Así la magnitud relativa de los últimos grandes terremotos ha sido, en orden creciente, la siguiente:
1) En el de Mendoza de 1985 fue de 5.7
2) En el de Northridge de 1994 fue de 6.8
3) En el de Loma Prieta de 1989 fue de 7.1
4) En el de Caucete de 1977 fue de 7.2
5) En el de Chile de 1985 fue de 7.8
6) En el de Mexico de 1985 fue de 8.1
7) En el de Chile de 2010 fue de 8.8
De acuerdo a lo dicho, las pérdidas en vidas humanas en América Latina superan en las últimas décadas los 20.000 habitantes sin contabilizar el desastre de Haití, en tanto que en bienes materiales las cifras ascienden a miles de millones de dólares.
Una mención especial merece el último terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010 en nuestro vecino país de Chile en donde transcribimos las siguientes tablas según último informe oficial dado por la comisión evaluadora y que pone de manifiesto de lo que estamos hablando:
En el contexto mundial y según la página oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el terremoto del 27 de febrero se sitúa en el lugar número 7 de los 10 mayores terremotos registrados en la historia mundial.
Efectos del Sismo
En términos de vidas humanas y daños en la construcción, hay 342 fallecidos, 95 personas desaparecidas, 17 Hospitales fuera de servicio, 2.750. Escuelas inhabilitadas, 370.051 Viviendas dañadas y una estimación pérdidas totales por miles de millones de dólares estadounidenses (MM US$ 29,662).
Sin lugar a dudas el orden del daño es inmenso más aún si tenemos en cuenta que la recuperación o el período de reconstrucción de una ciudad desvastada de esta manera es sumamente lento no sólo desde el punto de vista material sino psicológico y espiritual. (Aún hoy a 25 años del último temblor ocurrido en Mendoza, en el departamento de Godoy Cruz, se ven vestigios del daño ocasionado en 1985).
Indudablemente frente a esta problemática Mendoza no está exenta y debe tener muy en cuenta el aprender y asimilar de las experiencias que han dejado los últimos terremotos. Actualmente se sabe y es de público conocimiento las diferencias en referencia a los códigos de edificación que están en vigencia en las distintas comunas, generando un sin fin de discrepancias aún en la decisión de inversión de proyectos nuevos.
De acuerdo a los últimos terremotos ocurridos a nivel mundial (Chile, Japón, México) las conclusiones de los investigadores se pueden resumir en las siguientes:
Rigidez, resistencia y ductilidad.
Surge entonces, de lo anteriormente detallado por las experiencias acumuladas, una seria problemática actual: ¿qué hacemos con los edificios EXISTENTES que se construyeron tiempo atrás y están fuera de los últimos conceptos tecnológicos descubiertos (como ser el confinamiento) o de las nuevas solicitaciones debido a los sismos y vientos de la última década, como así de la NORMATIVA VIGENTE, y que todavía siguen en funcionamiento? En este sentido se están estudiando distintas alternativas a nivel mundial ya que estamos ante un tema de alto IMPACTO SOCIAL por todos los inconvenientes que el mismo trae aparejado.
Especialistas a nivel mundial, dentro de los que podemos citar al Ing. Bertero, en un artículo editado por la revista C&G en enero 1997, opinan que lo mínimo que debemos exigir es que las mismas sean rehabilitadas de acuerdo a los códigos presentes, el problema está en que los métodos tradicionales son sumamente onerosos (por ejemplo, se sabe que aproximadamente recuperar un edificio en zona sísmica frente a las nuevas exigencias de los códigos oscila en un 25 % del valor del mismo) y dificultosos debido a que exigen desalojos, fuera de servicios en forma parcial o total de los locales del mismo y en tiempos extremadamente largos.
Por tal motivo en la actualidad ya se está trabajando sobre soluciones estructurales mediante dispositivos de acero que tienen por función disipar energía y de esta forma poder absorber el impacto ocasionado por una excitación destructiva en la base de la edificación (situación originada por un terremoto por ejemplo).
