Leyes 6721 (1999) y 6722 (1999): estas normas significaron una profunda reforma en el servicio público de seguridad de Mendoza. La primera norma sienta las bases jurídicas, políticas e institucionales del Sistema Provincial de Seguridad Pública junto con pautas para su organización y funcionamiento. La segunda organiza el Régimen Policial en Mendoza. Ambas leyes han sido reformadas en numerosas oportunidades.

Ley 6.970 (2002): la Ley de Educación Pública Provincial que establece las normas de organización y funcionamiento del sistema educativo mendocino. Tiene diferentes modificaciones parciales y se ha intentado una reforma integral que aún no se logra, incluso en septiembre de 2009 se sancionó la Ley 8.099 para crear una Comisión Bicameral de Educación que elaborase un anteproyecto con las adecuaciones necesarias de esta norma, sobre todo en función de la nueva normativa nacional al respecto. A finales de 2014 se logró, luego un largo debate, la media sanción de Diputados, proyecto que no corrió la misma suerte en el Senado mendocino, quien la archivó en 2015.

Ley 8.619 (2013): establece las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O) en la provincia. Esta norma ha tenido diversas modificaciones como las dispuestas por las leyes 8.787, 8.967 y 9.100 (esta última incorporando la Paridad de Género).

Ley 8.869 (2016): sobre prisión preventiva, dando lineamientos claros a jueces y fiscales para privar a un delincuente de su libertad hasta el juicio, en hechos y situaciones que antes eran dudosos, tipifica las razones por las que es factible dictarla y coloca plazos perentorios a cada uno de los pasos de esta etapa.

Ley 8.971 (2017): modifica el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley  8.465) por el cual se convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal, promueve que las personas privadas de la libertad trabajen y se capaciten, con el fin de disminuir los índices de reiterancia y reincidencia.

Ley 8.990 (2017): Crea la Oficina de Conciliación Laboral en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, para dirimir con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, todo conflicto de derecho en los que versen reclamos individuales y pluriindividuales de competencia de la justicia laboral provincial.

Ley 8993 (2017): la Ley de Ética Pública de la Provincia contiene normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares. Para ello establece un régimen de declaraciones juradas patrimoniales, crea la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (órgano técnico e independiente con autonomía funcional, financiera y presupuestaria) y dispone pautas de acceso a la información por la ciudadanía.

Ley 9.001 (2017): el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, comenzó a aplicarse desde el 1/2/18, convirtiendo a Mendoza en la primera provincia en aggiornar su código de forma al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Requirió un fuerte cambio cultural pues hace fuerte hincapié en la oralidad, celeridad, concentración e impulso compartido.

Ley 9.003 (2017): Ley de Procedimiento Administrativo para toda la actividad administrativa estatal y la que por atribución legal desarrollen sujetos no estatales. Establece los principios pro homine, de juridicidad, de debido proceso adjetivo, de plazos razonables, informalismo a favor del administrado y de buena administración, entre otros. También prevé la incorporación paulatina de nuevas tecnologías a los procedimientos y simplifica el proceso recursivo.

Ley 9.040 (2017): creó el Fuero Penal Colegiado con el que se implementaron audiencias multipropósitos, la audiencia preliminar para fijar los temas que se discutirán en el debate, los plazos perentorios para realizar los actos procesales, entre otras cosas (se resolvieron causas complejas en causas en muy breves plazos). Es la mayor modificación en la materia desde el regreso de la Democracia, con la que se revolucionó el proceso penal (con grandes resultados en el primer año de aplicación).

Ley 9.106 (2018): el Juicio por Jurados promueve la participación ciudadana en la administración de justicia a través de la implementación de jurados populares (12 miembros elegidos por sorteo público) para juzgar los delitos de homicidio agravado (Art. 80 del Código Penal de la Nación).

Ley 9.120 (2018): el Código Procesal de Familia busca lograr un abordaje y soluciones integrales a las problemáticas de familia, violencia familiar y de las personas menores de edad, principalmente aggiornando lo dispuesto en la histórica Ley 6.354 con más de 20 años de vigencia y adecuándose a la nueva legislación civil de fondo y de forma vigentes, poniendo acento en la oralidad, inmediación y celeridad (regula el proceso ordinario y los distintos procesos especiales como también las medidas específicas de protección, con disposiciones relativas a la adopción, violencia familiar, divorcios, entre otras).

Ley 9.148 (2019): en marzo el Senado provincial ratificó un nuevo Consenso Fiscal, el que nuestra provincia firmó en setiembre de 2018 tras el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (Decreto 2283/18). Ya el 13 de febrero de 2018, la Legislatura había aprobado un pacto fiscal que había firmado Mendoza (como la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales del país) con la Nación en noviembre de 2017, se trató de la Ley 9.045 que ratificó el Decreto 2481/17.

Ley 9.185 (2019): Se modificó la Ley de Seguridad de Tránsito (Ley 9.024) y el Código Contravencional (Ley 9.099) para agravar las multas y sanciones para quienes conduzcan alcoholizados (quienes conduzcan con un nivel de alcohol en sangre de entre 0,5 y 0,99 gramos, serán sancionados con una inhabilitación para conducir vehículos que va de 1 a 6 meses, además de una multa que puede llegar a los $72.000).