Notas de Opinión, Prensa ; 13 mayo, 2013 a 8:05 am

El Tribunal de Cuentas de la provincia se presta a comenzar su octava semana paralizado, y más allá de ésta coyuntura, el contralor del gasto del Estado es una de materias pendientes  que la novel democracia argentina, debe comenzar a aprobar.

En estos días de convulsión política previa a una etapa electoral, y multiplicada por la discusión de paritarias, índice inflacionario, depreciación de la moneda, blanqueo de capitales y política económica, entre otros, nos encontramos con un órgano de control del gasto gubernamental cuya actividad además de encontrarse actualmente suspendida, viene siendo cuestionada, ya sea por sus omisiones o por sus acciones,  por el nivel de los sueldos de los funcionarios que lo conforman (que en algunos casos superan al del propio Gobernador de la provincia) y ponen de manifiesto una irritable diferencia con el que percibe su propia planta de personal.

El problema de la corrupción del Estado, ha traído aparejada una crisis institucional difícil de calcular por la magnitud de sus efectos adversos. El Estado Nacional, ha ratificó por Ley Nº 24.759, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, publicada en el B.O. el 17/1/1997, lo que trae implícita la obligación de atacar este problema desde su raíz.

Este es un cáncer percibido por la sociedad, que necesariamente ha de ser extirpado para mejorar la calidad institucional, por cuanto además existe la idea generalizada de que no sólo es un problema ético sino también una desviada forma de gestión, que afecta el desarrollo económico, social e institucional. La lucha contra el germen descripto, junto con el afianzamiento del régimen democrático, y el art. 1 de la Carta Magna, son los puntales del sistema que nos rige desde la Constitución Nacional.

En este sentido, las transformaciones estructurales pendientes en el sector público provincial constituyen una de las principales líneas de acción, para cualquier gobierno que se proponga modernizar sus bases burocráticas, tendiendo a alcanzar una organización más eficiente de acuerdo al rol de cada unidad.

Su forma de financiamiento y la asignación de recursos, debe comenzar por otorgar herramientas de contralor que correspondan a la complejidad de los estados modernos, procurando siempre como objetivos la disciplina fiscal, la priorización real en la asignación de los recursos y la eficiencia en la puesta en marcha de políticas públicas de gestión.

Tomando en cuenta las restricciones de financiamiento vigentes, la deformación de la estructura estatal ha contribuido a profundizar la crisis de la actividad del aparato público, y a su vez poniendo en peligro su legitimidad.

Las transformaciones horizontales apuntan a producir cambios en sistemas que atraviesan transversalmente a toda la Administración en sus modalidades de gestión. Su importancia radica en que constituyen el apoyo y sostén administrativo para todas las actividades de carácter sustantivo. Optimizar y consolidar estos sistemas horizontales tienen como objeto una administración más eficaz y eficiente.

Estos criterios se introdujeron en la Administración Pública Nacional, al aplicar reformas en los sistemas de administración horizontales, particularmente en los casos de la administración financiera, a través de la sanción de la Ley Nº 24.156, que encomendó a diferentes organismos entre ellos la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoria General de la Nación (AGN) el control, tanto interno como externo respectivamente, de la actividad desplegada en el ámbito de la Administración Nacional. (Artículo 7 Ley Nº 24.156).

Actualmente más allá de cualquier consideración política sobre la tarea de contralor que cumplen ambas instituciones, la ley que las regula establece modernos criterios de revisión de las cuentas públicas y sobre todo de la gestión.

En el caso de la provincia de Mendoza las normas que crean y le atribuyen facultades a los entes de control (Tribunal de Cuentas y Fiscalía de estado) no establecen competencias de contralor sobre las actividades del estado, que tengan que ver con el control previo de los actos de gobierno, los principios de economía eficacia o eficiencia en la percepción de ingresos fiscales, y en el gasto de los mismos.

A partir de estas consideraciones creemos necesaria una reforma en nuestra legislación respecto de nuestros organismos de contralor, lo cuales deben modernizarse e incorporar los criterios que propugnamos, con el fin no sólo de combatir la corrupción sino que además servirán para eficientizar la tarea estatal redundando en beneficios para los mendocinos.

Por supuesto que además de receptar los principios señalados,  es necesaria una sincera vocación política en la lucha contra la corrupción por parte de quienes conducen los poderes ejecutivos, sea en la órbita nacional como provincial, y es aquí dónde los actuales liderazgos se encuentran en deuda con el ciudadano común.

Dr. Sergio Bruni

Link Permanente: http://www.sitioandino.com/nota/76409-control-del-gasto-estatal-despejar-dudas-para-consolidar-las-instituciones/

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