La emergencia sanitaria, como se está administrando la lucha contra la pandemia que ya se cobro 180 mil muertes, las dificultades que enfrentan los científicos para encontrar una vacuna o un tratamiento homologado, son temas que hemos abordado días atrás en este mismo medio.

Hemos señalado que la pandemia obliga a todos los sectores a cooperar pero, a su vez, a ejercer los debidos controles institucionales que todo el andamiaje republicano implica.

Pasado un mes del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no parece razonable que un solo poder del Estado funcione. El Congreso y la Justicia guardan estricta cuarentena.

Tanto en países de la región, como también en Europa y los Estados Unidos, los tres poderes constituidos funcionan, tomando -por supuesto- las medidas recomendadas para evitar contagios.

El caso del Congreso Nacional no tiene explicaciones sólidas para su parálisis. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros, los Senadores son 72. No nos encontramos frente a un número que constituya una multitud tal, como si se tratase de un recital de los Rolling Stones.

Ambas Cámaras se reúnen «en pleno» en diferentes días de la semana. Además, la experiencia así lo indica, son excepcionales las sesiones a la que asiste la totalidad de sus miembros. Y aunque así fuera, en este caso no es el numero un justificativo suficiente para restringir un funcionamiento normal, reitero, siempre con ajuste a los protocolos de cuidado, distancia, etc.

Tratándose del poder que, por definición constitucional, ejerce los controles sobre el Poder Ejecutivo, no es posible que continúe exhibiendo la «faja de clausura». Mas aún, en el curso de esta emergencia sanitaria, que obliga a encontrar consensos e instancias de cooperación por parte de la oposición, ¿Dónde, sino sesionando, podrán contribuir con esos altos objetivos?

Nadie duda que el Presidente de la Nación, como cabeza del Poder Ejecutivo, debe conducir la lucha contra la pandemia de un modo centralizado, por ahora, y con el asesoramiento de especialistas de la salud. Pero, en la Argentina ¿el único tema en agenda es la lucha contra la covid-19?

No hay dudas. El servicio público que ofrece el Parlamento nacional es uno de los servicios esenciales que están exceptuados del aislamiento ¡No podría ser de otro modo! El Congreso debe considerarse como el mayor y más equipado hospital para resguardar nuestra «salud democrática».

En los fundamentos del Decreto 297/2020, es citado el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional que, justamente, regula los DNU. Dispone que, en el plazo de diez días, la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse sobre la validez o invalidez de los DNU, y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso e inmediato tratamiento.

Todo análisis acerca de que el Poder Ejecutivo no quiere -o no le conviene- que el Legislativo funcione, puede que sea válido. Ahora bien, los legisladores en uso de las facultades que surgen de nuestras normas fundamentales ¿no deberían presentarse espontáneamente y cumplir con la manda constitucional? Podrían hacerlo quienes integran el arco opositor, si el frente oficialista insiste en no sesionar. De esta manera quedarían develadas las reales intenciones del Ejecutivo.

La «foto» de un centenar de legisladores reclamando cumplir con la Constitución, valdrá más que mil palabras en cualquier medio de comunicación o en las redes sociales.

Si el recinto de Diputados no tiene las dimensiones requeridas, pueden sesionar en el Luna Park, en el micro estadio de Ferro, en el Gran Rex o ¿por qué no? en el Teatro Colón…

Lugares amplios sobran en la Capital Federal. Por lo demás, tienen permitido hacerlo fuera del recinto, como lo establece el art. 14 del Reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los Senadores no necesitan moverse de «la casa». Al ser sólo 72 miembros, pueden hacerlo, con las distancias recomendadas por la autoridad sanitaria, en el amplio recinto de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, es cierto que quizás para el Poder Judicial, atender de modo presencial, pueda ser más riesgoso por el número de ciudadanos que a diario concurren a tribunales. Pero a los supermercados también concurren diariamente (incluidos sábados, domingos y feriados) infinidad de personas. Y aún así, tomaron las medidas preventivas necesarias para garantizar la salud de sus empleados y los consumidores.

La Corte Suprema de la Nación debe imponer modos de trabajo con los protocolos de atención al público suficientes y, en ciertos casos, sumando las nuevas tecnologías disponibles. Si los supermercados pueden hacerlo, seguramente podrá realizarlo también dicha institución republicana. Las persianas cerradas de la Justicia argentina, también representan un agravio a nuestro sistema institucional.

¿Quién atenderá a los ciudadanos vulnerados en sus garantías más básicas, a los que sufran agresiones a los Derechos Humanos fundamentales, a quienes viven situaciones de violencia intrafamiliar, o a quiénes deben recurrir a este servicio para demandar por un contrato incumplido? ¿Pretenderán los más altos magistrados que lo realice un centro de salud barrial o la seccional de policía más cercana? Ambos tienen ya demasiadas funciones en la primera línea de fuego.

Ni siquiera en una eventual declaración de Estado de Sitio, puede dejar de funcionar, la historia enseña que siempre funcionó, incluidos los períodos más oscuros del país.

Si el Congreso es el hospital de la República, la Justicia es la medicina más eficaz para atender, como última instancia, los posibles desbordes institucionales. La Justicia es más que un servicio esencial. Si no funciona, más tarde o más temprano, los pueblos la hacen por sí mismos.

Los argentinos demandan que todos los poderes funcionen. Si dos de ellos no lo hacen, están incurriendo en una acción -cuanto menos- deshonrosa para el normal funcionamiento de la República. 

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