Notas de Opinión, Prensa ; 7 marzo, 2006 a 1:15 pm

La semana pasada, desde estas mismas páginas, el senador radical Sergio Bruni calificó de “dictadura” al gobierno de Kirchner. Ahora, un legislador peronista le contesta.

07/03/2006 | Sorprende el virulento ataque del presidente del bloque de Senadores de la UCR provincial, Sergio Bruni, a la supuesta irrupción de la “dictadura K”. Sorprende que alguien que viene de la democracia compare tan livianamente el gobierno del presidente Kirchner con la dictadura militar y la pregunta surge inevitable: ¿Dónde estaba este muchacho en la época del Proceso?

Demonizar la palabra “hegemonía” es desconocer los procesos de acuerdos que permitieron poner en marcha los modelos de países que hoy admiramos (Unión Europea, EEUU, Chile, etc.).

Con irresponsabilidad sostiene que el Gobierno puede manipular el Consejo de la Magistratura, ignorando que los representantes del sector político en su conjunto (7) jamás votaron históricamente en bloque, como sí lo ha hecho el resto de sus integrantes (magistrados, académicos y abogados), que la oposición está representada de la misma manera que en la Honorable Cámara de Senadores y que en la propuesta el “oficialismo” está representado por 5 integrantes sobre 13 y de ninguna manera cuenta con el número suficiente para imponer decisión alguna.

Maneja terminología ambigua ya que la legitimidad del gobierno nacional y su accionar, ajustado a derecho, no admite dudas ni críticas. Quizás sí, den lugar a ellas, las originadas por sectores, partidos y personas acostumbrados a gobiernos sin timón ni capitán (De la Rúa mediante).

Surgen varios interrogantes a lo expresado por el legislador:

1. ¿Se afecta a la división de poderes o se la perfecciona? Cabe, nada más, hacer un sondeo entre los profesionales del derecho que en la intimidad confiesan que tal como estaban las cosas, el Consejo de la Magistratura requería un cambio urgente. El Poder Ejecutivo impulsó la modificación de este instituto a fin de agilizar el funcionamiento del Estado, no para avasallar sino para colaborar y armonizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y por ende fortalecer la democracia.

2. ¿Desconoce la realidad este representante del pueblo? El Poder Ejecutivo apuesta con esta reforma a renovar los créditos de la sociedad hacia el Poder Judicial, que aparece como lento y burocrático. ¿Desconoce el senador que según el informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, sólo el 69,7% de la población argentina “siempre o casi siempre logra hacer valer sus derechos”? Siendo extremadamente bajo el porcentaje que logra hacer valer sus derechos entre los grupos excluidos como los indígenas (9,1%), los pobres (7,9%) o los inmigrantes (21,4%).

Entonces ¿No es momento de revisión? ¿No son suficientes las luces de alerta en reclamo de celeridad e idoneidad en la resolución de conflictos? Parafraseando al entonces presidente Clinton: ¡Es afianzar la Justicia, estúpido!

3. ¿Por qué se opone entonces tan dogmáticamente a la reforma, sin analizarla ni medir la conveniencia del orden público? A diferencia de lo ocurrido en la Provincia de Mendoza en ocasión de la enmienda del Art. 151º de la CP, cuando desde la oposición brindamos al Ejecutivo la herramienta de reforma, comprobamos que en la Nación no existe la misma actitud y sólo se busca obstaculizar.

Es sabido que el Instituto del Consejo de la Magistratura en la Reforma del ’94, se incluyó a último momento por iniciativa de la UCR, en el “núcleo de coincidencias básicas”. Por lo tanto, se limitó al constituyente a la aprobación o desaprobación total del instituto, con lo que éste se creó sin un debate profundo.

Conclusión

Este gobierno nacional ha dado claras muestras de respeto a la independencia de poderes y de búsqueda de trasparencia, autolimitándose en sus propias facultades constitucionales en el proceso de selección de nuevos miembros de la Suprema Corte, como así también en la selección de jueces federales con la firma de los decretos 222/2003 y 588/2003.

La nueva composición del Consejo de la Magistratura asegura el equilibrio entre los poderes electivos y los poderes corporativos o fácticos, que no significa igualdad de representación entre las partes, ya que como hemos dicho hasta ahora -en el corto tiempo de actuación que lleva el Consejo- el sector político no ha votado nunca corporativamente, como sí lo han hecho el resto de sus integrantes.

Como de verdad no creo posible que un senador de la Provincia sostenga que una reforma impuesta por una Ley del Congreso de la Nación pueda ser violatoria de la Constitución y por ende ni siquiera asemejarse a una dictadura -aun cuando “alegue en su defensa su propia torpeza” al reconocer la incapacidad de la UCR para conducir a la totalidad de sus diputados nacionales- creo que las verdaderas motivaciones de este legislador deberían buscarse en la creciente necesidad que venimos observando recientemente en muchos dirigentes radicales, para distanciarse del gobernador Cobos y congraciarse con su jefe dilecto Roberto Iglesias (“…los enemigos de tu amigo son tus propios enemigos…”).

Idéntica actitud hemos observado en la Legislatura en ocasión de debatir el financiamiento de la línea eléctrica Comahue-Cuyo.

En fin… “Cosas veredes Sancho…”.

Los dichos del senador Bruni sólo hacen confirmar el postulado del Teorema del doctor Baglini: “La responsabilidad de los dirigentes políticos en su accionar es inversamente proporcional a la cercanía con el poder”.

¿Sería idéntico su pensamiento si el ingeniero Iglesias gobernara la Provincia?

Por último, quiero decirle al pituco senador del oficialismo: ¡léalo bien a Perón! Sus palabras fueron: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Quizás ahí radique su verdadera confusión.

.

URL http://www.losandes.com.ar/notas/2006/3/7/opinion-186219.asp

 

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