Veredas rotas, acequias repletas de residuos de todo tipo, canales colmados de envases plásticos, paredes rayadas con frases injuriantes, plazas con juegos, bancos, farolas y bebederos rotos, escuelas con el mobiliario destruido o sin mínima calefacción porque sus estufas fueron inutilizadas por los propios alumnos, docentes agredidos por los padres de sus alumnos, alumnos víctimas de acoso escolar….y la lista podría continuar engrosándose, aún hasta exceder este espacio.

No obstante el conjunto de hechos vandálicos y violentos no sólo colman paginas y paginas de análisis especializados y varias charlas de café entre algún que otro amigo preocupado por la realidad que le afecta directa o indirectamente, sino que tienen una profunda raíz en el seno mismo de nuestra identidad socio-cultural.

Sin pretender caer en lugares comunes y reiterados, proponiendo la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, quiero reflexionar sobre los problemas propios de la época que nos toca vivir, entendiéndolos como evidencia de la debacle cultural que atravesamos. No me refiero a un factor resultante del análisis de parámetros ideológicos, sino a la construcción de una suerte de cultura “destructiva”, en la que el poco interés por la suerte del vecino y aún la falta de conciencia real sobre las consecuencias de los propios actos son sus manifestaciones más salientes.

Y es que todo derecho conlleva una responsabilidad. Pero pareciera que el creciente número y complejidad de los hechos que advertíamos al comienzo de esta nota, son muestras claras de que hemos olvidado ese aspecto propio y esencial de cualquier prerrogativa.

El sistema normativo establece un cuerpo de leyes que disponen un orden que no sólo nos indica qué se puede y qué no se puede hacer, sino que además establece una sanción en el caso de que el imperativo categórico no se cumpla.

Nuestro problema es que dicho imperativo generalmente no se cumple y no existe sanción alguna para el infractor. Y no estoy hablando de aquéllos transgresores de las leyes penales que contienen los delitos más aberrantes, no, me refiero al incumplimiento de los deberes más sencillos, más simples, como los que nos manda la Ley de Tránsito, las ordenanzas municipales, el Código de Faltas o las normas de convivencia en las escuelas de Mendoza.

Relativizar el tema es bastante frecuente, y aún hasta un aspecto propio de la misma problemática, creyendo que es una realidad común en el mundo globalizado. Lo cierto es que, si bien puede comprender aristas comunes, nuestra situación está enmarcada en una debacle propia de una sociedad que ha abandonado el esfuerzo por la educación, especialmente por aquélla que tiene por bandera la calidad.

Se tiende a pensar que el llamado “subdesarrollo” en una sociedad es un problema meramente económico. Sin embargo un breve análisis de las sociedades más desarrolladas, nos hace reformular cualquier visión sobre el tema y advertir que es la educación el principal factor que hizo de esos pueblos lo que son en el presente. Y es  tanto en sus aspectos positivos como negativos en los que debemos reparar si es nuestro objeto el desarrollo propiamente dicho.

La baja calidad educativa trae consecuencias económicas y sociales. Pero educar no es solo enseñar a estudiar una materia, sino ayudar a pensar e imbuir valores que fortalezcan el orden normativo y la voluntad con suficiente conciencia y solidaridad.

Por otra parte, quienes intentan sostener la libertad en su expresión extrema, cuestionan las consecuencias de la aplicación de las normas, generalmente apelando a una visión demonizadora sobre los resultados del sistema de derecho establecido por las instituciones democráticas. Como si fuera posible que las leyes se impusieran por sí mismas, cuando la autoridad de aplicación legítimamente constituida realiza los actos previstos como consecuencia de esas acciones disvaliosas, se genera un movimiento social denunciando y estigmatizándolas por el sólo hecho de cumplir con su función.

Esto implica, a posteriori, una relajación del sistema pues nadie quiere hacerse cargo de tamaña condena social, cuando en realidad sólo se trata de cumplir la ley. El resultado: un círculo vicioso que acaba por destruir cualquier atisbo de justicia social y equidad.

“Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad” no es sólo una obligación estatal. Esta disposición preambular no es un deber pensado en forma privativa y exclusiva para quienes detentan una función pública sino también “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Por ello, si entendemos como propia la responsabilidad de reconstruir la cultura del respeto y los valores, sobre la base de una educación cualitativa y no sólo cuantitativa, nos reencontraremos con el ser social que hizo grandes a los mendocinos y de esta forma con la Provincia que todos queremos.7

por Sergio Bruni para SITIO ANDINO

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