Actualmente, su tarea se reduce a un cúmulo de gestos aislados, independientes de un proyecto integral de seguridad, simplificado en un exagerado voluntarismo ante cada acto de violencia extrema pero incapaz de establecer pautas claras en materia preventiva.

Todo ello no es más que un correlato de la carencia de capacitación permanente de su personal, de la titubeante adopción de herramientas tecnológicas suficientes, de la falta de incorporación de acciones decididas sobre el narcotráfico, las pandillas urbanas y bandas armadas, del delito cibernético, de la falta de medidas que otorguen mayor relevancia a Inteligencia Criminal, de avances y retrocesos en la seguridad vial, principalmente en sus modelos de abordaje y anticipación ante la siniestralidad, mortalidad y morbilidad por esta causa.

¿El denominador común? La inhabilidad para gestionar una Fuerza que requiere una especial vocación de servicio. Además de un plan integral, con el necesario acompañamiento social y político, ésta requiere de liderazgo como condición determinante. Pero no se trata sólo de comprenderla como premisa de éxito. Una institución cuya estructura jerárquica es esencialmente vertical demanda que quien la conduzca posea características que hagan creíble esa condición. Pese a los intentos para dar aire fresco a una gestión anquilosada, no puede advertirse un cambio de rumbo y, peor aún, ni siquiera visualizarlo.

Mientras tanto, la ausencia de aquellas condiciones y las consecuencias que ello trae aparejado, repercuten directamente en la seguridad mendocina. Así, el tremendo accidente de tránsito ocurrido el 7 de febrero pasado cuando un camión – que circulaba a altísima velocidad y a contramano por la Ruta 7 – chocó de frente con un colectivo que viajaba desde Córdoba hacia nuestra Ciudad, enlutó al país. El incendio casi inmediato de ambos vehículos dejó como saldo un gran número de heridos y víctimas fatales.

Sobre la determinación de responsabilidades en el hecho, surgen gran cantidad de interrogantes… ¿Qué pensarán los miembros de la Fuerza de Seguridad provincial sobre las declaraciones del Director Gral. de Policías manifestando que  “de la única forma que se podría haber frenado el camión es hacerle revenar las cubiertas con miguelitos, que no tenemos”? ¿Admitir la propia torpeza es la única respuesta que, intentando mitigar responsabilidades, elige quien tiene en sus manos la seguridad de los mendocinos? ¿Sólo brinda esa única respuesta, la que además ni siquiera ha adquirido pues no advirtió su necesidad? (recordemos que Juan Carlos Caleri es un funcionario con poder de decisión en el seno del Ministerio de Seguridad).

Si bien se destaca que la principal falla fue preventiva y logística, especialistas mencionan otros mecanismos: las llamadas “cintas de detención” (que producirían un corte más parejo en las gomas y su paulatina detención), o la necesidad de despejar siempre la ruta para evitar otras complicaciones, colocar patrulleros a los lados del vehículo en cuestión e ir forzando su detención, y hasta la utilización de medios tecnológicos experimentales de avanzada.

Existían otras alternativas pero ni siquiera se analizaron, por el contrario, reinó la inacción. Entonces, ¿cómo podemos calificar su liderazgo? ¿No es este un “estilo” repetido en la conducción del Ministerio?

¿Y dónde se encuentra el Director de Seguridad Vial? Desde ese viernes trágico no hemos tenido su palabra. Escuchamos que se buscan responsabilidades penales (hay un camionero fallecido, autor del hecho) y administrativas (efectivos policiales que ignoraron las denuncias), pero ¿quién asume las responsabilidades políticas?

En definitiva, y como se ha manifestado por estos días, ¿puede considerarse como “accidente” algo que hubiera sido perfectamente evitable? A partir de ahora el Gobierno deberá preguntarse no sólo cómo sucedió aquel siniestro, sino también qué circunstancias preventivas fallaron y qué medidas deberán tomarse para evitar que vuelva a suceder.

Hay iniciativas – algunas concretadas o en vías de concreción – que promueven criterios unificados, evitando la gran fragmentación administrativa y los criterios operativos dispares que atentan contra la prevención de la siniestralidad vial. Las mismas deben atenderse con pautas concretas y homogéneas para combatir la conducción en condiciones de intoxicación alcohólica, un mayor y más eficiente control de los límites de velocidad, con licencias de conducir únicas, poniendo definitivamente en marcha el difundido “scoring” o puntaje y una base de datos unificada que facilite su intercambio inmediato, sumado a las campañas de concientización, educación formal y no formal, y a todas las adecuaciones legislativas que deban efectuarse, con los necesarios intercambios de experiencia en la materia y un fuerte compromiso social.

La seguridad debe ocupar nuevamente un lugar prioritario en la agenda pública. Si la negligencia y la desidia cooptan la Fuerza de Seguridad, el porvenir es preocupante.  Para sortear su apatía y burocracia, requiere de una formación basada en la vocación de servicio, en los mensajes claros, en el ejemplo de los cuadros superiores y en el ejercicio constante del liderazgo organizacional y emocional. La Policía de Mendoza lo necesita y, hasta el momento, no se lo han procurado.

Sergio Bruni, abogado, ex legislador provincial

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