Sergio Bruni, director ejecutivo del Instituto Universitario de Seguridad Pública, pone en foco los nuevos desafíos.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) es un establecimiento de educación superior, nacido en 1998 de la mano de la importante reforma sobre seguridad, que se cristalizó en Mendoza por aquellos años. La Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de la provincia refrendaron un convenio con el central objetivo de proporcionar una formación integral, de alto nivel académico, al recurso humano que tuviese la misión de atender la problemática de la seguridad pública. De esta manera se estructuró una institución que a lo largo de 20 años ha ido creciendo cualitativa y cuantitativamente, como usina de los efectivos que conforman los servicios de policía y penitenciaría.

El respaldo de la UNCUYO, en tanto plataforma académica señera, y su interacción con el Gobierno de Mendoza como elemento institucional determinante, han sido decisivos para sentar sus ejes fundacionales, con la legitimidad e impronta necesaria para que la formación universitaria tenga la oportunidad de aggiornar la cultura institucional y analizar críticamente la matriz ideológica/axiológica de las fuerzas de seguridad locales.

El IUSP cuenta con un plantel docente de primera línea, referentes en sus áreas de incumbencia profesional quienes, junto con el personal de apoyo e instructores, construyen el día a día de una institución que recorre decididamente un camino que no es fácil.

Jerarquizar los estudios en esta materia no es -ni ha sido- una tarea sencilla. Más allá de los aciertos y errores, la propia complejidad de la cuestión y, fundamentalmente, el dinamismo del contexto social en que se inserta ha configurado sus propias fortalezas, a la vez que determinado sus debilidades.

En este marco propio, se insertan los nuevos paradigmas en los procesos de enseñanza, de los que el IUSP no puede permanecer ajeno, recuperando el rol protagónico de los estudiantes en la construcción del conocimiento, superando las restricciones de los modelos actuales. Sostener y profundizar la calidad y pertinencia, poniendo acento en la especialización -teniendo en cuenta áreas esenciales como investigaciones e inteligencia preventiva, defensa civil, medio ambiente, cuerpos especiales, entre otros-, son propósitos que el Sr. Gobernador Suarez ha expresado oportunamente como líneas de trabajo, donde la formación de posgrado y la investigación son también objetivos posibles y realizables. Ampliar y diversificar la oferta educativa constituirá un útil instrumento para gestionar el cambio, sobre todo en la formación de los vigiladores privados, pues si bien la seguridad es responsabilidad primaria e irrenunciable del Estado provincial, estos son también un componente del «sistema de seguridad pública», conforme lo establece la propia Ley Nº 6721 que sienta sus bases jurídicas, políticas e institucionales.

Sobre los mismos criterios se inserta la necesidad imperiosa de fortalecer institucionalmente al IUSP, comprometiéndose con la mejora permanente en sus procedimientos y mecanismos internos, pero también a través de una eficiente vinculación con diferentes organizaciones que potencien sus capacidades y expandan las posibilidades estratégicas de cooperación en todo nivel, lo que supondrá nuevas oportunidades para los estudiantes, egresados y demás miembros de su comunidad educativa. Acciones que deberán contemplar una adecuada articulación con las Delegaciones con que cuenta el Instituto en el territorio provincial, cada una con sus particularidades y realidades. De allí que el relevamiento y medición, tanto en términos del correspondiente diagnóstico previo para el diseño de estas acciones, como respecto a la evaluación de sus resultados, deberá transformarse en una herramienta de uso cotidiano. En el mismo sentido, resultará excluyente promover el diálogo permanente y directo con la comunidad, visibilizando su actuación, «admitiendo» la participación colectiva, siendo permeables a la pluralidad, producto inmediato de todo esquema de convivencia democrática. Acercarse, involucrarse, incluirse serán las lecciones de oro.

Por ello, otro de los desafíos ineludibles tendrá que ver con la incorporación de la temática de género y violencia contra las mujeres, como elemento transversal no sólo en los procesos formativos y de capacitación, sino como perspectiva de abordaje y diseño de programas en toda la institución. La sanción y promulgación de la Ley N° 27.499, llamada «Ley Micaela», la estableció con carácter obligatorio para todas las personas que trabajen en la función pública. Por su parte y mediante Ley N° 9196, la provincia de Mendoza adhirió a los alcances de esta norma, mientras que la Universidad Nacional de Cuyo hizo lo propio a través de la Ordenanza 20/2019 del Consejo Superior. Así, se constituyó un plexo dispositivo sólido y amplio que lo sustenta y, principalmente, brinda una respuesta certera ante la importancia de comprender nuevos fenómenos emergentes. En este orden de ideas, género, igualdad y diversidad deberán ser temáticas de obligatorio abordaje. Por ello se dictará una Diplomatura en Género e Igualdad en miras a la Especialización en esta área. Asimismo, se creará un Observatorio en Perspectiva de Género Policial con el fin de analizar las estadísticas en casos de violencia de género, estereotipos existentes y denuncias realizadas en la Inspección General de Seguridad. Acompañando este esquema, se crearán programas de capacitación, talleres de trabajo y acciones con personal que ha sido denunciado y/o imputado por casos de violencia, junto con encuestas permanentes al personal policial sobre esta particular problemática. Por tal motivo, resultará fundamental añadir a la currícula una Cátedra de Género y Diversidad. Incluso además en el marco del nuevo Sistema Integral de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes -Ley Nº 9139-, deberán realizarse capacitaciones pues la policía interactuará con los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de toda la provincia.

En resumen, son los principios liminares de aquella reforma gestada hacia finales de los 90, los que hoy nos interpelan a proponer las transformaciones necesarias, conscientes de la importancia de su dimensión social y su impacto futuro. Apostar a ello no solo atañe a los educadores o a quienes tengamos la responsabilidad de conducir estos procesos, se trata de un compromiso social abarcativo.

EL AUTOR. Sergio Bruni. Abogado. Docente Universitario. Director Ejecutivo IUSP.

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