Así la exacerbación de la indignación social crece. Sólo se acude a la pobre respuesta de echarle culpas al otro.

Sin embargo también hay buenas noticias,  la sociedad en las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias,  le dijo no a la expresión electoralista de la mano dura.

Y en ésta última marcha organizada para solicitar justicia por el asesinato de Sebastián Prado dónde se sumaron familiares de víctimas del delito, se pudo apreciar además que los manifestantes se pronunciaron por más y mejor seguridad, pero sin caer en la politización partidaria de un reclamo que es patrimonio de la sociedad toda.

Ese es el tenor que nos puede ayudar a encontrar las soluciones de fondo que la seguridad en la Provincia de Mendoza requiere.

En 1998 se conformó desde todo el espectro político una idea fuerza que terminó por generar una respuesta a la inseguridad. La reforma de seguridad se convertía en ley. El objetivo: conformar una fuerza más profesional, con mejores herramientas para enfrentar el delito.

Esa política de estado en materia de seguridad se ha abandonado completamente. Hay que recuperarla, sería la herramienta más eficiente y eficaz para recuperar la iniciativa contra el delito.

El gobierno debería convocar a la oposición para reconstruir la política de estado y renovar los paradigmas en materia de seguridad, seguramente los resultados de la gestión, serían más cercanos a las demandas sociales. Participación con mayor protagonismo de los foros de los Consejos de Seguridad Urbana; Políticas de prevención del delito con acciones concretas, otorgándole mayor reelevancia e intensidad a la inteligencia criminal; Incorporar acciones decididamente relacionadas sobre la actividad del narcotráfico, de la actividad de las pandillas urbanas, de las bandas armadas, del delito cibernético.

En ese mismo sentido se ha expresado públicamente el Ex. Gobernador de la Provincia Arturo Lafalla, quien precisamente fuera uno de los artífices de aquélla reforma que originara las leyes de seguridad.

También voces calificadas desde el mismo Gobierno de Mendoza, como la Subsecretaria de Justicia Romina Ronda diferenciándose de las autoridades del Ministerio de Seguridad, propone recuperar a la política de seguridad como política de estado.

El desafío nos obliga a abandonar actitudes pequeñas, la vida y los bienes de cada uno de los mendocinos se encuentran amenazados,  la hora nos impone liderazgo, ideas claras, objetivos concretos, un plan integral, y fundamentalmente el acompañamiento de la sociedad y las instituciones políticas de Mendoza.