

2- Reducción de la Calidad Institucional:
En ese esquema político se llamaba además a mejorar la calidad de las instituciones argentinas. La modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se circunscribió a cambiar los jueces que el menemismo supo crear, es decir esa mayoría automática que le permitió a Carlos Menem justificar sus tropelías institucionales en los noventa. Kirchner intuyó que era hora de terminar con esos jueces que habían desmoronado la credibilidad de la Corte. Uno a uno fueron cediendo, y a partir de sus renuncias se incorporaron juristas creíbles y de renombre. Pero ese proceso se involucionó con dos hechos que dieron por tierra con la aspiración de más y mejores instituciones. Primero el intento de nombrar en la Procuradoría Nacional a un abogado sin otro antecedente que el de participar del espacio kichnerista: Daniel Reposo; y, más tarde, su reposición por una jurista de nombre que renunció a su independencia política: Alejandra Gils Carbó, quien acaba de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación sobre el patrimonio del socio – y posible testaferro – de Néstor Kirchner, Lázaro Báez.
3 – Deterioro de las cuentas fiscales:
Cuando el proceso político que encabezó Néstor Kirchner comenzaba a evolucionar en el tiempo, se hizo gala de sostener la devaluación asimétrica que el ex Ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, implementó luego del tremendo default en el que cayera la Argentina. Esa pesificación, efectuada a sangre y fuego, le permitió a la Nación sostener un proyecto económico apoyado fundamentalmente en las exportaciones. Esa variable macroeconómica, con el proceso inflacionario creciente y el dólar atado a los números de las estadísticas falaces del INDEC, fueron deteriorando las condiciones favorables para el agro y la industria de exportación.
4 – Pérdida de las ventajas comparativas:
De la misma forma el kirchnerismo liquidó las cuentas superavitarias del Estado que a partir de la puesta en vigencia de las retenciones a las exportaciones – en particular las referidas al agro – pudo sostener un programa económico donde el Estado Nacional mantenía cuentas con números sustancialmente favorables, los que se han trocado en rojo a fin de sostener gastos cada vez más ineficaces, acelerando con ello el proceso inflacionario.
5 – Abandono de la soberanía política:
Con el objeto de recobrar banderas desde el proyecto político nacional, se elevaba una firme intención en la recuperación de la soberanía política, haciendo especial hincapié en la relación de sumisión que el país había tenido con el Fondo Monetario Internacional y los países centrales durante el “menemato”. Ese cuestionamiento a los 90 decantó en la re-estatización de empresas privatizadas, siendo la principal y acabada representante de aquella política neoliberal, la petrolera YPF. A poco de andar YPF en manos del Estado, se tuvo que admitir la falta de capital intensivo para recuperar una empresa que – por falta de control estatal – había terminado con el autoabastecimiento energético. La soberanía política tuvo que ser olvidada y debió asociarse con un ícono del capital internacional, la norteamericana Chevron, a partir de un acuerdo cuyo contenido hasta hoy no se conoce en su integridad total.
6 – Fin de la supremacía del Estado:
Otro gallardete que se esgrimía diariamente, se termina bajando: el rol que posee el Estado en materia de contralor sobre la prestación de servicios públicos. Así, por impericia, falta de voluntad o vinculación con las empresas prestatarias de dichos servicios concesionados, estos persisten en su inconducta contractual, evitando realizar las inversiones mínimas para el normal cumplimiento de sus obligaciones. Si bien se han re-estatizado algunos servicios – como el transporte ferroviario en el Gran Buenos Aires – ha sido a costa del escándalo público, lamentando hasta muertos y heridos. Todavía hoy la prestación de servicios como la luz, el gas y el agua, prosigue en términos deficientes, ejemplo de ello son los apagones generalizados principalmente en zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
7 – Corrosión de su principal “caballito de batalla”, la política de Derechos Humanos:
Si había una política de Estado que podía compartirse, ésta era la de Derechos Humanos. Aunque terminaron con la impunidad de los ex represores de la dictadura luego de haber perdido todo capital político y social – y en muchos casos aún al borde de la muerte o de la incapacidad física y psíquica -, no podíamos menos que acompañar la decisión de destruir cualquier signo de impunidad de la dictadura militar. Ahora bien, la decisión de elevar el rango militar de César Milani, echa por tierra con todo lo que se vino haciendo. Con descaro político se premia a un militar que no sólo se encuentra procesado en una causa por enriquecimiento ilícito, sino que ha sido denunciado por víctimas y organizaciones de Derechos Humanos acerca de su participación en serios abusos durante el último proceso militar. De acuerdo a documentos judiciales, Milani avaló un reporte de «deserción» de un soldado en Tucumán en 1976 – Alberto Ledo – pero luego se comprobó que el conscripto había sido víctima de desaparición forzosa.
Obviamente, en el caso del presente escrito, esta enumeración es netamente ilustrativa de un contexto que resulta cuanto menos preocupante, sobre todo si consideramos que aún restan casi dos años para concluir un gobierno desgastado y, peor aún, inerte ante esta situación.
En la analogía aquí planteada y conforme el pensamiento tomista, compartido comúnmente en teología, debemos recordar que el término “capitales” de los pecados o vicios que llevan esta denominación, deviene principalmente del hecho de que estos generan a su vez otros pecados o vicios. Afortunadamente existen virtudes para vencerlos: la humildad y la diligencia son dos de ellas.
Por Sergio Bruni para SitioAndino
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