El dirigente radical, ex legislador y autor de diversas leyes sobre la temática, critica a quienes le piden la renucia al ministro Aranda y propone un nuevo acuerdo político.

«La función de la Comisión Bicameral de Seguridad o de alguno de sus integrantes no es la de pedir renuncias de funcionarios del Ejecutivo Provincial», comienza diciendo Sergio Bruni al ser consultado sobre la reacción política sobre los últimos asesinatos. Y en esa línea el ex legislador radical critica tácitamente a los cinco integrantes del bloque de diputados demócratas que firmaron un proyecto de resolución para solicitarle a Francisco Pérez que remueva al ministro de Seguridad, Carlos Aranda de su cargo.

A entender de Bruni, «la permanencia o la renuncia de un ministro no es óbice para el éxito o el fracaso de la política de seguridad. Por otra parte, Aranda no es el único responsable de la inseguridad que vivimos. Lo que debemos en serio discutir es el tipo de políticas que en esta materia debemos aplicar».

«Cuando vivimos el grave suceso de tentativa de robo al camión de caudales en Godoy Cruz, y el homicidio de Matías Quiroga, ya decíamos que se producía un punto de inflexión irremediablemente en la política de seguridad de Mendoza.: debíamos relanzar una nueva politica de Estado en materia de seguridad para la provincia. Los últimos violentos y escalofriantes hechos parecen acrecentar nuestras razones. La seguridad pública requiere de un repensar permanente en sus paradigmas», continúa analizando Bruni.

¿Por qué llegamos a esto?, se le consultó a Bruni, considerando que el gobierno anterior realizó una inversión multimillonaria en seguridad, «la más importante de todos los tiempos», según él mismo califica. «La sola inversión en equipamiento, no es condición necesaria y suficiente, a fin de ser eficaz y eficiente en seguridad. Hay que sumarle liderazgo, profesionalismo, plan de seguridad, y una constante renovación del estudio en cuanto a los arquetipos delictuales», responde.

«Un nuevo plan de seguridad debe construirse desde la autoridad política, con los consensos y la participación de todos los actores involucrados. Debe tener un carácter integral, no podemos pretender remediar el problema exclusivamente con estrategias de carácter policial, penales o sectoriales. Las nuevas formas del delito, las relacionadas con estupefacientes, con la informática, las pandillas, la falsificación y las salideras bancarias, requieren de una modernización contínua en los procedimientos, instrumentos y las acciones que la fuerza de seguridad debe realizar», afirma.

«Con las leyes de seguridad 6721 y 6722 -continúa diciendo el dirigente radical- se procuraba generar un orden, un método y un objetivo a la fuerza policial, despojándola de sus meros intereses corporativos, estableciendo una política de seguridad, profesionalizándola a través del Instituto Universitario de Seguridad, con un fuerte liderazgo imbuido en el espíritu de la vocación de servicio».

«El Gobernador debe ser el principal referente de la policía de Mendoza, esa es su función natural, conducir la política de seguridad. Esa política de seguridad debe ser además plasmada por civiles y atender a las causas reales del delito, trabajando mancomunadamente la policía de Mendoza con otras áreas del gobierno».

«Hay que profundizar la utilización de la tecnología, la innovación, la integralidad. Debe haber un plan de seguridad, una conducción de civiles capacitados, la profesionalización de la fuerza, la necesidad de fortalecer la inteligencia criminal, el trabajo en conjunto a partir de los consensos mínimos sobre la seguridad como política de Estado. Objetivos serios de compleja concreción, pero que sin lugar a dudas, nos otorgarán los resultados que el voluntarismo y la improvisación seguramente jamás alcanzarán», concluyó Bruni. (co-autor de las leyes de seguridad 6721 y 6722).