En este sentido y sin temor a equivocarnos, podemos decir que dicha reforma posee una significación análoga a la que tuvo en su momento la denominada Ley Sáenz Peña, pues se trata de un instrumento idóneo para lograr la necesaria apertura de los partidos políticos hacia la sociedad y para terminar con las estructuras anquilosadas que minan el camino de todo proceso electoral.
No obstante, el debate sobre la reforma del sistema de partidos políticos en Mendoza quedó trunco. Los intereses de las élites que manejan el radicalismo mendocino, dinamitaron el proceso que le permitiría a la provincia contar con elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), como sucedió este año para los cargos electivos nacionales.
Pero para comprender acabadamente la trascendencia de las PASO, debemos tener en claro que la incorporación de este novedoso sistema, fue consecuencia de un largo proceso que comenzó varios años atrás. A partir de la crisis del 2001 y como coletazo de la misma, la sociedad argentina encontró distintos carriles de participación por fuera de la representación tradicional. De esta forma, los nuevos movimientos sociales forjaron una modalidad de gestión e intervención que promueve la participación activa de los diversos actores de la sociedad, en un universo en el que la crisis de representación es un fenómeno dominante.
Este contexto se patentizó con la falta de confianza por parte de la ciudadanía en los partidos políticos tradicionales y, sobre todo, en las propuestas que los mismos presentaban, lo que se replicó también en las acciones de los organismos del Estado, casi como una consecuencia lógica.
Por ello, las Organizaciones de la Sociedad Civil se erigieron como actores protagónicos y representativos de los intereses de la ciudadanía y como la instancia de cambio para la resolución de problemáticas ante la profundización de la crisis y la consecuente demanda social insatisfecha por parte de quienes tienen el deber de ejecutar medidas tendientes a su satisfacción, aún tratándose de las más básicas y elementales.
Creemos firmemente que en el marco de la democracia participativa, la ciudadanía se fortalece y se recupera. El ciudadano se convierte en un actor protagónico en la construcción de una nueva modalidad en el proceso de toma de decisiones.
De esta forma y desde el regreso al conjunto de repúblicas que sostienen el Estado de Derecho y respetan la soberanía popular a partir de elecciones generales y libres, los partidos políticos, entre los cuales contamos a la Unión Cívica Radical, han intentado profundizar el concepto de la democracia participativa, que aparece entonces como la expresión de una nueva forma de democracia directa, ampliándola respecto de la primera. Desde esa posición los espacios de representación y participación de la ciudadanía le otorgan un rol más protagónico en el proceso deliberativo, estableciendo, con una importancia fundamental, la intensificación del accionar
ciudadano.
Bajo estas premisas, fue que la Carta Orgánica de la UCR ha sufrido distintas modificaciones, haciendo efectiva la mencionada apertura hacia la sociedad. En un primer momento se permitió la incorporación de ciudadanos independientes en sus listas electivas, luego también la participación de ciudadanos como electores en sus propias elecciones internas.
En esta dirección, la posibilidad de elección de los candidatos que los partidos políticos posteriormente presentarán como propuesta electoral, y la construcción de una idea, de principios, de proyectos, que esos postulantes le expondrán a la ciudadanía, modifica el proceso de participación. Se amplia y vuelve aún más inclusivo, cambian las condiciones de accesibilidad a la información, a partir de ello de ello cambia el lugar desde donde se participa, se elaboran propuestas, fijan prioridades para la atención de demandas, ‘‘deliberan’’ y asumen un rol de control sobre la gestión de las políticas gubernamentales.
La participación ciudadana permite abrir las puertas a un genuino proceso democrático, revalorizando principios y valores olvidados. Básicamente podemos decir que se democratiza el proceso de toma de decisiones, dotándolo de mayor transparencia, así, se recupera y amplia el ejercicio de los derechos ciudadanos, y se instaura un nuevo modelo de relación entre los ciudadanos y sus representantes.
Ésta toma de conciencia sobre los derechos y deberes que atañen, debe complementarse con normas claras y eficaces a fin de terminar con el clientelismo que generan estructuras cerradas e inalterables, que les permiten a quienes las dirigen, permanecer por tiempo indeterminado en su conducción. Los partidos deben abrirse y no abroquelarse en grupos cerrados. Sus representantes deben ser los mejores por mérito propio, no por méritos delegados.
En el sentido descripto, la nueva ley La Ley Nacional N° 26.571 de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, inauguró en el año 2011, una nueva etapa de los partidos políticos nacionales ya que modifica sustancialmente su vida y organización, determinando la modalidad de designación de candidatos por parte de los mismos mediante el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Pero no sólo termina allí, podemos destacar otros de sus aspectos relevantes: regula el financiamiento de las campañas electorales, creando un sistema de aportes para la impresión de boletas, aportes de campaña y la asignación de espacios en los servicios de comunicación audiovisual en forma exclusiva por la Dirección Nacional Electoral. Transparenta el aporte privado a los partidos políticos en las campañas, instaurando los informes sobre el origen y destino de los fondos para tales actividades y las rendiciones de cuentas, con las correspondientes medidas conminatorias y sancionatorias frente a su incumplimiento.
Por todo ello, resulta evidente que esta reforma le habría dado a la provincia mayor calidad institucional, permitiendo que sea la gente quien decida y no lo hagan unos pocos entre cuatro paredes. La experiencia fue muy buena a nivel nacional, hubo espacios en los medios de comunicación para cada candidato, igualdad de oportunidades y mejoraron las chances para todos.
Sin embargo, el egoísmo, la falta de criterio amplio, la visión cortoplacista con la que actuó la dirigencia provincial de la UCR, en particular su Presidente Alfredo Cornejo, cerró todos los caminos. Primó el sentido individualista, el criterio de lo efímero, y la construcción de una fuerza a base de la prebenda y el clientelismo.
¿Se ha convertido a la Unión Cívica Radical en un partido conservador, que sólo atiende los intereses de dos o tres dirigentes, que toman las decisiones por todos en soledad? ¿Ha decidido unilateralmente nuestra conducción partidaria dejar de lado las verdaderas y legítimas demandas sociales atendiendo sólo a sus intereses personales y negociando con el vil criterio del “toma y daca”, obteniendo prebendas mínimas y personales, a cambio de la cesión de privilegios que destruyen poco a poco la institucionalidad en la provincia? La ciudadanía a quién hoy negamos posibilidades de mejora y calidad institucional, política y de gestión, es quien mañana responderá con claridad estas inquietudes.
DR. SERGIO BRUNI
Abogado
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