonrojarse – en plena campaña y seis años después – reclama por su concreción. Eso sí, fue uno de los escalones obligados que tuvo que subir para ocupar la Vicepresidencia con Cristina Kirchner. La Provincia aún sigue pagando el precio de esa aventura política, con un costo demasiado alto. Los mendocinos no merecemos semejante dispendio.

Sergio Bruni

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