No es novedoso, aunque sí necesario, recordar que en nuestra estructura jurídico-política no existe sistema federal de gobierno que se pueda basar en una distribución unitaria de los recursos impositivos del Estado. Es decir: no existe federalismo con Estados Provinciales pobres, y, al ser esto un denominador común en todos sus órdenes, menos aún con Municipios pobres.

En el período 1985/2008, los municipios argentinos han experimentado un importante desarrollo en términos de responsabilidades asumidas, siendo su principal objetivo fortalecer dichas autonomías locales. Existen perspectivas de que en el próximo quinquenio este proceso no sólo continúe, sino que tienda a acelerarse y profundizarse, cuantitativa y cualitativamente.
Con la Reforma Constitucional de 1.994 nuestra norma fundamental nos impone que debe asegurarse el régimen municipal pero también su autonomía, determinando así el punto de partida hacia una precisión de importancia sobre el rol del municipio, el que como consecuencia de dicho principio debe considerarse responsable directo en la prestación de ciertos servicios públicos.

Es así que la autonomía se plantea como una cuestión de absoluta relevancia, pues en función de la misma se opera una relación directamente proporcional: a mayor autonomía municipal, mayores atribuciones poseerán las comunas, y por lo tanto mayor será la exigencia social ante la necesidad de satisfacción de sus pretensiones.

La realidad social e institucional mendocina exige la descentralización de ciertas problemáticas en los municipios, pues son estos quienes están en las mejores condiciones para apreciar cabalmente las necesidades locales. Para ello se requieren nuevos paradigmas que iluminen los mecanismos de asignación de recursos públicos para la ejecución de las políticas tendientes a satisfacerlas.

Pero concretamente: ¿Por qué es necesaria una reforma? Tomemos el caso de la Ciudad de Mendoza. En el año 1.996, el Gobierno de Arturo Lafalla, la despojó de parte de sus derechos coparticipables sancionando una nueva Ley Provincial de Coparticipación, la N° 6.396 que reemplazó a la N° 5.379, estableciendo el régimen de distribución a los Municipios de Mendoza.

Como consecuencia de ello la  Municipalidad aludida ha perdido participación en la distribución total,  que se calcula aproximadamente en $100.000.000, y que se origina en diversas causas:

• La eliminación de los coeficientes de eficiencia de la gestión, como aquellos que mantienen la relación entre planta de personal y población, eficiencia en la recaudación de los recursos propios, la inversión pública a través de la redistribución del ingreso anteponiendo inversión de capital ante el gasto corriente.

• La eliminación de la distribución por coeficiente devolutivo (en base a la facturación) del impuesto inmobiliario.

• La reducción de la distribución por coeficiente devolutivo del impuesto automotor en un 20% (ahora por índice general).

• La eliminación del 50% de la distribución de regalías por índice general, para todos los municipios, independientemente de su carácter de productor o no.

• La creación del Fondo Compensador que al resultar en un monto fijo, se aísla de los aumentos de la masa total, en su evolución lógica.

Debe tenerse presente que el Municipio capitalino aporta el 20,7% de la producción total de la Provincia, ocupando la primera posición relativa de participación del PGB pero, paradójicamente, recibe sólo el 7,7% de los fondos coparticipables ocupando la sexta posición de esa distribución y la octava con respecto a los ingresos per capita.

Reconocer que la Ciudad de Mendoza debe ser debidamente resarcida en la suma que percibe por este concepto, resulta justo, no sólo por lo expresado, sino porque esos fondos son imprescindibles para atender las crecientes necesidades de este Departamento: anfitrión de más de 350.000 personas y 100.000 vehículos diarios; hogar de día de miles de mendocinos vecinos de otras Comunas que en él realizan sus actividades educativas, comerciales, económicas y laborales; puerta turística de Mendoza en el contexto nacional e internacional, en fin, la Capital Provincial y como tal, su cara visible.

En lo que a inversiones se refiere, merecen mención la que efectúa el Municipio en el desarrollo social de miles de mendocinos provenientes de toda la provincia que han asentado sus hogares en el Oeste Capitalino, a los que se les ofrece distintos programas de salud y asistencia social; o aquella dispuesta a la modernización de su zona comercial céntrica, al asfaltado de sus principales calles y avenidas, o la construcción del Parque Central, que si bien está situado en la Capital, ya está posicionado como un verdadero pulmón verde elegido y aprovechado por miles de mendocinos. Es decir, estamos hablando de una fortísima inversión traducida en millones de pesos destinados a mejorar nuestra Ciudad.

No sólo abogamos por la revisión y modificación integral de la Constitución Provincial, y sobre todo lo referido al capítulo municipal y su autonomía en consonancia con lo que a nivel nacional ya no merece mayores discusiones, sobre todo desde el año 1994, sino que proponemos que se ponga fin a este sistema injusto y paternalista que por años ha prevalecido en la distribución de recursos y que es consecuencia del centralismo político-financiero que ha caracterizado a nuestro sistema de coparticipación provincial.

La estructura política institucional de la Provincia en pleno, debe aunar esfuerzos para lograr la materialización de la autonomía departamental y comunal, mediante acciones reales que eviten que esta quede en un mero postulado dogmático, vacío de contenido concreto. Desde la Legislatura, estamos impulsando varios proyectos en este sentido, ejemplo de ello es aquel por el cuál se busco respaldar la facultad de los municipios en el otorgamiento de licencias para la prestación de ciertos servicios de transporte público (Expte 54.711), o aquel que pretende incrementar los importes que llegan a los Departamentos por la instalación de salas de juego y entretenimiento, tales como casinos, bingos, hipódromos, en sus respectivas jurisdicciones (Expte. 56.170), o el sistema de mediación comunitaria para lograr el avenimiento de los conflictos vecinales (Expte 53.224), entre otros.

Pero para que estas iniciativas puedan efectivizarse se deben revisar los mecanismos de distribución de participaciones a los municipios, sustituyendo los criterios que actualmente se encuentran contemplados en la Ley de manera que las comunas sean parte activa en el proceso de formación de sus respectivas Leyes de Ingresos. Son ellas quienes conocen de primera mano  las características económicas, políticas y  culturales de la región, lo que es indispensable para poder señalar los medios susceptibles de utilizarse para satisfacer los gastos públicos, es decir, las necesidades colectivas de los vecinos.

En definitiva, si queremos mejorar la prestación de los servicios municipales en general, y la calidad de vida de los mendocinos, se debe dictar una nueva ley de coparticipación, mejor y mas justa que la que se encuentra en vigencia en la actualidad, en el marco de una reforma constitucional que, en la provincia, plasme la autonomía plena de los municipios.

El gobierno provincial debe rediscutir y redefinir con los municipios, por consenso y en forma democrática, la distribución de  los tributos nacionales y provinciales coparticipables en favor de los mismos, privilegiando un esquema de mayor coparticipación a las comunas, garantizando una verdadera autonomía, pues  nuestras finanzas así lo requieren. Es inevitable transitar este camino para el serio y sostenido desarrollo de nuestras comunidades. El pensamiento de Alexis de Tocqueville, de hace mas de un siglo, tiene más vigencia que nunca: “Sin municipios fuertes no puede construirse una verdadera Nación”

Cont. DARIO GONZALEZ                                           Dr. SERGIO BRUNI
CONCEJAL-CAPITAL                                                 SENADOR-CAPITAL