Estos dispositivos permitirían una rehabilitación del edificio mucho menos costosa, rápida y de menor entorpecimiento (no precisa desalojos importantes, ni causa molestias a largo plazo ni conflictivas de fuera de servicios, roturas extremas, encofrados o apuntalamientos que obligarían a una paralización parcial o total de las actividades de la edificación).
Sin ir más lejos, en nuestra propia provincia, según el informe de los especialistas el 80% de los edificios en altura levantados en Mendoza lo han hecho bajo normativas y códigos obsoletos y deberían ser reforzadas (así lo manifiesta el Ingeniero Carlos LLopiz, Director del Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico – IMERIS –
En función de parámetros de costo y rigideces a modificar podemos mencionar las exigencias a implementar llegando al 100% para las obras importantes, pero deja evidentemente una zona sin respuesta que son todas las edificaciones que no son modificadas y por cuyo destino y función en el presente quedan fuera de las demandas actuales. Por otro lado, la misma normativa nos deja muy claro la “importancia” para las edificaciones nuevas, haciendo referencia al destino y funciones de las mismas, abriendo por lo tanto un camino consistente por donde comenzar.
De lo expuesto surge entonces la necesidad inmediata de trazar un plan que permita ir preparando y previniendo la ciudad de un posible terremoto, más si se piensa que ya han transcurrido 150 años del último y los especialistas especifican en los códigos recurrencias que debemos esperar un terremoto de este tipo en el orden de los 100 años. Los últimos movimientos en el sudeste asiático, los terremotos en Japón, los tsunami de las costas Asiáticas y de Oceanía junto con el Terremoto del 27 de febrero en Chile, nos indican que el cinturón de fuego próximo a Mendoza se encuentra muy activo Luego del sismo reciente en Chile se ha detectado movimientos recurrentes en Neuquén, Salta, Perú y Ecuador.
Por este motivo urge la necesidad de construir una matriz de edificación que contemple las medidas de reforma estructural a las edificaciones mayores de 10 años en Mendoza. Esto posicionaría a Mendoza como un referente en orden mundial y especialmente en América Latina. Sería una de las pocas o únicas precursoras de iniciar un programa de esta índole al realizar un trabajo preventivo del cual muchos hablan pero nunca se concreta, debiendo luego lamentar daños ya causados (la mayoría de ellos irreparables o irreversibles).
El impacto positivo, además del directo, de un programa así, implicaría movilizar el sector de la construcción con su consabido impacto general por todos los rubros que moviliza, dar mano de obra, promover inversiones, evitar también los trastornos de orden indirecto que ocasionan acontecimientos de esta índole (saqueos por problemas de abastecimiento, hacinamiento por falta de techos y viviendas, enfermedades por problemas higiénicos); como en el largo plazo (aumento de precios en alquileres y servicios, problemas laborales por falta de empleo y trastornos sicológicos por pérdidas de seres queridos, situaciones de violencia, despidos y demandas, abandonos de regiones, etc.).
Si observamos los costos del terremoto del 2010 en Chile en edificios públicos por ejemplo y solamente nos remitiéramos a evitar una pérdida del 5% de ellos, es decir unos USD 530 millones, este valor podría llegar a representar unos 80 edificios de nuestro medio, de cinco pisos c/u en promedio, lo cual arrojaría una superficie cubierta total estimada del orden de los 400.000 m2, situación más que valorable si pensamos que el costo del programa, en recuperar estos ochenta edificios, implicaría solamente un 2.5% de este valor (estimativamente USD 13 Millones, es decir unos 50 millones PESOS) otorgando un beneficio muy superior al rango estimado.
Así, y de acuerdo a la clasificación establecida por el Código, presentamos en la legislatura un proyecto de ley cuyo número es el 60.752 y que pretendía iniciar un programa de recuperación edilicia destinados a la actividad pública (edificios públicos pertenecientes al grupo Ao y A) para luego, de la experiencia recogida poder trasladarlo a la actividad privada. Su tratamiento y sanción definitiva sería un avance importante.
Comentarios