La complejidad del fenómeno de las conductas adictivas provoca efectos que comprometen a toda la ciudadanía en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como por ejemplo problemas sanitarios, de seguridad, sociales, de aprendizaje y adaptación al sistema escolar, entre otros..
Como enseña la ciencia especializada, las adicciones constituyen un problema atravesado por una multiplicidad de factores, de diversa naturaleza:
-De orden psicológico, cuando los recursos psíquicos personales son insuficientes para enfrentarse a los obstáculos que la realidad cotidianamente ofrece a la satisfacción de las propias necesidades, y no hay tolerancia a la frustración.
-De orden familiar, cuando hay ausencia de límites claros y continentes, situación que puede manifestarse tanto por conductas sobreprotectoras como por tendencias expulsivas, acciones todas que redundan en el abandono de los integrantes más vulnerables y en la negación estructural de los conflictos del grupo familiar.
-De orden social y cultural, relacionados con la desarticulación de las redes vinculares y con la manera en que se constituyen las relaciones entre los deseos y necesidades de las personas, por un lado, y sus objetos y formas de satisfacerlas, por otro. La subcultura del esfuerzo mínimo y la inmediatez de las respuestas se manifiesta a través de las consultas por consumo o abuso de alcohol en los efectores de salud, del descenso en las edades de inicio en la experimentación con distintas sustancias que se reporta desde las escuelas, del policonsumo en tanto fenómeno emergente aún antes de instalarse la dependencia adictiva.
-De orden económico y político, cuando el consumo de sustancias, en general, se posiciona como salida frente a los modelos económicos y políticos que sobreestimulan determinados valores de consumo por un lado y, por otro, reducen al máximo su posibilidad de alcanzarlos. Merece especial consideración el uso indebido de alcohol, el cual constituye el problema de mayor incidencia en la provincia dentro de las conductas de la esfera adictiva.
La problemática adictiva se caracteriza por atravesar todos los grupos sociales y las franjas etáreas y adquirir nuevas manifestaciones en plazos cortos. Por ejemplo, el abuso de psicofármacos, la disminución en las edades de inicio que se registra tanto para sustancias de venta libre como prohibidas, el ingreso de nuevas drogas de deshecho (paco) y de síntesis (éxtasis), los casos de adicciones no tóxicas que empiezan a hacerse visibles (ludopatía), por ejemplo. Esta problemática provoca severas dificultades en los procesos de inclusión en niños y adolescentes, y disminuye las posibilidades de desarrollo laboral y familiar en los adultos. Pareciera que la sociedad propone el consumo como norma de pertenencia.
A medida que crece la presencia de estupefacientes en el país, se incrementan los delitos cometidos y la inseguridad. La violencia empleada sobre las víctimas en los hechos delictivos de los últimos tiempos, y la inseguridad en general, se han transformado en uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad argentina.
Son abundantes las pruebas de la relación existente entre la delincuencia grave, la violencia y el uso indebido de drogas. Cada vez más las personas se encuentran severamente afectadas en su salud mental por los efectos del consumo sostenido de drogas, circunstancia que se torna dramática cuando además se dedican a delinquir. Cuando se cometen delitos bajo los efectos de las drogas, la ferocidad y la imposibilidad de parar de agredir son características comunes a todos ellos. Un delito violento no debería tener, además de la terrible violencia básica, la acumulación de ensañamiento y alevosía porque sí, aun ante la falta de resistencia de la víctima. Hoy se mata por matar; y nada ni nadie parecería poder ponerle freno a esta escalada de violencia y muerte.
Según un estudio denominado: “Informe preliminar del I Estudio Nacional en Población Privada de la Libertad», que el Observatorio Argentino de Drogas, organismo dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), encargó a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, arrojó resultados que corroboran la estrecha vinculación entre droga y delito. En efecto, el sondeo en 73 unidades penitenciarias provinciales estableció que el 28,1 por ciento de los encuestados estuvo vinculado con las drogas al actuar bajo sus efectos, por necesidad de comprar estupefacientes o bien por ser parte del sistema de tráfico y comercialización. El 20,6 reconoció que actuó directamente bajo el influjo del alcohol y de drogas ilegales, mientras que un 10 por ciento aceptó que robó para conseguir dinero para abastecer su adicción. El 4% robó, hirió, asesinó o intentó matar en el marco del negocio «narco», es decir, durante peleas con otras bandas por dominios territoriales o en ajustes de cuenta. Sólo el 4,7% está preso por haber violado la ley de estupefacientes.
Al respecto, el titular de la Sedronar, José Ramón Granero, señaló que la estadística marca que la educación y el trabajo representan los dos ejes ordenadores de la vida. Y que la intención es hacer un diagnóstico para que el Estado pueda desarrollar políticas adecuadas. Los resultados de la investigación, basada en las entrevistas a 2988 reclusos, confirman lo expresado por el funcionario: al ser consultados sobre la situación laboral previa al delito, sólo el 4,42 por ciento indicó que estaba desocupado. Pero la cifra de 88,31% de ocupación refiere a los investigadores la relación de estas personas condenadas con trabajos muy precarios, expuestos por los internos con la intención de marcar que no sólo estaban en el mundo del delito. El 70,3 tenía entonces un nivel de vida bajo y el 14,9, medio-bajo. El 26,6 por ciento no terminó la primaria y otro 52,6 quedó fuera del sistema escolar antes de concluir la secundaria.
El sondeo permitió también determinar que el 43,7 por ciento de los internos recibió condenas por delitos contra la propiedad; el 24,1, contra la vida (homicidios o intentos de homicidio); el 3,1%, homicidios seguidos de robo; el 18,8, contra la libertad, el 4,5%, contra la ley de estupefacientes, y el 5,3 fue condenado por otros delitos.
Hemos venido planteando, la necesidad de que el gobierno de Pérez y Ciurca realicen una revisión en materia de política de seguridad. Entre los puntos planteados se encuentra una renovación de los paradigmas de la seguridad y establecer mayor reelevancia e intensidad a la inteligencia criminal. El marco general descripto haría reaccionar a cualquier gobierno que tiene a su población destinada a ser una posible víctima de un delito violento por la influencia de la droga. La puja entre bandas por el control de las misma y el deterioro social que está haciendo estrago en los sectores más humildes, sin embargo, parece, no preocuparle al gobierno actual, que tiene en este ámbito 11un amplísimo campo para trabajar con políticas eficientes.
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