La protección del medio ambiente ha sido relegada históricamente en las agendas políticas de diferentes gobiernos, con un correlato sostenido en el tiempo radicado en el aspecto presupuestario, otorgándole magras partidas que imposibilitaban prácticamente por completo cualquier acción en este sentido.

Paulatinamente y en forma directamente proporcional al agravamiento de esta problemática, los Estados comenzaron a impulsar medidas que buscaban dar solución a esta compleja situación, vislumbrando que no sólo se trataba de una cuestión de financiamiento e inversión, sino que además debían promoverse cambios estructurales y principalmente culturales.

El cambio no es para nada sencillo, y en el caso planteado implica la necesidad de realizar una fuerte tarea de concientización: educar a la ciudadanía en distintas prácticas relacionadas con esta temática, me refiero a la necesidad de establecer desde el Estado un compendio de “buenas prácticas ambientales”, que disponga procedimientos básicos a cumplimentar por los establecimientos privados, pero comenzando por los tres poderes estatales, donde debe actuarse con carácter ejemplificador e informativo al resto de la sociedad, empezando con una racional utilización de los materiales de cada oficina, así como del consumo eléctrico, de agua potable, entre otras.

Un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, es un conjunto de acciones tendientes a modificar hábitos con el objetivo de utilizar eficiente y racionalmente la energía y en general todos los recursos, así como la reutilización y hasta el reciclado de los distintos materiales, partiendo de una problemática compleja y multicausal.

Para comprender de mejor manera nuestro concepto, tenemos que entender que el consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una oficina por ejemplo. Estableciendo una serie de prácticas se puede producir hasta un 50% de ahorro. Por otra parte, merece especial atención el hecho de que la producción de papel, tiene consecuencias muy negativas para el medio ambiente, debido al consumo de recursos naturales como árboles, agua y energía, y a la contaminación causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que generan residuos organoclorados ecotóxicos y bioacumulables. Existe en el mercado una gran diversidad de papel cuyos impactos varían según la procedencia de la pasta de papel y el proceso del blanqueado.

La decisión de redactar un Manual de Buenas Prácticas ambientales, se sustenta en los siguientes objetivos principales y generales:

1) Aprovechar los conocimientos que poseemos

2) Contar con un manual construido con el acuerdo de todos (que nos permita ir de actos sencillos a mas complejos), lo que tiene el valor agregado de mostrar “cómo hacerlo”, convirtiéndose en una herramienta de ayuda a otras instituciones que quieran sumarse a esta iniciativa.

Existen, en todo el mundo, numerosos Manuales de Buenas Prácticas para distintas ramas de actividades, ya que si bien el concepto “buenas prácticas” es en general aplicable para todas aquellas acciones que hacen a la optimización de los procesos de producción de bienes y servicios, por extensión, es aplicable a cualquier actividad antrópica sujeta a procesos de variabilidad.

De todas estas experiencias podemos tomar algunos ejemplos, donde la aplicación de buenas prácticas se vincule principalmente al ambiente, que es el bien jurídico que debemos proteger.

Para ello y como puntapié inicial, creemos que el Estado debe primero generar su propio manual de prácticas ambientales y cumplirlo con eficacia y eficiencia, para luego sí generar manuales específicos para las actividades económicas que se desarrollen en la provincia (turismo, industria, comercio, educación, deportes, etc), así como para destinar al uso en forma cotidiana en los hogares mendocinos.

Asimismo se debe establecer un órgano de aplicación que sea responsable de reglamentar una eventual norma que lo enmarque y desarrollar todas las acciones pertinentes para que el Estado y sus agentes conozcan y, sobre todo, apliquen el contenido del Manual.

Existen distintos antecedentes en el país, entre ellos podemos citar: el Manual elaborado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) de la Provincia de Corrientes que a su vez posee sus fuentes en textos análogos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y, en el ámbito internacional, de la Universidad y Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Barcelona y el Área de Gobierno del Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de Madrid (España).

Las “buenas prácticas” no solo generarán un impacto positivo en el medio ambiente sino también en la economía, gracias al ahorro de materiales y recursos. Además y como consecuencia lógica, estas acciones pueden trasladarse a la vida diaria, no sólo de los agentes estatales, sino también de todos los mendocinos, produciendo un efecto multiplicador beneficioso para la sociedad en su conjunto.

Bastante general es la idea de que las pequeñas acciones de la vida cotidiana no se perciban significativas en cuanto al efecto que causan en el medio ambiente. Queremos dejar claro, y todos debemos ser absolutamente concientes de ello, que tanto las buenas como las malas prácticas repercuten directamente en la situación actual de nuestro Ambiente, modificándolo en uno u otro sentido.

Un Estado que posea visión estratégica y a largo plazo, no puede mantenerse indiferente a este planteo, por el contrario debe encarar esta situación desarrollando acciones concretas para lograr los objetivos expresados. Una política en concordancia con lo que proclamamos fortalece y facilita la instalación de las iniciativas que queramos encarar, destinada fundamentalmente a generar una conducta responsable respecto al medio ambiente.

En definitiva, como politica de Estado, el objetivo principal es promover la solución de los reclamos de las generaciones presentes, sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades.

Sergio Bruni

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