Noticias en General, Prensa ; 7 marzo, 2000 a 3:33 pm

Lo aprobó la Legislatura provincial

  • Intentan reducir el armamento ilegal y bajar los índices de delincuencia
  • A quien entregue su arma le darán alimentos o acceso a planes sociales

    ROXANA BADALONI. Mendoza. Corresponsal
    Pistolas, revólveres, escopetas y explosivos sin registrar a cambio de comida, empleo, planes de vivienda, herramientas o artículos para el hogar. Así funcionará el novedoso «plan canje» que la Legislatura de Mendoza convirtió en ley con el objetivo de que la gente le entregue al Estado las armas que tiene en su casa.

    El Gobierno mendocino espera que esta ley, que entrará en vigencia en 30 días, le permita controlar el mercado negro de armas y así bajar los índices delictivos. El plan estará vigente durante seis meses y, si funciona, se lo prorrogará por seis más. No es una idea inédita: el tema ya fue tratado por el Consejo Nacional de Seguridad y, si es factible en Mendoza, podría ser aplicado en todo el país.

    El modelo de desarme de la población fue copiado de ciudades de Alemania y Estados Unidos, donde las armas pueden canjearse por dinero. Aquí hay dos diferencias: la primera es que en la Argentina la tenencia de armas sin registrar es un delito, lo que plantea una contradicción entre la ley provincial de canje y el Código Penal (si no se castiga al que entrega un arma se pasa por alto la ley penal). La se gunda es que el Gobierno mendocino no canjeará armas por plata, sino por vales.

    Esos vales «asistenciales», como los denomina la flamante ley, le serán entregados a todo aquel que le entregue a la Policía un revólver, una pistola, una escopeta o explosivos que no haya registrado legalmente. Aún no se estableció si habrá una escala de vales de acuerdo al costo del arma entregada o de su peligrosidad.

    Los recursos para el trueque saldrán de los fondos sociales provinciales y nacionales. Así se financiarán los vales, que le permitirán a quien entregue un arma acceder a planes de empleo y vivienda, becas de estudio, alimentos, herramientas de trabajo o productos para el hogar, según la ley.

    El Gobierno aliancista de Mendoza considera que ésta es una medida más dentro del plan provincial para bajar los delitos, si bien admite por lo bajo que no es tan ingenuo como para esperar que sean los delincuentes quienes vayan a cambiar sus revólveres y pistolas por comida.

    El plan estará reglamentado en 30 días y será comandado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. También se habilitará una línea telefónica gratuita en la que se podrá denunciar la venta clandestina de armas. En Mendoza calculan que habría 20.000 armas ilegales.

    Uno de los puntos más importantes del plan es que no serán los policías los únicos que estén a cargo del programa de desarme. Junto a ellos habrá una comisión con representantes del Gobierno, del Registro Provincial de Armas, trabajadores sociales, integrantes de los consejos departamentales y la Iglesia Católica. Estos grupos supervisarán el canje y la destrucción de las armas entregadas.

    Los autores del proyecto creen que el apoyo de la Iglesia será fundamental para recolectar las armas en los barrios más peligrosos y para ser el nexo entre delincuentes arrepentidos y la Policía.

    La ley fue aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados de Mendoza y ya generó críticas de ex funcionarios y legisladores de la oposición, que la consideran «un disparate sin seriedad jurídica».

    El principal argumento es que el Código Penal establece que toda persona que porte armas de fuego sin permiso debe ser detenida y puede tener una pena de entre seis meses y tres años de prisión. A esto se le agrega una modificación del Código aprobada el miércoles por el Senado nacional, que establece mayores penas para los delitos cometidos con armas de fuego.

    Para salvar este problema, según el diputado aliancista Sergio Bruni se podría declarar una amnistía para que los jueces no persigan por el delito de portación ilegal de armas a quien entre al plan canje. El problema es que la amnistía debería ser dictada por el presidente Fernando de la Rúa.

    Del otro lado, Alejandro Cazabán, ex subsecretario de Justicia y Seguridad mendocino, opinó: «Es ridículo cambiar armas por comida». Para el diputado demócrata Alberto Aguinaga, se trata de «una ley inconstitucional, porque la provincia no puede dictar una norma que modifique lo que establece el Código Penal argentino».

    Aguinaga descree de la efectividad del canje de armas: «Las armas más peligrosas están en manos de personas que no tienen ninguna intención de entregarlas«.

    Frente a las críticas, el Gobierno afirma que «varias personas» ya se acercaron a la Policía para canjear armas antes de que se aprobara la norma. Y agregan que la idea ya fue considerada tema prioritario por el Consejo Nacional de Seguridad.

    Además, según las autoridades mendocinas, la iniciativa tendría el respaldo de los ministros de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra, y del Interior, Federico Storani. Esto avalaría la idea de proyectar el plan a nivel nacional.

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