En éste mismo medio y a través de una entrevista decíamos – ya por diciembre del año 2012 – que la situación penitenciaria general en la Provincia se encontraba muy deteriorada a pesar de que Mendoza ha llevado a cabo un proceso de inversión en la materia desde el gobierno de Iglesias en adelante. Esto significó el reacondicionamiento de la cárcel de Boulogne Sur Mer, San Rafael y Lavalle, agregando pabellones y mejorando las condiciones edilicias en general, hasta llegar a la inauguración del establecimiento de Cacheuta.
Sin embargo, la postura del Gobierno de Pérez ha sido – al igual que en el resto de las áreas de la administración provincial – hacer oídos sordos a las advertencias de la oposición, con una carencia de gestión rayana en la negligencia, en la desidia y la inoperancia.
El tiempo ha transcurrido y, a pesar de todo, no se ha hecho nada en la órbita penitenciaria.
El crecimiento de la población carcelaria hace que nuevamente estemos en una situación crítica: con superpoblación, hacinamiento y paupérrimas condiciones de salubridad y habitación. El crecimiento carcelario ha sido constante desde la inauguración del nuevo penal, a un ritmo promedio del 10% anual, cifra que de acuerdo a las autoridades penitenciarias se iba a duplicar ese año 2012.
La cantidad de camas previstas en la Provincia de Mendoza alcanza a 3.250, y en junio del año señalado ya había 3.080 internos. Hay que recordar que además la Provincia aloja a internos del sistema federal. Ellos sumaban en julio unos 317 (de los cuales 67 poseían prisión domiciliaria). Sobre el particular, el propio Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, anunció a mediados del 2012 que se inauguraría la ampliación de Cacheuta para presos federales en el 2014, de la cual aún no tenemos noticias.
Ahora bien, también decíamos que “Los establecimientos no cumplen con los objetivos que la Ley 24.660 establece para lograr la reinserción social de los internos. A raíz de la falta de espacio y el nombramiento de profesionales existe una escasez de talleres y actividades educativas, destinadas no solamente para recreo y esparcimiento, sino que quienes cumplen con las penas establecidas por la autoridad judicial, no consiguen realizar las actividades que les permitan obtener los medios teóricos y prácticos para obtener una capacitación acorde con los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías. Una política de seguridad debe ir acompañada indefectiblemente de un programa de gestión penitenciario acorde con la misma. Si la autoridad de gobierno, en consonancia con la justicia, decide ir por los dos o tres mil delincuentes que atentan contra los bienes y las personas en la Provincia, los establecimientos penitenciarios deben encontrarse en las condiciones adecuadas para alojamiento y tratamiento de los internos. Es urgente comenzar a planificar y ampliar Cacheuta para dar cobertura a las necesidades en materia de alojamiento penitenciario.”
Hoy es el mismo Gobierno mendocino quien admite la caótica situación penitenciaria. Ya habla de sobrepoblación, pensando en alternativas para resolver el colapso del sistema, como que el sector privado sea quien construya una nueva unidad penitenciaria. Es tal la gravedad que reconoce que la situación merece una solución urgente, pues existe la cierta posibilidad de nuevas sanciones internacionales y por ello estudia opciones más baratas y rápidas. El llamado a licitación para la adquisición de pulseras georeferenciales para arrestos domiciliarios, es ejemplo de esto.
Puede decirse, entonces, que las cárceles de Mendoza se encuentran en un estado explosivo. Los cinco establecimientos provinciales ya no tienen espacio, tienen todas sus camas ocupadas y hay que hacerle lugar (donde no lo hay) a nuevos ingresantes que se suman día a día, situación que – como hemos dicho – nos acerca a nuevas condenas de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Mientras tanto, el Gobierno de Pérez sólo se remite a hacer anuncios sobre probables planes de contingencia que atiendan a la crisis, pero sin resolver el problema de fondo. Todo ello pone en evidencia con suma claridad que ésta gestión, como continuidad del Gobierno de Celso Jaque, nunca tuvo un proyecto de seguridad.
Por SERGIO BRUNI
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