Entre la libertad de los ciudadanos y el rol del Estado municipal: a propósito del corte de la avenida Arístides Villanueva por Halloween, Sergio Bruni reflexiona sobre los límites de la intervención pública, las verdaderas prioridades de la gestión urbana y la diferencia entre acompañar las expresiones culturales y financiarlas como eventos oficiales.

La libertad de celebrar no obliga al Estado a organizarlo todo. Entre una sociedad abierta y un municipio que confunde sus funciones hay una diferencia que conviene preservar.

Halloween desembarca nuevamente en Mendoza. Esta vez, con una decisión municipal que merece algo más que una calabaza sonriente: cortar la avenida Arístides Villanueva para convertirla en escenario de una celebración importada, con música, disfraces y una amplia programación recreativa.

Conviene aclararlo desde el comienzo: cada ciudadano tiene derecho a celebrar lo que quiera. Una sociedad libre no necesita autorizaciones culturales para divertirse, ni debe pedir permiso para adoptar costumbres ajenas.

Las culturas no son piezas de museo; se encuentran, intercambian y transforman. Halloween es prueba de ello: nació del Samhain, la fiesta celta que marcaba el final de las cosechas y el comienzo de la estación oscura; se mezcló con la víspera cristiana de Todos los Santos y adquirió en Estados Unidos su forma actual, que el cine y las pantallas llevaron al resto del mundo. Prohibirlo sería tan absurdo como pretender que una tradición extranjera constituye, por su origen, una amenaza.

Nada de esto es objetable por sí mismo. La libertad también consiste en elegir las influencias culturales que cada uno desea incorporar a su vida. Pero una cosa es la libertad de los ciudadanos y otra, muy distinta, la decisión del Estado de promover una celebración y disponer del espacio público para convertirla en un acontecimiento oficial. No se trata de decidir qué tradiciones merecen existir —eso lo deciden las personas—, sino qué merece el esfuerzo de todos los contribuyentes.

En Mendoza, ese esfuerzo tiene una referencia clara: la Fiesta Nacional de la Vendimia, ligada a la historia del trabajo, a la cultura del vino y a una geografía que convirtió la aridez en posibilidad de desarrollo. Esa relación entre el paisaje, la economía y la comunidad justifica una intervención pública razonable.

La comparación no busca enfrentar tradiciones, sino recordar que los recursos públicos son limitados. Eso no significa que el municipio deba desentenderse de las demás celebraciones: su obligación es garantizar la seguridad, ordenar el tránsito y permitir que los ciudadanos disfruten del espacio público. El problema comienza cuando esa colaboración se transforma en protagonismo y la administración parece competir por su capacidad de organizar espectáculos.

La Arístides no es una calle cualquiera. Es una de las avenidas más representativas de la Ciudad, un corredor gastronómico y comercial que tiene vida propia. Que los comerciantes de la Arístides promuevan una jornada especial, que los vecinos concurran y que los jóvenes se disfracen forma parte de la dinámica de una sociedad abierta. Pero cortar la avenida desde las once de la mañana para una celebración que comienza a las cinco de la tarde obliga a preguntarse si ese despliegue es necesario y si el beneficio justifica las molestias que soporta el resto de los ciudadanos.

No todo lo que convoca multitudes constituye una prioridad pública, ni toda iniciativa que beneficia a los comercios requiere que el municipio sea su organizador principal. El espacio público no es propiedad del gobierno de turno: pertenece a todos. Y administrarlo supone armonizar derechos, no convertir cada oportunidad de entretenimiento en un acontecimiento que interrumpa la vida urbana.

La cuestión, entonces, no es Halloween. Es el criterio con el que se gobierna.

Una ciudad necesita cultura, recreación, actividad comercial y espacios de encuentro. Pero también necesita prioridades, límites y una idea clara de sus funciones. Cuando los recursos y la capacidad operativa del municipio se dispersan en una sucesión de eventos, cabe preguntarse si no hay tareas más urgentes que reclaman atención: calles deterioradas, servicios deficientes, cargas tributarias que asfixian a quienes producen y una ciudad que debe recuperar su vitalidad.

El Estado municipal no tiene que prohibir la fiesta ni decidir qué tradiciones merecen sobrevivir. Mucho menos imponer una identidad cultural. Su función es más modesta y, por eso mismo, más importante: garantizar la libertad, cuidar el espacio común y administrar con prudencia los recursos que pertenecen a los contribuyentes.

Que cada uno celebre Halloween si así lo desea. Que los comerciantes aprovechen la ocasión y que los jóvenes disfruten de una noche diferente. La libertad no necesita disfraces ni máscaras.

Pero sería conveniente que el municipio revisara la magnitud de su intervención. La Vendimia justifica un esfuerzo público especial porque expresa una identidad colectiva construida durante generaciones. Halloween puede ser una celebración legítima sin convertirse, necesariamente, en una prioridad de la administración municipal.

Una ciudad no demuestra su modernidad por la cantidad de fiestas que organiza, sino por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. Y gobernar también consiste en saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la sociedad haga lo suyo.

 Sergio Bruni

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