La polémica está servida. Desde que el gobernador Celso Jaque lanzó ayer su propuesta de castrar químicamente a los violadores, ha recogido más detractores que seguidores que califican a la medida como «efecto mediático» y cortina de humo» y critican que un aspecto de la problemática de seguridad sea tratado con ligereza, al punto tal de sostener que Celso Jaque está mal asesorado jurídicamente o mandarlo a informarse sobre los antecedentes y experiencias en países donde se aplica esta medida.

Jaliff: «El gobernador no está informado»

El presidente del ConFe, Juan Carlos Jaliff, dijo hoy que al gobernador, Celso Jaque, le falta información sobre la castración química.

“Yo creo que el gobernador no está informado porque hay muchos proyectos sobre la castración desde hace años en el Congreso”, remarcó.

El ex vicegobernador, si bien adelantó que aún no tiene una opinión formada sobre la indicativa oficial señaló que el mandatario está en su derecho de impulsar la medida pero aclaró que la misma necesita para ser obligatoria de la aprobación del Congreso.

“Veo que hay que decirle a la sociedad que para que se aplique este proyecto de manera obligatorio se necesita que el Congreso apruebe la medida”, destacó.

Por último el cobista se mostró muy preocupado por la ola de violaciones que azota  a la provincia, por lo que sostuvo que el Ejecutivo deberá analizar otras medidas para aplicar lo antes posible.

Bruni: «La castración no elimina la reincidencia de las violaciones»

El proyecto lanzado por el gobernador Celso Jaque de castrar químicamente a los violadores fue calificado de poco serio por el senador cobista Sergio Bruni, y sostuvo que “es de una gran irresponsabilidad” y “carente de rigor científico”.

El legislador sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo es “de gran irresponsabilidad plantear con ligereza y en el marco de una polémica institucional, una cuestión que ha motivado los estudios más sustanciales, y los debates más amplios de los técnicos especializados en la materia”.

Bruni argumentó que las experiencias en distintos países del mundo como en Bélgica, Suiza, Suecia y Gran Bretaña donde se aplicó este método demostraron que no eliminan completamente el riesgo de reincidencia, ya que la pérdida de la libido (a través de drogas) no  impide necesariamente un ataque del tipo sexual.

Según el senador, especializado en temas de seguridad, “psicológicamente la castración en un violador no anula el deseo perverso de la violación” y destacó que el abusador sublimaría el deseo sexual “a otro igualmente agresivo que sería otra forma de violar o vejar”.

En otro orden, Bruni consideró que también el proyecto del Gobierno se encuentra con un escollo significativo: que la medida debe realizarse a través de una reforma en el código penal, decisión que depende del Congreso de la Nación y no de la provincia de Mendoza.

El senador cobista criticó finalmente la ligereza con la que se ha planteado la castración como método para resolver un problema de seguridad: “Las expresiones del gobernador son poco serias y no se condicen con su investidura”, apuntó.

Salinas: «Cortina de humo»

También ya hay quienes consideran que la iniciativa no resolverá este problema de la seguridad, sino que se animan a considerar que «es un efecto mediático, una cortina de humo» por parte del Gobierno.

Tal es la hipótesis que arrojó sobre la mesa un ex funcionario del Ejecutivo. Se trata de Pablo Salinas, que en los primeros meses de la gestión jaquista ocupó un puesto en el área de derechos humanos, pero que terminó alejándose de la función pública por el conflicto con el ministerio de Seguridad y el caso del comisario Carlos Rico.

Salinas consideró que la medida propuesta por Jaque, en medio de un crecimiento de abusos sexuales, va en contra de los tratados internacionales firmados por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica.

Y que para aplicar la castración mediante la inyección, primero deberían cumplirse toda una serie de pasos legales para reformar la Constitución Nacional: «No va a tener cabida ni en el Congreso ni en el Gobierno nacional. Todos sabemos que no se va a modificar la Constitución y menos por un gobernador», sentenció.

«O está mal asesorado o es una cortina de humo para que no se hable de otras cosas», arriesgó Salinas, que por estos días asesora a la familia de José Luis Bolognezi en el juicio por el homicidio del conocido «Kote» en San Martín.

Salinas también embistió contra la conformación de un comité científico -cuyo decreto estará listo en menos de 48 horas-, bajo el argumento anterior: «El artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica protege la integridad de las personas y prohíbe una condena degradante», definió el abogado.

Y comparó está medida impulsada por Jaque con una propuesta efectuada en su momento por el presidente Carlos Menem, que propuso la necesidad de contar con la pena de muerte.

«Esto no elimina los abusos, es un efecto mediático», remató.

D`Andrea: «Es como tapar el sol con la mano»

MDZ también consultó a referentes de la ong «Las Juanas y las otras» para conocer la posición del grupo al respecto. Si bien una de sus integrantes reconoció que el tema no ha sido abordado todavía por el colectivo de mujeres que trabajan la problemática de género en Mendoza, si adelantó que «estaríamos en contra, porque es como tapar el sol con una mano».

Sofía D’ Andrea también coincidió con Salinas en señalar que no está probado que la inyección química pueda resolver los abusos sexuales.

«Sería más interesante que existan políticas públicas de prevención y de atención porque esto tiene que ver con la violencia hacia la mujer», reflexionó D`Andrea.

Asimismo, la periodista y docente comparó esta situación con los polémicos dichos del diputado justicialista Rogelio Gil.

«Mientras haya voces que piensen que una niña de 13 años esté invitando o provocando al abuso sexual, en casos extremos esto puede derivar en abusos indiscriminados», sostuvo.

Y si bien D`Andrea manifestó que los violadores deben ser sancionados de acuerdo a las leyes y pactos internacionales con toda la rigurosidad, consideró que la medida propuesta por el gobernador es parte de un problema más profundo y que requiere de cambios culturales.

Informe: Maxi Quinteros