Insistimos en la idea de que la autoridad política, con los consensos y la participación de todos los actores involucrados, debe construir un nuevo plan de seguridad, que tenga un carácter integral, que no pretenda remediar el problema exclusivamente con estrategias policiales, penales o sectoriales. Las nuevas formas del delito, las relacionadas con estupefacientes, con la informática, las pandillas, la falsificación y las salideras bancarias, requieren de una modernización continua en los procedimientos, instrumentos y acciones que las fuerzas de seguridad deben realizar.

De esta forma, los brazos del Estado tienen que concurrir oportunamente para evitar la comisión del delito. La inseguridad se debe abordar desde una visión integral, ya que las respuestas del Estado no deben procurarse solamente desde el sistema de seguridad. La educación y el desarrollo social son herramientas  fundamentales en la resolución de esta problemática.

Así, es inevitable plantear como factor preponderante en ése plan de seguridad y como fundamento del mismo, a la prevención del delito. La experiencia y estudios académicos han precisado al menos tres tipos de prevención que han resultado eficaces para reducir los índices de delincuencia de manera independiente o utilizados en combinaciones. Éstos son: la prevención social, la prevención comunitaria y la prevención situacional del delito.

Así lo ha determinado el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado en Salvador de Bahía en abril de 2010: “Las estrategias de prevención social del delito tienen la finalidad de acrecentar el bienestar del grupo objetivo. Al aumentar el acceso a bienes sociales como la salud, un entorno seguro y sano, el empleo y la educación, los objetivos de prevención social del delito reducen los factores que impelen a los ciudadanos marginados a recurrir al delito como oportunidad de carrera viable.”

“La prevención comunitaria del delito se orienta a cambiar  las condiciones de vida de los vecindarios que sufren privaciones y bajos niveles de cohesión social, en que son altos los riesgos de que se involucren en el delito o sean sus víctimas.”

“La prevención situacional del delito tiende a reducir las oportunidades e incentivos para los transgresores, maximizando los riesgos de que sean atrapados y minimizando los beneficios del delito mediante técnicas como el diseño ambiental satisfactorio de los espacios públicos y la vivienda, y la prestación de asistencia a las víctimas.”

Además de estas importantes estrategias, en la realidad de la Provincia de Mendoza, cabe considerar que se deben completar con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Resulta de una ineficacia provocativa que a 8 años de su “implementación” se encuentre en el actual estado.

Pero además de fomentar la eficiencia y capacidad del sistema de justicia, es importante atender las falencias intrínsecas del sistema penitenciario que contribuyen a la comisión de delitos como: la carencia de tratamiento integral de los internos, la indignidad de la vida intramuros, la falta de seguimiento en la faz de confianza (atendiendo fundamentalmente al desempleo), el acceso limitado a servicios satisfactorios de salud y vivienda, y el tráfico de sustancias prohibidas, factor preponderante para colocar a los establecimientos penitenciarios al borde del colapso permanente.

Son abundantes las pruebas de la relación existente entre la delincuencia, la violencia y el uso indebido de drogas. Cada vez se encuentran más personas severamente afectadas en su salud mental por los efectos del consumo sostenido de drogas. Cuando se cometen delitos bajo los efectos de estas, la ferocidad y la imposibilidad de detenerse, de agredir, son características comunes, si a ésta dramática situación, le sumamos la situación de encierro, nos encontramos en un estado complejo, que torna de imposible conclusión la resocialización de los internos.

Estamos hablando de la historia crónica de las cárceles: la carencia de tratamiento serio de los internos, comprobada en la continua reincidencia, y la falta de programas de reintegración postpenitenciaria (atención a liberados).

Es ineludible, reconsiderar la política penitenciaria, a fin de realizar los actos útiles para cumplimentar los extremos previstos en la Ley 24.660. En particular lo referido a la educación y la formación laboral, con el fin de facilitar seriamente la reinserción social de los internos.

Para la factibilidad del cumplimiento de estos dos últimos puntos, es requisito inevitable que el sistema penitenciario posea la infraestructura necesaria a tal fin, situación que dista mucho en la actualidad. Estamos hablando de metas de difícil cumplimiento, con cárceles funcionando casi al límite de su capacidad de alojamiento (muy cerca del hacinamiento), con mínimas condiciones para la educación y el trabajo de los internos, involucrando además en el mismo espacio a menores de dieciocho años con internos que no siendo adultos superan esa edad, y poseen antecedentes concretos de fugas disturbios y hasta muerte de internos de la DINAF.

Es imprescindible atender a todas estas circunstancias y a las consecuencias negativas que de ellas derivan. El crecimiento carcelario ha sido constante desde la inauguración del nuevo penal, a un ritmo del 10% anual, cifra que de acuerdo a las autoridades penitenciarias se iba a duplicar este año. La cantidad de camas previstas en la provincia de Mendoza alcanzan a 3.250 y en junio ya había 3.080 internos. Hay que recordar que además la provincia aloja a internos del sistema federal. Ellos sumaban en julio unos 317 (de los cuales 67 poseían prisión domiciliaria), según manifestaciones del Ministro de Justicia de la Nación Julio Alak.

Una política de seguridad debe ir acompañada indefectiblemente de un programa de gestión penitenciaria acorde con la misma. Si la autoridad de gobierno en consonancia con la justicia, deciden ir por los dos o tres mil delincuentes que atentan contra los bienes y las personas en la provincia, los establecimientos penitenciarios deben encontrarse en las condiciones adecuadas para alojamiento y tratamiento de los internos. Debemos dirigir las energías del Estado a la verificación de cumplimiento de leyes, de los requerimientos básicos, e idear un manual de procedimiento y/o reglamento tanto para el tratamiento como para los tratantes y/o personal.

Es necesario un cambio radical hacia conductas políticas responsables que aseguren el cumplimiento de las leyes en pos de una buena respuesta a la sociedad sobre la inseguridad, más allá del dolor de las victimas y el error humano de los internos.

* Sergio Bruni es abogado, fue subdirector del servicio penitenciario durante el gobierno de Felipe Llaver y profesor de penología en la escuela del servicio penitenciario, ha recorrido cárceles de diversos países de América y Europa, como así también ha disertado en numerosos foros acerca de esta temática. Es coautor de las leyes de reforma de seguridad en Mendoza e intengró durante 10 años la Comisión Bicameral de Seguridad, de la cual fue presidente en dos ocasiones.

Link Permanente: http://www.sitioandino.com/nota/61112-carceles-mas-seguras-sociedades-menos-inseguras-por-sergio-bruni/