Recientemente el Gobierno Nacional anunció la extensión, por noventa días más, del denominado régimen de exteriorización de divisas, un eufemismo más que “el modelo” ha inventado para referirse nada más ni nada menos que a un burdo proceso de blanqueo de capitales.

Desde su lanzamiento allá por el mes de julio a través de una conferencia de prensa de la cual participaron todos los integrantes del gabinete económico – incluyendo al encargado de los ingresos públicos, el Administrador general de la AFIP Guillermo Etchegaray – el anuncio fue de características altisonantes con expectativas de conseguir entrada de divisas por unos 4.000 millones de dólares. Esa cifra contrasta fuertemente si vemos el resultado hasta el día de la fecha: solo 341 millones de dólares.

El argumento central planteado por el Gobierno para justificar el lanzamiento del blanqueo era la cantidad de dólares que los argentinos tienen “en el colchón” o el exterior.

Así, comenzamos a escuchar hablar del Certificado de Depósito para la Inversión (CEDIN), que se presentaba como medio de pago e instrumento financiero. Era una herramienta que el kirchnerismo proponía como una oportunidad de reactivación para el mercado y un incentivo para estimular, de la misma manera, la construcción de viviendas. Pero lo cierto es que el blanqueo no convenció. Ni aún a los propietarios de fondos que pudieran tener origen en hechos ilícitos.

Desafortunadamente y pese a que, al menos en apariencia, los objetivos de dichos certificados parecerían de gran importancia, sobran argumentos en relación a su fracaso. Los probables inversores advierten que nos encontramos ante una gestión económica sin conducción, abrumada por la falta de credibilidad, con disputas internas, con fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de la iniciativa, con un cuadro de desmanejo de las variables macroeconómicas, un crecimiento de la expectativas inflacionarias, sin mencionar la rotunda caída de la competitividad y el establecimiento del cepo cambiario, en un marco de constante disminución de las reservas depositadas en el Banco Central.

No es menor tampoco el hecho de que su lanzamiento se produce en pleno año electoral, a poco tiempo de concretarse la elección general, con una probable derrota oficialista y con la oposición cuestionando y, hasta denunciando, algunos aspectos de la operación de blanqueo.

Dicha operación se ha tratado de mostrar a través de otra opción: los BAADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico). La misma se realizó a través de fondos depositados en el exterior. La suscripción, indicaron los responsables de la compañía Bridas encargada de su efectivización, «se hará por residentes en el exterior, no estando sujeta a ningún régimen de exteriorización de divisas».

No obstante y pese a estos intentos, en la Provincia, según información periodística, el blanqueo sumó sólo cuatro millones ochocientos mil dólares estimando unos tres millones cuatrocientos mil dólares correspondientes a negocios a través de los CEDIN y un millón cuatrocientos mil a los BAADE.

Aún más, en este contexto, dos conspicuos integrantes del oficialismo nacional, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el senador Aníbal Fernández, reconocieron en los últimos días que el proyecto no cumplió con los objetivos, y hasta que no debiera extenderse la vigencia de la operatoria.

La realidad es que la pérdida del superávit fiscal, los conflictos con los países integrantes del Mercosur por la limitación de importaciones, la destrucción del INDEC,  la falta de admisión de la realidad inflacionaria, la colocación del cepo cambiario, son algunos de los problemas que, en lugar de atenderse con medidas eficientes y coherentes, terminaron generando respuestas espasmódicas como los Certificados de Depósito para la Inversión (CEDIN), y hoy la extensión de su plazo de vigencia, el que parece dirigirse hacia una misma conclusión: un exitoso fracaso.

Sergio Bruni para Sitio Andino

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