Noticias en General, Prensa ; 21 julio, 2019 a 10:54 am

Sergio Bruni realizó un análisis en profundidad sobre la conexión entre la seguridad y la justicia penal dentro de nuestra provincia.

¿Cómo describiría Ud. la relación entre el delito y la justicia penal en estos últimos años?

El Gobierno de Alfredo Cornejo ha hecho profundas transformaciones en la materia. En el 2015 Mendoza tenía una tasa de 9 homicidios cada 100 mil habitantes, hoy es de 5, lo que coloca a Mendoza por debajo de la media nacional.

Por otro lado, disminuyeron un 45% los robos agravados con uso de arma de fuego. En esta transformación, verificada en hechos validados por el Ministerio Público Fiscal, ha tenido un papel fundamental la Ley 8.869 sancionada en 2016 que, desde su aprobación, ha permitido contar con 915 procesados-detenidos más, es decir delincuentes que antes estaban en la calle y volvían a cometer delitos y hoy ya no lo pueden hacer, acabando con la llamada puerta giratoria y dándole forma a  una de las premisas básicas en el Estado de Derecho, los delincuentes deben estar presos.

¿Qué otra reforma considera importante en materia judicial?

Además de lo dicho anteriormente, ha habido una firme decisión política de ordenar el Estado y particularmente la administración de justicia. Reformas que ha gestionado el Poder Judicial pero que han sido impulsadas y acompañadas tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Desde hace por lo menos 10 años se hablaba de la necesidad de que la Justicia de Mendoza ingrese al siglo XXI, de la oralidad, pero fue durante el actual gobierno donde se llevaron a cabo estas reformas. Por ejemplo, año a año se repetía que la justicia laboral estaba colapsada.

La única solución que se proponía era crear nuevos juzgados, es decir, mayor burocracia y más gasto. La actual administración se animó a cambiar ese viejo paradigma, elaborando un nuevo Código Procesal Laboral que organiza y acorta plazos.

Es interesante entender el sentido de la referida ley, porque incorpora el concepto de reiterancia  para el dictado de la prisión preventiva. Ya no es necesario tener una condena anterior para que proceda la medida coercitiva de la privación de la libertad, esto explica el aumento de detenidos en nuestras cárceles.

Se creó también una Oficina de Conciliación Laboral, creando una instancia de acercamiento entre las partes que evita que los conflictos lleguen directamente a la Justicia, reduciendo así  en tan solo un año, un 40% los litigios laborales, que además hoy son más ágiles. También se reformó el Código Procesal Civil y se creó el Código Procesal de Familia, todo ello con la clara intención de hacer más eficiente el servicio de administración de justicia.

¿Y el juicio por jurados, puede considerarse parte de esta reforma estructural del sistema de justicia?

Absolutamente. Ya Alberdi, previó en la Constitución de 1853 este sistema para nuestra Nación, que nunca se implementó.

Las resistencias se basaban en que los ciudadanos no están capacitados para determinar criterios de verdad y justicia, anacrónico argumento en una democracia de base representativa.

Este instituto resulta de gran valor si entendemos que los miembros del Poder Judicial son los únicos que no son elegidos por el voto popular. Los constituyentes observaron claramente que eran fundamentales los jurados de ciudadanos para equilibrar el déficit de representación del poder judicial. Nuevamente, aquí se ve la voluntad política. Proyectos hubieron varios, por lo menos en los últimos quince años, pero fue la administración de Cornejo quien lo hizo efectivo. Los resultados están a la vista. Los ciudadanos de Mendoza, a través de los jurados populares han demostrado su capacidad para valorar los hechos. Recordemos que el control de legalidad y la valoración del derecho reposa en los jueces técnicos. Es sin dudas una herramienta que acerca al poder judicial con la ciudadanía.

¿Qué aspectos en esta materia deberían modificarse o profundizarse durante el próximo gobierno provincial?

Continuar con el proceso de expansión de la oralidad en todas las materias y de la mediación como instancia previa de solución de los conflictos para seguir disminuyendo los índices de alta litigiosidad en la justicia. Todos temas que con claridad, Rodolfo Suárez viene planteando. Como así también profundizar el desarrollo tecnológico aplicado a la seguridad y al servicio básico de administración de justicia, intensificando por ejemplo, la cantidad de identificadores dactilares, faciales y de patentes y la incorporación de más cámaras con un nuevo software que permita el reconocimiento de conductas sospechosas.

Seguir fortaleciendo el Registro Provincial de Huellas Genéticas, que hoy ya cuenta con aproximadamente 45.000 muestras y un comparador de perfiles genéticos que utiliza el FBI de EEUU, el sistema CoDIS (Combined DNA Index System). Lo que se viene, y Suárez lo ha dicho, es el salto cualitativo del big data y de la inteligencia artificial articulado con estos subsistemas.

Otro aspecto importante también es avanzar en una mayor profesionalización de nuestras fuerzas policiales. El recurso humano es fundamental para el éxito de cualquier política pública, por lo tanto debemos tener policías que en su paso por el Instituto Universitario de Seguridad Pública tengan a su alcance todos los medios para su formación integral, tanto desde el punto de vista académico como de entrenamiento.

De nada sirve tener en la fuerza móviles con alta tecnología si el recurso humano que los utiliza no está capacitado para hacerlo. Hay que continuar con las políticas actuales que han supuesto una fuerte inversión presupuestaria y profundizarlas, para que la Policía de Mendoza esté provista de los insumos y equipos técnicos necesarios para combatir y prevenir el delito.

   Sergio Bruni
   Jurista
Asesor
Docente UNCuyo
Diplomado Universidad de Salamanca, España.

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