Los gestores conceptuales de la política de Estado en seguridad de 1999 refutan al funcionario actual que niega que esa política haya alguna vez existido. Por Alejandro Cazabán, Juan Aguinaga y Sergio Bruni Abogados y dirigentes políticos

26/09/2006 | A partir de la profunda crisis institucional vivida durante los años 1997 y 1998, provocada por un aumento exponencial de los delitos y una institucional policial sin autoridad, en estado deliberativo, con altos grados de corrupción y siendo algunos de sus miembros protagonistas de crímenes y desaparición de personas, generando a su vez el cuarto levantamiento policial desde 1983, es que las principales fuerzas políticas de Mendoza, como en ningún otro lugar del país, fuimos capaces de enfrentar la crítica situación y en medio de un proceso electoral, fijar los conceptos, pautas y líneas acción de una política de seguridad pública, con las características propias de una Política de Estado, encarando su transformación.

En ese momento se definieron objetivos claros y concretos, poniendo en cabeza del Poder Ejecutivo la responsabilidad de la gestión y en la oposición la obligación de controlar y proponer iniciativas y medidas conducentes como así también criticar aquellos aspectos en los cuales no se coincidiera, dentro de un marco de debate constructivo, no especulativo y respetando aquellos conceptos referidos.

Entre otras cuestiones se definió que la problemática lejos estaba de circunscribirse a una cuestión estrictamente policial, sino que suponía que el poder civil, como jamás había ocurrido, asumiera el control y la conducción del sistema de seguridad provincial, incluyendo obviamente, a la Policía y el Servicio Penitenciario.

A ello, se agregó la necesidad imperiosa de contar con un sistema de control en manos de civiles, la conformación de los Consejos Departamentales de Seguridad, Foros Vecinales, como ámbitos de participación ciudadana activa, la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad, la conformación de la Inspección General de seguridad, la modificación del Código Procesal Penal, del Instituto de Seguridad Pública como experiencia inédita de compromiso de la Universidad con la sociedad mendocina y como espacio de capacitación y profesionalización del personal policial, planes de inversión presupuestaria en materia de equipamiento, reforma de las leyes en materia de recursos humanos, etc.

Se sancionaron numerosas leyes durante aquel año, días antes del acto electoral, dando una muestra clara de madurez y generosidad política, y abriendo una etapa de debate social y cultural que es necesario mantener y profundizar en forma permanente como modo de enfrentar el flagelo del delito y resolución de sus causas.

Entendemos, como protagonistas ocasionales de ese momento y siguiendo expresas instrucciones de nuestros respectivos Partidos, que aquel camino iniciado se fue profundizando a lo largo de los años, llegando incluso a detener el crecimiento exponencial del delito, aún en medio de la más grave crisis económica y social de la historia de nuestro país, como así también instrumentar muchas de las medidas consensuadas y las que fueron surgiendo del debate social.

Evidentemente que también existieron momentos de crisis que se pudieron superar, sin que ello signifique que algunos personajes pretendieran sacar provecho de ellas para intentar volver al pasado o proponer medidas demagógicas, efectistas.

En estos días, hemos escuchado la opinión de un funcionario del Consejo Asesor -su Presidente- manifestar que Mendoza nunca tuvo una Política de Estado.

En el contexto que estamos describiendo compartir esa opinión sería negar el esfuerzo de los diversos sectores políticos y sociales que realizaron una extraordinaria contribución para darle existencia por única vez en nuestra vida política e institucional a una Política de seguridad que tuvo altos niveles de consenso y que ha dejado una marca que no borrará las dificultades cotidianas.

Es cierto que en el tiempo transcurrido han existido marchas y contramarchas que implican un desdibujamiento de lo gestado en los inicios de la reforma del sistema de seguridad.

Pero ¿quién seriamente hoy discutiría que el delito es multicausal, que el abordaje de la seguridad debe realizarse desde una perspectiva integral y sistémica, que la seguridad no es solo una cuestión policial y que cuando analizamos el sistema policial la conclusión no es otra que debe profundizarse su profesionalización y capacitación en un ámbito académico y plural como en nuestro caso-por obra de la reforma- el Instituto Universitario de Seguridad Pública, que debe brindarse al integrante de las fuerzas policiales respuestas que hagan al mejoramiento de su situación salarial y social como la posibilidad del acceso a una vivienda propia- también producto de las leyes de la reforma se sancionó la ley 6899 que establece un cupo para la policía del 7 por ciento del total de viviendas que construye el I.P.V- o quién podría poner en duda que fue a partir de la reforma que se tomó conciencia que libertad y seguridad son valores complementarios en una sociedad democrática?

Claro está que mucho puede hacerse para retomar la fortaleza que aquella Política de Estado tuvo en sus inicios, tenemos la esperanza y la obligación de generar la discusión para enriquecerla y actualizarla frente a nuevos acontecimientos.

El desafío es continuar, cada uno desde su lugar y con espíritu democrático, aportando racionalmente nuevas ideas e instrumentos para mejorar la calidad de vida de los mendocinos. Repetir ideas o presentar como novedoso proyectos conocidos nunca será el mejor camino.

Todo ello sin perjuicio de las opiniones que puedan merecer las distintas gestiones que hemos tenido en la sensible área que nos ocupa..