Notas de Opinión, Prensa ; 22 diciembre, 2013 a 8:53 pm

Antes viajar a China, el gobernador Pérez efectuó anuncios respecto de la creación de la policía municipal, sin ningún tipo de aclaraciones sobre los alcances de la misma ni consulta alguna a los intendentes municipales. Esos anuncios fueron realizados en un contexto de probables cambios sobre el rumbo de la política de seguridad, sin modificaciones en el gabinete correspondiente, y con la intención de mejorar la alicaída gestión de un gobierno que es continuidad del anterior.

Sin embargo luego de su periplo asiático, lo que efectivamente ocurrió fue lo contrario, se cambió el Ministro y hasta el momento no se conoce lineamiento alguno sobre qué se piensa hacer con la seguridad de todos los mendocinos.

Un equipo de seguridad que pasa de una gestión a otra, como mínimo requiere de una oxigenación significativamente superior, al generado por el cambio del director de seguridad. La cartera de seguridad debe ser el área con mayor presión y expectativas de éxito que nuestra sociedad vuelca sobre el gobierno. Esa expectativa sumada a los discretos resultados (a pesar de los esfuerzos que realizó el ex Ministro Aranda), genera un desgaste que en lugar de motivar a sus integrantes termina por socavar el convencimiento en lo que se hace, y fundamentalmente la pérdida de liderazgo en sus autoridades.

Hace tiempo venimos reclamando seriedad, profesionalismo, integralidad y liderazgo como rasgos comunes en la política de seguridad de Mendoza, cualidades  todas que pueden ser alcanzadas, en el estado de situación actual, sólo si desde el Gobierno de la provincia se admite el grave cuadro por el que atraviesa, no sólo el área propia de la cartera en cuestión, sino todo el gobierno, pues somos los primeros en admitir la necesidad de encontrar políticas integrales a un problema complejo que posee multiplicidad de aristas que tratar.

También hemos reclamado que se recupere la política de seguridad como política de estado. Si bien se sostienen desde lo formal, me refiero a las instituciones creadas por la reforma de seguridad establecida en las leyes 6721 y 6722, la política de estado en materia de seguridad ha quedado congelada, reducida a un intercambio de ideas circunstancial en los ámbitos legislativos.

En el mismo sentido hemos expresado que la convocatoria a la oposición con el fin de construir una nueva política de estado y renovar los paradigmas en materia de seguridad, le otorgarían a ese equipo el oxígeno suficiente para lograr resultados más cercanos a las demandas sociales.

Los cambios efectuados en el Ministerio de Seguridad, en realidad sólo podemos apreciar un enroque de funcionarios de un gabinete desgastado por el paso del tiempo, la realidad y la falta de eficacia.

Ese “nuevo gabinete” que no integra a nuevos nombres, se reduce a un enroque de funcionarios, donde quienes ocupaban cargos de Directores pasan a ser Secretarios, quien era Ministro se convierte en Director. Asimismo a quien se ha nombrado Ministro, sólo se le conoce poca experiencia  y una gestión intrascendente en el Instituto Universitario de seguridad Pública (IUSP), que no ha conseguido solucionar el problema de la falta de nuevos agentes de seguridad, es más actualmente se ha reducido el número de alumnos que cursan sus estudios, por cuanto en el año 2012 constaban de tres comisiones de sesenta integrantes cada una, y en diciembre de 2013 sólo permanecen dos de cuarenta y cinco cadetes.

Sin embargo la gestión del IUSP que llevara adelante el nobel Ministro de Seguridad, redujo su ámbito de influencia con el fin de atraer nuevos agentes de seguridad, cerró entre otras las delegaciones de Guaymallén y General Alvear, tiene atrasados los sueldos del plantel de docentes y no abona los pagos de las becas de los cadetes desde el mes de agosto del corriente año.

Queremos otorgarle a la nueva conducción ministerial un crédito en la futura gestión. Si bien es muy difícil en función de los antecedentes más cercanos, y sobre todo por la inexistente enunciación de las directrices políticas en materia de seguridad pública, más allá de una exposición de buenas intenciones en el ámbito de la Comisión Bicameral de Seguridad, es prudente entonces antes de abrir un juicio definitivo, otorgarle un plazo de tiempo para evaluar con más datos los resultados.

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