Notas de Opinión, Prensa ; 1 julio, 2008 a 1:22 pm

“Queda prohibido fumar en cualquier espacio cerrado con acceso público, tanto en el ámbito público como en el privado, de la provincia de Mendoza” dispone la Ley “Antitabáquica”, cuyos controles y sanciones comenzaron a aplicarse durante el mes de mayo.

01/07/2008 | Ya no existen dudas sobre los riesgos del tabaquismo. Cáncer de boca o pulmón, enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son algunos de ellos.

Cada año mueren 40.000 argentinos debido a enfermedades directamente relacionadas con el mismo.

Según estadísticas, con 38% de fumadores en edad adulta, Mendoza es una de las que cuentan con mayor número de consumidores.

El daño provocado por el tabaco no es inmediato, tentando a los fumadores hacia un falso sentimiento de seguridad, lo que no debe distraernos de que estamos ante la principal causa de muerte prematura evitable en el mundo, responsable de 5.000.000 de muertes anuales, cifra que podría duplicarse en 2030, de no mediar acciones para contrarrestar la situación.

Como correlato de nuestra labor legislativa se dictó en la ciudad de Mendoza una ordenanza municipal que, con algunas excepciones, significaba un gran aporte en la temática.

Pero su ámbito de aplicación estaba restringido a la jurisdicción de dicho municipio, colocando en situación de desigualdad, principalmente, a los comerciantes de ese departamento.

Era necesario encarar una política provincial, integral y sin excepciones, en principio propiciando la inducción positiva, articulando los organismos estatales involucrados y concientizando a los mendocinos, para luego aplicar las sanciones correspondientes.

Así, surgió la norma 7.790, colocando a Mendoza entre las provincias argentinas ciento por ciento libres de humo de tabaco.

Es llamativo que, más allá de posturas encontradas al respecto, en cada discurso existe un denominador común: “el fumar es perjudicial para la salud”, demostrando por qué esta ley tiene una amplia aceptación social, tal como surge de una encuesta telefónica donde 97% de los entrevistados se expresa a favor.

Sobre el tema se han realizado análisis de los más variados. Según el Health Grade’s Calculator en 10 años, fumando un paquete por día, se acorta la vida en 1 año y 193 días.

Sin embargo según la American Cancer Society, comparado con un no fumador, quien tiene este hábito pierde entre 13 a 14 años de su vida.

En algunos países, como Canadá, los costos de los seguros de vida ya son diferenciales para fumadores (mayor) y no fumadores.

Pero estimar el impacto adverso del tabaquismo sólo en términos de salubridad resultaría en un análisis incompleto.

Para dimensionar el real alcance del problema, debe abordarse también desde una perspectiva económica, social y hasta cultural, teniendo en cuenta, además, a los damnificados pasivos.

El “Tobacco Public Policy Center”, organización creada en Ohio (EEUU) para la formulación de políticas legales y profesionales en la lucha contra el tabaco, afirma en términos económicos que cuando los empleados fuman menos, la productividad aumenta, evitando pérdidas millonarias.

En lo que respecta específicamente al sistema de salud es interesante el caso de EEUU, donde empresas tabacaleras ya han aceptado abonar indemnizaciones multimillonarias a varios Estados de ese país que habían accionado contra las mismas por el gasto en atención de la salud provocado por el consumo de cigarrillos.

En nuestro país, según el Ministerio de Salud de la Nación, los costos directos de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco (incluyendo el gasto de bolsillo y los efectos del tabaquismo pasivo) en todos los subsectores fue de $ 4.330.896.653, representando 15.56% del gasto total en salud, de acuerdo con un estudio publicado en 2005.

Cifra francamente superior a lo percibido por el Ministerio de Economía, en concepto del conjunto de impuestos (IVA, internos, adicional del cigarrillo y fondo especial al tabaco), que fue de $2.500.000.000 en el año 2003.

El problema es también cultural. El consumo generalizado entre los profesionales de la salud es similar a la población general, cuestión que, pese a parecer anecdótica, confirma la falta de conciencia sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco.

No es circunstancial tampoco que las campañas publicitarias de cigarrillos estén enfocadas hacia los jóvenes, adjudicándose más consumidores por mayor tiempo, dato preocupante si tenemos en cuenta que más de 70% de los fumadores comienzan a hacerlo antes de los 18 años.

En cuanto al tabaquismo pasivo, tenemos los niveles más elevados de exposición al humo de tabaco ajeno en América Latina. Los niños y las mujeres embarazadas también sufren sus consecuencias, con riesgos específicos en detrimento de su salud.

La perspectiva de análisis de los textos legales prohibitivos debe cambiarse, éstos se justifican en la medida de que el comportamiento vedado cause daño a terceros.

No se busca discriminar al fumador sino simplemente decirle dónde debe fumar para que no se convierta en un riesgo para la salud de aquellos que optan por no hacerlo, ya que el derecho propio encuentra su límite fundamental en la existencia y alcance del derecho ajeno.

Otorgando excepciones a ciertos locales, flexibilizando la norma, se provocarán efectos contrarios a su espíritu, desdibujándola y tornándola inútil.

Garantizar la salud de los mendocinos, es nuestro deber indelegable y con esta norma nos encaminamos a su cumplimiento..

URL http://www.losandes.com.ar/notas/2008/7/1/opinion-367124.asp

 

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