Noticias en General, Prensa ; 17 mayo, 2010 a 4:09 pm

Legislador radical presentó una iniciativa para crear un protocolo único. Otro colega acusó al Ejecutivo de trabar un proyecto similar.

17/05/2010 | Como es costumbre, cada vez que tan sólo se menciona la palabra «aborto» funciona como disparador de un sinfín de polémicas que van desde fundamentadas hasta fundamentalistas.

Incluso aún cuando se trata de casos considerados abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal.

Junto con el proyecto presentado el miércoles pasado por el senador radical Sergio Bruni en la Legislatura -donde se establece un protocolo formal para estos casos excepcionales que autorizan a la interrupción del embarazo-, en la misma Casa de Leyes, aunque en el recinto de Diputados ‘duerme’ desde hace un año y medio otro proyecto similar.

Se trata de una iniciativa del diputado Ricardo Puga, quien propone elaborar un listado fijo de profesionales dispuestos a intervenir en estos casos. Según denuncia el legislador del Proyecto Independiente Mendoza, «el proyecto está estancado en la Comisión de Salud y no se lo trata porque falta predisposición del Poder Ejecutivo».

Sin embargo, el presidente de esa comisión, Alberto Recabarren negó que se trate de una postura del oficialismo contraria a facilitar los procedimientos en este tipo de abortos autorizados. «Cuando se lo comenté a la mayoría de los médicos que conozco, todos reaccionaron igual. Me dijeron que estén o no estén en la lista, van a quedar estigmatizados y estarán expuestos a escraches», destacó por su parte el diputado oficialista.

Latente

La polémica siempre está. Esta vez se reavivó con el proyecto que Bruni presentó la semana pasada en la Legislatura y que busca articular un mecanismo único para seguir en aquellos casos de embarazo que estén contemplados dentro del inciso 1 y 2 del mencionado artículo.

Según ese apartado del Código Penal, la interrupción del embarazo está permitida ?si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios’ y ?si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente’.

«Las prescripciones en el Código Penal tienen más de 90 años y son claras. Sin embargo, se hace necesario regular el procedimiento en los hospitales de la provincia de Mendoza, ya que son remisos a realizar este tipo de prácticas médicas por diversas causas, fundadas tanto en factores ideológicos y sociales como atinentes a la gestión sanitaria pública», aseguró Bruni, quien destacó que la negativa por parte de los efectores a realizar un aborto no punible constituye una «violación a los derechos humanos».

Entre los fundamentos esgrimidos por Bruni, se destaca la problemática de los abortos clandestinos que, en el caso de las mujeres que habitan en zonas más vulnerables y no cuentan con los recursos suficientes, terminan por realizarse en condiciones infrahumanas.

«Las mujeres de menores recursos que recurren a la práctica de abortos en pésimas condiciones sanitarias, abortos que no se realizan en el subsistema público de salud pese a no ser punibles para nuestra legislación, son las más vulnerables y desprotegidas. No ocurre así con las mujeres de los sectores medios y altos que cuentan con el dinero suficiente para recurrir al costoso y lucrativo circuito clandestino. La diferencia de recursos se traduce con frecuencia en la distancia entre la vida y la muerte», se despachó.

El proyecto establece que, siempre y cuando sea un caso contemplado en la normativa y la mujer haya manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo, el aborto deberá realizarse durante los siguientes seis días.

Asimismo, cada situación posible deberá estar acompañada por algo que lo certifique. Por ejemplo, en caso de que la continuidad de la gestación pudiese poner en riesgo la vida o salud de la embarazada, esto deberá constar en la historia clínica de la mujer.

En caso de que el embarazo sea fruto de una violación, independientemente de si ponga en riesgo la salud de la embarazada -siempre de acuerdo al proyecto-, será imprescindible la denuncia judicial sobre el hecho.

En los dos casos hipotéticos, la mujer que solicite la intervención deberá prestar por escrito su consentimiento. Pero, de tratarse de una mujer ?idiota o demente’ (tal como lo establece el Código Penal), el pedido de aborto deberá ser solicitado por su representante legal, junto con la denuncia judicial.

«La idea es poner fin a las polémicas que se suscitan cada vez que un caso de aborto no punible se presenta en la sociedad, tome estado público o no».

Lista única

La iniciativa del senador radical es la segunda que se presenta en la Legislatura en un año y medio. Con anterioridad, Puga hizo lo propio en la Cámara de Diputados, aunque su iniciativa nunca prosperó.

«No se ponen de acuerdo en el Poder Ejecutivo y el proyecto está trabado dentro de la Comisión de Salud. Teniendo en cuenta que ya está contemplado legalmente este tipo de abortos, lo único que yo planteo en el proyecto es el procedimiento para que el Ministerio de Salud confeccione una lista única de profesionales que no hagan objeción de conciencia, es decir, que dejen manifiesto que no tienen ningún impedimento moral o religioso para participar de alguna operación cuando se presente un caso como éste», destacó Puga, haciendo hincapié en que son casos que están dentro de la ley.

El presidente de la comisión a la que acusa Puga de trabar el proyecto, Alberto Recabarren, también se refirió a sus razones.

«Va en contra de la ética profesional hacer una lista con nombres que van a salir en todos los medios. Todos los médicos con los que he hablado me han dicho que, si llega a aprobarse así, van a estar inquietos y preocupados porque, además, se van a transformar en blanco fácil de escraches. Ya sea los que se opongan o los que acepten», alegó Recabarren.

Sin embargo, el diputado justicialista le quitó importancia al proyecto. «No va a modificar nada, porque en cada hospital provincial tienen su equipo médico para hacer estas intervenciones cuando surja un caso», sentenció.

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URL http://www.losandes.com.ar/notas/2010/5/17/sociedad-490285.asp

 

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