¿Mano dura o realismo?

El diputado provincial Sergio Bruni, titular del radicalismo mendocino, se refiere a la polémica ley que autoriza las requisas sin orden judicial.

31/03/2003 | La Legislatura sancionó una modificación al código procesal penal de la provincia que permite a la policía realizar requisas en las personas y en los vehículos y se restringieron los beneficios de las excarcelaciones judiciales como modo de neutralizar la percepción de que el que delinque “entra por una puerta y sale por la otra”.

Pusimos todo nuestro empeño en la aprobación de esta ley en el convencimiento de que, ante la escalada de la violencia y del delito se necesitan señales claras e inequívocas de que hay una decidida vocación de enfrentar este flagelo social, sumado a la convicción de que no viola ningún principio de nuestra Constitución.

Nadie podría afirmar, ni lo haremos nosotros, que esta ley por sí sola solucionará una problemática altamente compleja, sería de un simplismo y de un infantilismo evidentes, pero se dan a través de esta ley instrumentos y facultades a la Policía y a la Justicia que no pueden faltar en un momento como el actual.

La aprobación de esta ley es una señal inequívoca de que no tenemos intención que el delito nos detenga. Los argumentos en su contra desarrollados a partir de teorías muy interesantes y respetables para los foros académicos, no tienen sin embargo la imprescindible dosis de sentido común que es necesaria para actuar en el terreno y frente a la realidad. En la gestión pública, en el hacer cotidiano, necesitamos movernos con otros conceptos, de lo contrario, el delito gana cada vez más espacio a tal punto que nos va imponiendo las condiciones de vida, nos señala qué podemos hacer, qué lugares no se pueden transitar, qué espacios públicos ya no podemos disfrutar; nos impone horarios, nos modifica los hábitos y, en cierto modo, nos tiene prisioneros en nuestras propias ciudades.

Más aún, aunque esta ley no resuelva el problema del delito, es una señal clara de que a la hora de la verdad estamos al lado de los ciudadanos que están hartos de que en nombre de los postulados garantistas sienten, y no sin razón, que las garantías no son para ellos sino para los que constantemente los agreden cada vez con más violencia.

Se necesita un sistema más equilibrado

Hemos buscado con esta ley conformar un sistema más equilibrado porque mientras las fuerzas de seguridad tienen facultades restringidas los que delinquen pueden gozar de facultades especiales como las excarcelaciones múltiples. El año pasado cerca de 400 personas tuvieron más de 2 excarcelaciones y en varios casos más de 4; la pregunta surge sola: ¿no es un verdadero despropósito que ante la realidad que vivimos sucedan estas situaciones? Precisamente la ley sancionada lo que pretende, sencillamente, es poner freno a una excesiva permisividad que, en la práctica, se traduce en una especie de impunidad que algunos justifican desde teorizaciones muy elaboradas pero que al ciudadano común que sufre el delito le parece inadmisible y lo vivencia sintiéndose en situación de desamparo.

Se han levantado también voces desde el plano político, como las del ex ministro Cazaban que nos imputa que esta ley es propia de un estado totalitario policial. Parece olvidar que junto a su gobernador Lafalla anunciaron en mayo de 1999- sin el previo consenso de los partidos que integramos la política de Estado en materia de seguridad- leyes similares que contemplaban la posibilidad de las requisas y la restricción a las excarcelaciones como se ha hecho ahora, pero además propusieron que la policía pudiera hacer allanamientos domiciliarios ante el solo pedido fundado de un jefe policial. Nosotros no fuimos tan lejos, y lo que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura (sobre requisas y excarcelaciones) fue previamente acordado por los representantes tanto del partido oficial como del justicialismo y del Partido Demócrata, lo que invalida cualquier calificación de que ésta fue una iniciativa oportunista de nuestro gobierno. Aceptamos todas las críticas que desde diversos sectores, como el colegio de abogados se han formulado, aunque no las compartamos tienen un grado de coherencia, pero en otros casos -como el del ex ministro- sería esperable apreciaciones más reflexivas.

Debe recuperarse la confianza en la institución policial

Es cierto, por otra parte, que le estamos dando a nuestros policías una señal de confianza. No podemos seguir condenándolos para todos los tiempos por los atropellos que cometieron en otros tiempos. En esos “otros tiempos” hubo también funcionarios civiles que no cumplieron con su deber y tenían responsabilidad sobre la policía permitiendo sus excesos en épocas democráticas.

Recordando años más alejados, hubieron funcionarios, hoy políticos, que no respetaron en lo más mínimo a nuestra constitución o juraban por las actas del proceso. Hubo en otros tiempos una Justicia que no hacía lugar a los hábeas corpus o un Colegio de Abogados que nada decía al respecto, y en general una sociedad indiferente o complaciente a muchísimos excesos. Todos tenemos alguna cuota de responsabilidad, incluso quienes formábamos parte de ONGs vinculadas a la defensa de los derechos humanos y que hoy seguimos defendiendo el derecho a la vida y repudiando la violencia con el mismo convencimiento, tampoco estamos exentos de las culpas generalizadas de la sociedad. Pero resulta que nuestras fuerzas policiales siguen cargando con las sospechas por los errores de un pasado que nadie olvida, pero tampoco se puede dejar de contemplar que en el último año del gobierno anterior comenzó un proceso de profundos cambios que hemos continuado. En estos años no ha habido desaparecidos ni torturas o apremios ilegales y cuando algún policía se apartó de la ley se lo sancionó de un modo implacable, que es lo que corresponde porque le entregamos el monopolio de la fuerza pública. Seguir, en consecuencia, sospechando sólo de la institución policial, nos parece francamente una arbitrariedad que tenemos la obligación de reparar. Si no se reconstituye el vínculo entre el ciudadano y la policía será muy difícil articular una buena política de seguridad.

La importancia de desideologizar la lucha contra el delito

No puede negarse, por otra parte, que esta ley desató un debate con un fuerte contenido ideológico que no hemos soslayado, pero que hoy y ahora nos parece absolutamente inconducente, porque mientras garantistas o efectistas discuten cómodamente, el delito no se detiene. Ese debate hay que superarlo, es estéril. Miremos la realidad, hagamos lo que debemos hacer en cada momento determinado. Observemos si no, al presidente Lula, quien proviniendo de una izquierda definida no dudó en recurrir a lo que creía que tenía que recurrir para enfrentar al delito en las calles de Río de Janeiro.

Como se ha hecho en el Brasil, actuemos con la mayor dosis de realismo, no hay otro modo de entender y tratar de detener un fenómeno como el del delito, tan complejo, cruento, doloroso y que nos involucra a todos.

Por Sergio Bruni

Presidente de la UCR de Mendoza.