En distintas notas publicadas en ésta misma columna venimos planteando que desde el Gobierno de la provincia en materia de seguridad se deben realizar con premura dos acciones, regresar a la política de estado en seguridad y actualizar el paradigma sobre la materia.
Por supuesto que hasta ahora y salvo que no hayamos estado atentos, ni se ha convocado a la oposición a participar de la política de seguridad, ni se han actualizado las políticas que el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de Mendoza llevan adelante.
Según las estadísticas publicadas por la Justicia de la Provincia para la primera circunscripción judicial los delitos tipificados como robos agravados (es decir por ejemplo con uso de armas) habían pasado de 10.791 en 2011 a 11366 en 2012. en cuanto a los robos simples para el mismo período, pasaron de 20210 a 21553, manteniéndose la proporción de homicidios en una cifra que ronda los más de cien homicidios al año.
Un equipo de seguridad que pasa de una gestión a otra, como mínimo requiere de una oxigenación significativamente superior, al generado por el cambio del director de seguridad. La cartera de seguridad debe ser el área con mayor presión y expectativas de éxito que nuestra sociedad vuelca sobre el gobierno. Esa expectativa sumada a los discretos resultados, genera un desgaste que en lugar de motivar a sus integrantes termina por socavar el convencimiento en lo que se hace, y fundamentalmente la pérdida de liderazgo en sus autoridades. Convocar a la oposición en la construcción de una nueva política de estado y renovar los paradigmas en materia de seguridad, le otorgarían a ese equipo el oxígeno suficiente para lograr resultados más cercanos a las demandas sociales.
Si bien se sostienen desde lo formal, me refiero a las instituciones creadas por la reforma de seguridad establecida en las leyes 6721 y 6722, la política de estado en materia de seguridad ha quedado en stand by, reducida a un intercambio de ideas circunstancial en los ámbitos legislativos, y a la permanencia de los partidos de oposición en las áreas de control sobre el accionar policial.
Con eso no basta, se requiere una participación con mayor protagonismo de la política en la generación de ideas y acciones sobre seguridad, como así también una real intervención del conjunto de la sociedad en los foros sobre el tema, para ello el gobierno debería reactivar la actividad de los Consejos de Seguridad Urbana.
Establecer políticas de prevención del delito, siguiendo las recomendaciones de instituciones supranacionales, “las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas” – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2007, p. 303-.
Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos, reduciéndose también los gastos relacionados con el sistema formal de justicia penal, como también otros costos sociales resultantes de la delincuencia, y como decíamos, otro punto interesante es la puesta en valor de la participación de la comunidad y las asociaciones, convirtiéndose en instrumentos relevantes dentro del concepto de prevención del delito.
En el mismo sentido entendemos que se deben incorporar acciones decididamente relacionadas sobre la actividad del narcotráfico, de la actividad de las pandillas urbanas, de las bandas armadas, del delito cibernético, de las salideras bancarias. Es decir que se debe establecer mayor reelevancia e intensidad a la participación en el equipo de seguridad a la denominada inteligencia criminal.
Es común y a diario enfrentarnos con titulares en los medios gráficos, radiales, televisivos o de la web, con frases tales como, “lo ajusticiaron con un disparo por la espalda”, “muere por un ajuste de cuentas”, “lo matan desde una motocicleta en movimiento”, “joven muere por un disparo en la cabeza”.
Cada uno de esos homicidios no ocurren por que sí, generalmente se encuentran relacionados con actividades y sucesos previos, ordinariamente vinculados al accionar de las pandillas, de las bandas urbanas, o del narcotráfico. Sobre esos hechos las autoridades a cargo de la inteligencia criminal deben actuar, siguiendo protocolos actualizados, generando un mapa del delito con información en permanente evolución, intercambiando información con autoridades de otros estados provinciales como nacionales, infiltrando las bandas y pandillas a fin de conocer sus actividades, ya sea para limitar los probables perjuicios en las personas o en sus bienes personales, o desbaratarlas definitivamente.
La información en materia de inteligencia criminal es vital, como también el almacenamiento de la misma.
La inteligencia es una disciplina que emplea el método científico sustentado en hipótesis, y que para poder avanzar en su cometido debe recurrir al auxilio de ciencias como la criminología, diferentes ramas del derecho, penología, criminalista, sociología, psicología, etc., necesarias para estudiar la naturaleza, extensión y causas del crimen; características de los delincuentes y de las organizaciones criminales, operatividad de las prisiones y otras instituciones carcelarias; índices de reincidencia y sus causas y la prevención del delito en general.
Por esos motivos es realmente necesaria la adopción de tecnología de punta ya sea relacionada con el software como del hardware, y la capacitación permanente del personal a cargo, a fin de llegar a resultados positivos en la lucha contra el delito.
Sin embargo nada de lo dicho puede llegar al éxito si no poseemos previamente el liderazgo que se requiere para encauzar una fuerza como la de seguridad. Para ello se requiere de ideas claras, objetivos concretos, un plan integral, y fundamentalmente el acompañamiento de la sociedad y las instituciones políticas.
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