Levantarnos una mañana e informarnos sobre la firma y posterior publicación en el Boletín Oficial de un decreto de la presidenta Cristina de Kirchner sobre la creación de una institución del Estado destinada a “formar o velar por el pensamiento nacional” nos traslada a otros tiempos, cuando se le decía al hombre común de qué manera se debía pensar, qué ideas eran las correctas, qué pensamientos se encontraban en el sentido “conveniente y cuáles no”.
Eran los gendarmes de la esfera íntima del hombre, la “Santa Inquisición”, los dueños de nuestras ideas. A fines del siglo XVIII, desde el llamado Iluminismo, a partir de la redacción de los derechos del hombre nacidos en la Revolución Francesa, las ideas, nuestros pensamientos, las ideologías, quedaban reducidas al ámbito de lo privado; artículo décimo: “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”.
La libertad de expresión fue otro de los derechos protegidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo undécimo: “La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.
Esos derechos quedaron retratados en la frase de uno de sus mayores expositores, Voltaire: “Yo no comparto tu opinión, pero daría mi vida para defender tu derecho a expresarla”. La creación de semejante organismo público ha servido para que distintos sectores de la vida política, social y cultural de la Argentina se expresen en contrario. Así algunos, y con toda razón, han comparado la institucionalización del pensamiento nacional con creaciones de la cultura humanista universal como la genial obra literaria de Orwel, 1984, y su “gran hermano”, que con su ojo amenazante todo lo veía y todo lo escuchaba, logrando la alienación total del individuo y la  eliminación de cualquier atisbo opositor.
El rechazo a semejante atentado a la dignidad humana surge de los sectores que defienden las libertades públicas obtenidas precisamente luego de la noche más oscura de la vida política institucional de la Argentina, el Proceso de Reorganización Nacional, impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar a partir de 1976. Es, además, un verdadero contrasentido.
Este Gobierno nacional, que ha motorizado los juicios por la memoria y la verdad, que complementan la tarea del gobierno de Raúl Alfonsín, bajo cuyo impulso se hizo el juzgamiento a las Juntas Militares responsables del genocidio y de la eliminación de los derechos humanos, contraría precisamente con esta decisión esos valores e ideas, que se oponen a cualquier orden que atente contra las libertades individuales. El pensamiento  nacional se construye entre todos, sus permanentes arquitectos, los estamentos de la cultura, la ciencia y el conocimiento establecidos en las organizaciones de la vida social y política. Son las universidades públicas y  privadas, las escuelas, las ONG, las asociaciones civiles, los medios de comunicación, entre otros, quienes a diario generan la materia prima y su expresión.
Sólo requieren que el Estado, a través de las instituciones de la República, les garantice libertad, sin cortapisas o gendarmes que limiten o velen el pensamiento individual ocolectivo de los argentinos.

*El autor es abogado y ex legislador de la Unión Cívica Radical

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