Don Quijote, Primera parte, capítulo IX.

L a lucha por la recuperación de la dignidad perdida durante la década de los setenta y comienzos de los ochenta, tuvo sus inicios en 1983 con la restauración de la democracia. Fue una empresa colectiva de carácter nacional. Tenía en sus cimientos más profundos la idea de refundación de un país que había tocado fondo en sus valores liminares. Esa idea tuvo forma como propuesta electoral, donde se definía algo más que el resultado de una elección general, y el pueblo argentino así lo entendió, por eso eligió a quienes les garantizaban la recuperación de los valores del estado de derecho y los sueños y proyectos de nación contenidos en el manifiesto preambular de nuestra Constitución nacional.

El juicio a las juntas, durante el gobierno de Alfonsín, fue un ícono de la libertad, de la justicia y del respeto a los derechos humanos. Es un hecho inédito en la historia de la humanidad, de mayor valor institucional que el juicio de Nüremberg, pues este último fue obra y consecuencia de la ocupación de una potencia sobre otra. En cambio, el juicio a los máximos responsables, basado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, fue posible porque un gobierno legítimo tomó esa decisión, acompañado del apoyo de la mayoría inmensa de un pueblo decidido a recuperar su soberanía, su autoestima y el respeto a la ley.

Los derechos humanos son aquellos que gozamos por el solo hecho de ser personas, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica. Así y por pertenecer a la esencia y naturaleza propia del individuo, “…cuanto mayor haya sido la ofensa en el pasado, mayores serán los derechos a exigir en el presente” (Tzvetan Todorov).

Esta afirmación es decisiva a los efectos de proyectar sobre nuestro presente el significado histórico que puso en marcha la gestación del Paradigma Universal de los Derechos Humanos, producto de un intrincado proceso de construcción humana e histórica, cuyo objetivo radica en la constante búsqueda de la eliminación de toda forma de discriminación y desvalorización de los individuos y el trabajo por el fortalecimiento de la dignidad de las personas.

Los acontecimientos producidos en nuestro país parecían haber despertado la concepción de una justicia universal, que no encontraría fronteras ni en las ideas, ni mucho menos en la geografía y que de esta forma garantizaría el desarrollo integral de los seres humanos.

No obstante, a fines de 1990, en contra de la mayoría del arco político, sindical y de todas las agrupaciones defensoras de derechos humanos, el ex presidente Carlos Menem decretó los indultos que dejaron libres a Videla, Massera y otros jerarcas de la dictadura militar, a quienes la Cámara Federal de Apelaciones había condenado en diciembre de 1985 por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Es pública nuestra posición crítica del modo especial de gestionar la política y de dirigir las acciones de gobierno del presidente Kirchner. Nuestra postura no es dogmática y en consecuencia cerrada al extremo de no reconocer los aciertos. Lo repetimos una vez más, nos motiva, por convicción, la construcción de una Argentina plural con sus naturales expresiones y multiplicidad de aspiraciones, objetivos e intereses. Ya se sabe que no es una receta saludable para la República el pensamiento único o las verdades impuestas a fuego. En materia de derechos humanos se está articulando una política que entendemos positiva.

En estos días, con motivo de recordarse 30 años del golpe militar, se ha generado un intenso debate político y social que, más allá de cualquier posicionamiento, nos instruye en la valorización de la justicia y de la democracia, que debe cristalizar en serias políticas que sirvan para fortalecer este pensamiento.

Así, en el año 2003 se procedió a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que en su momento significaron un recurso de última ratio ante la realidad institucional imperante como consecuencia del levantamiento “carapintada” de Aldo Rico y sus seguidores, que por estos días de reflexión no han sido aquellas acciones golpistas debidamente repudiadas ni sus seguidores han hecho la más tenue de las autocríticas
En el 2004 se firmó el convenio por el cual en el antiguo edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se erigiría el Museo de la Memoria y se procedió a retirar los cuadros de los dictadores. Los aspirantes a convertirse en nuevos miembros de las Fuerzas no pueden formarse a la sombra de esas figuras, que mancillaron los valores del concepto militar sanmartiniano y por tanto no merecen integrar una galería de honor. La democracia argentina debe madurar e impedir que aquellos hechos contaminen a personas e instituciones, que deben funcionar en un marco democrático. Recientemente la ley Nº 25.633 instituyó como feriado en todo el territorio nacional el 24 de marzo, en que comenzó aquel trágico episodio que quebró la institucionalidad argentina. Nos parece que un feriado no es lo más apropiado. ¿Festejar qué?, nos preguntamos muchos, pero no es menos cierto que el efecto buscado como jornada de reflexión y memoria de lo que nos pasó, fue amplia y positivamente concretado.

Es indispensable recordar el doloroso pasado para no volver a equivocar el rumbo a seguir en estos tiempos, en los que la democracia, aún naciente desde una perspectiva histórica, representa un nuevo desafío para los argentinos. Ignorar el proceso del terrorismo de Estado o impulsar cualquier relativismo político-moral tendrá por consecuencia ineludible la reiteración de los modelos dictatoriales, pues no encontrarán oposición en las generaciones que no recuerden lo que significó. Buscar la verdad de lo ocurrido es un imperativo ineludible. Verdad sin actitudes de venganza, sino en el estricto apego a la ley. En el mismo sentido no deben pasarse por alto los aciertos, para repetirlos y, aún más, multiplicarlos significativamente.

Si, como sostiene Natalio Botana, creemos que las ideas nacen de la historia y suelen volver a ella en son de conquista, podemos interpretar que esta ofensa que marcó el destino de nuestro país constituye una relevante manifestación a los efectos de la reafirmación de un compromiso real y por sobre todas las cosas, común, que refuerce la defensa de los derechos inalienables, inviolables, obligatorios e indivisibles de cada hombre y mujer de nuestra patria.