

La conciencia vial en nuestra provincia parece no progresar. Por el contrario, si nos guiamos por los últimos datos con los que contamos respecto de las cifras de accidentes viales, la proyección crece negativamente. Según declaraciones del Director de Seguridad Vial, Erwin Cersósimo: “se han incrementado en forma considerable los accidentes. Tenemos en el 2012, 1.100 accidentes sin lesionados, y este año llevamos 1.400. Y con lesionados teníamos el año pasado 736 casos y en la actualidad llevamos 1.100 aproximadamente”.
En dichos siniestros han predominado mayormente los vehículos pequeños y las motos. Por otra parte, «si hacemos una geografía de los accidentes dentro del Gran Mendoza, los Departamentos que lideran son Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo», según propias palabras del Jefe de la Policía Vial de la Provincia, Comisario Munives.
Respecto de los fallecidos, las cifras no pueden ser tomadas con rigurosidad y exactitud, por cuanto las mismas son relevadas por la Policía Vial en base a los decesos en el lugar del hecho. Es decir, no se contemplan las que se producen en el hospital por ejemplo, luego del accidente vial propiamente dicho, pero como consecuencia del mismo.
Un dato no menor es el que aporta el especialista en la materia, Dr. Carlos Trad Fager, presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, quien considera que «la primera causa de muerte en las personas de entre 5 y 45 años en Mendoza son los siniestros viales. Después aparecen las otras patologías cardiovasculares, cánceres, entre otras».
Todo ello nos induce a pensar que también las personas que mueren o resultan heridas como consecuencia de accidentes viales deben considerarse como víctimas de la inseguridad. Inseguridad generada por individuos que no tienen por objetivo delinquir – si realmente nos ceñimos al concepto estricto de “accidental” -, pero que con sus hechos basados en el descuido, la negligencia, la impericia y la indolencia, generan daños tanto en los bienes, como en las personas.
Si sumamos la realidad de que se trata de hechos esencialmente evitables, la problemática se profundiza. Y allí es cuando los fríos números que arrojan las estadísticas, se manifiestan como familias fragmentadas por muertes, lesionados que no podrán regresar a vivir con normalidad, trabajadores que perderán sus fuentes de ingresos y/o que no podrán desempeñarse en sus labores con el mismo rendimiento, lo que en muchas ocasiones desencadena también otra serie de situaciones que complejizan aún más la cuestión y que suponen grandes erogaciones estatales en hospitales, en traslados, recurso humano abocado a estas tareas, así como la generación de causas judiciales para resolver las responsabilidades consabidas, entre otras.
El Estado tiene la obligación de promover la disminución de todos estos efectos. Las campañas de concientización, los controles viales fijos o móviles son parte de la gestión de la policía vial. Creemos que debe enfatizarse desde esta órbita el desarrollo de acciones a través de la estructura educativa formal, y también por las vías o canales informales, como los medios de comunicación.
Pero además existen otras medidas que pueden activarse a corto plazo y que son sumamente necesarias. El Estado debe vigorizar las condiciones de acceso a la licencia de conducir, obligando fundamentalmente a los noveles aspirantes a realizar un curso a través de institutos educativos en la temática (ya sean de carácter privado o bien a partir de la creación de los mismos en el ámbito estadual). No debe olvidarse que hablamos de una problemática que se ha complejizado con el aumento de la velocidad de los automóviles y motocicletas, el incremento creciente del parque automotor, la saturación de las calles y avenidas citadinas, y la desactualización y deterioro progresivo de la red vial provincial, otra materia a mejorar.
Sin embargo, las cifras y estadísticas – citadas por los mismos funcionarios de la provincia – desnudan una grave problemática: las políticas en materia de seguridad vial no se encuentran en la dirección correcta y el Ministerio de Seguridad no muestra la gestión suficiente para reducir tanto sus causas, como sus consecuencias personales y sociales.
En los últimos días las portadas de los diarios y los titulares de los medios electrónicos tomaron magnitud de catástrofe. Seguramente esto producirá que los funcionarios del área de seguridad pretendan, con acciones espasmódicas, reducir el nivel de ansiedad social que genera tamaña repercusión, mostrando una sobreactuación desmedida, que lejos está de construir un verdadero plan de gobierno.
Estamos convencidos de que toda Política de Estado – y especialmente en lo que nos atañe en esta ocasión, es decir, en materia de seguridad – no debe moverse de acuerdo al tamaño de las letras de molde de los medios de comunicación. Éstas deben ser permanentes, duraderas y sólidas, ya que en el ímpetu e inteligencia de la gestión es que veremos los resultados.
Lo que nunca debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, sobre todo quienes aspiramos a promover, diseñar y conquistar un estadio superior en materia de desarrollo ciudadano, en el entendimiento de que no podremos merecer una sociedad más justa y con mejores niveles de calidad de vida, si no resolvemos dificultades de base, como la que genera, en este caso, la inseguridad vial.
Dr. Sergio Bruni
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