Si bien se juzga como necesaria la reforma de la Carta Magna, el oficialismo y la oposición se encierran en una discusión mediática, no institucional.

Las reformas constituyen cambios, modificaciones, transformaciones. En una cuestión tan relevante como es el caso de la Ley Fundamental, esas innovaciones deben ser fruto del consenso, para otorgar no sólo legitimidad política, sino también moral.

Desde la recuperación de la democracia, todos los gobiernos han incorporado en su agenda política la reforma de la Constitución, pues una norma sancionada en el siglo XIX y basada en principios gestados en el siglo XVIII requiere de una actualización.

Pero el camino no ha sido complaciente. Hasta el momento, y por distintos factores, la política mendocina no ha conseguido abrir con fortuna el proceso que debe dar paso a una nueva Carta Magna provincial.

La UCR, mi partido, ha estado siempre dispuesta a los cambios, manifestando en toda oportunidad su vocación reformista y su intención de concretarla promoviendo diversos proyectos en este sentido. Así, los gobiernos de Felipe Llaver, Roberto Iglesias y Julio Cobos participaron en iniciativas consensuadas con otros sectores con representación parlamentaria, para modernizar una norma que, pese a ser vanguardista para su época y una de las primeras que vio luz en el derecho público provincial, data de 1916.

Abordar y debatir
Siempre fuimos un partido abierto, no sectario, cómo negarse entonces, con nuestros pergaminos en la materia, a debatir temas como la incorporación de instituciones que doten de autonomía plena a los municipios; la real autarquía del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal; la inclusión de los derechos colectivos que titularizan usuarios y consumidores; la incorporación de la protección del medio ambiente y de un recurso esencial como el agua; que todos los departamentos tengan representación en el Senado mendocino; la eliminación del voto secreto en los acuerdos de la Cámara de Senadores; la jerarquización constitucional de los partidos políticos; el balotaje y un nuevo proceso electoral que incluya las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias); el desdoblamiento y el financiamiento estatal equitativo; la revisión del obsoleto Jury de Enjuiciamiento y el mejoramiento del Consejo de la Magistratura; la inclusión de los nuevos derechos fundamentales surgidos en el último siglo; los mecanismos de democracia participativa; la promoción y fortalecimiento del acceso a la comunicación e información pública y veraz, garantizando la libertad de creación y la pluralidad cultural, constituyen, entre otros tantos temas, las cuestiones que es necesario abordar y debatir.

Sin embargo, nos encontramos absortos frente a una discusión mediática, no institucional, en la que tanto oficialismo como oposición se han encerrado sin importar los verdaderos destinatarios de dichos cambios.

La excusa de las autoridades de la UCR, sosteniendo que no es el momento, que se trata de un tubo de ensayo de reformas nacionales o que hay otros temas de gestión más importantes, aparece como pueril frente a la posición histórica del radicalismo de Mendoza a favor de la reforma, postura que nos ha conducido a un galimatías ilógico e inconducente.

El Gobierno, por otra parte, ha cometido sus errores excediéndose en la exposición pública de su iniciativa de reforma, colocando sus mayores energías en estrategias más cercanas al marketing político que a una verdadera vocación al servicio del interés general. Así nos encontramos frente a reacciones desmesuradas de ciertos funcionarios del partido oficialista que, con frases heroicas y grandilocuentes, pareciesen pretender desviar la atención del deber principal que la ciudadanía le ha encomendado: gestionar para el desarrollo de Mendoza.

De esta manera, se patentiza el convencimiento de que todo gobierno debería “dar la vida” por mayor seguridad ciudadana, crecimiento integral, verdadera equidad en la distribución de los recursos y, en definitiva, por la aplicación de mecanismos de gestión eficientes, en el amplio campo que implica gobernar una provincia.

Entonces, resulta paradojal la posición del radicalismo al propiciar una postura similar en una especie de grito de guerra de “daremos la vida contra la reforma” y, lo que resulta aún más extraño, acordar con sectores políticos conservadores que siempre han estado en las antípodas de nuestro pensamiento.

En este contexto se inscribe la resolución del último Congreso Ordinario del Partido que, sin poseer las atribuciones pertinentes por Carta Orgánica, se expresó en contra de la Reforma Constitucional, enyesando a la conducción política que debe contar siempre con un cierto grado de flexibilidad para operar sobre la realidad. De todos modos, y para no quedar sólo en formalismos, el documento del Congreso no puede tener carácter imperativo, ya que un partido político como la UCR, como hemos dicho, de larga tradición reformista, no podría expedirse sobre la sustancia de la reforma sin antes haber consultado a los más diversos sectores de la sociedad que como organización política representamos.

Merecidas y necesarias
En este marco, deseo contribuir para la búsqueda de ideas que puedan concretar las reformas que merecen y necesitan los mendocinos, para lo cual las elites dirigenciales de los partidos mayoritarios deben abandonar posiciones parciales e interesadas.

Sería razonable que retornara el diálogo constructivo y se propusiera la creación de una comisión de especialistas de los distintos partidos (como se hiciera en otras oportunidades) que, bajo ciertas directrices políticas y en un plazo prudencial, aporte un núcleo básico de coincidencias. A partir de allí, tanto Gobierno como oposición podrán ocuparse del día a día, esto es, de la satisfacción de las demandas ciudadanas fundamentales.

Nos encontramos frente a algo más trascendental que una reforma constitucional y política. Se trata del diseño institucional para la Mendoza de los próximos cien años, donde la actualización de las bases que le dan sustento a la sociedad y a los instrumentos de la política deben satisfacer los requerimientos generales, en la admisión de más y mejores derechos, consensos, representatividad y transparencia en la vida democrática de los mendocinos.

Para ello el Gobierno debe dejar de lado el tono épico que le da al tema y las autoridades de mi partido, en especial su presidente, advertir la importancia de retomar un camino dialoguista y comprender que el esfuerzo por dotar a Mendoza de una nueva institucionalidad bien vale la pena.

Sergio Bruni
Presidente del Instituto de Políticas Públicas (UCR)